La nómina de las pensiones de los antiguos funcionarios correspondiente al mes de julio fue de 1.769,51 millones de euros, un 58,37% superior a la del mismo mes del año 2019. Se trata del dinero que el ministerio de Seguridad Social destinó para el pago de la pensión por Clases Pasivas de la que se beneficiaron 740.102 funcionarios en el séptimo mes del año.
El aumento de esta nómina en más de un 58% en siete años se debe al aumento de las jubilaciones de la generación más sénior dentro de la Administración. Y es que, desde julio del año 2019, los pensionistas de claves pasivas han crecido un 14,4%, pasando de 646.819 beneficiarios a 740.102.
Además, este incremento en el gasto de las pensiones de los antiguos funcionarios también se debe a la revalorización de las pensiones, que de manera anual incrementan la nómina del gasto que destina el Estado en esta materia.
La nómina distribuida por cuerpos
La mayor parte de la nómina de julio corresponde a los jubilados civiles de legislación nueva (1 de enero de 1985), cuyo importe asciende a 1.323,95 millones, lo que representa aproximadamente el 74,80 % del total abonado.
En segundo lugar se encuentran los retirados militares de legislación nueva, con 249,59 millones de euros, equivalentes al 14,09 % del total. Les siguen los familiares civiles de legislación nueva, con 101,79 millones de euros (5,71 %), y los familiares de militares de legislación nueva, con 64,84 millones (3,62 %).

Las pensiones correspondientes a beneficiarios de legislación antigua, (anterior al 1 de enero de 1985), cuentan con importes inferiores. Entre ellas destacan las destinadas a familiares de militares, con 15,90 millones, y a familiares civiles, con 7,35 millones.
En extinción desde el año 2011
Este alza se da en un momento en el que el sistema de Clases Pasivas se encuentra en extinción. Y es que, desde 2011, los funcionarios dejaron de cotizar por este sistemas y los trabajadores públicos de nuevo ingreso se vieron obligadoa a cotizar por el Régimen General de la Seguridad Social. A pesar de que desde hace 15 años no entren nuevos cotizantes a este sistema, todavía hay un gran número de funcionarios que comenzaron aportando a las Clases Pasivas (la generación baby boom), lo que hace las nóminas derivadas de este sistema se encuentre en aumento desde hace varios años.
Anteriormente, en este sistema se incluía a funcionarios de la Administración Civil del Estado (AGE), policías nacionales, militares de carrera permanentes y no permanentes, guardias civiles, Administración de Justicia, docentes, Cortes Generales, de Órganos constitucionales o estatales y Registradores de la Propiedad anteriores a 2015. Además de a los militares de carrera, también incluye a los de las Escalas de complemento, de tropa y marinería profesional y los Caballeros Cadetes, Alumnos y Aspirantes de las Escuelas y Academias Militares, así como a expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno.
Nómina comparada con el año anterior
El gasto en pensiones de los antiguos funcionarios del que ascendió a 1.769,85 millones de euros en el mes de julio supone un aumento de 98,26 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,9% más interanual.
De la misma manera, el número de pensionistas beneficiarios de este sistema fue de 740.102 personas, que son 14.986 más que en el mismo mes del año anterior (lo que supone un incremento del 2,1% interanual).
El peso sobre el PIB en los próximos años
El crecimiento de la economía ha provocado que durante muchos años, el peso de las pensiones de estos trabajadores públicos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se haya reducido. Por ejemplo, entre el año 2022 y el año 2025 ha pasado de situarse en el 1,4% del PIB al 0,28%, según el informe Proyecciones del gasto público en pensiones en España que elaboró el ministerio de Seguridad Social en el año 2023.
De hecho, la cantidad desembolsada a mes de julio de 1.769,51 millones de euros representa aproximadamente el 0,201% del PIB acumulado por el país en lo seis primeros meses del año.
Si bien es cierto, la información de la cartera que lidera Elma Saiz señala que el peso de estas pensiones sobre el total de la economía caerá en los próximos años, de manera progresiva, a medida que las generaciones de los baby boom en las administraciones públicas se vayan produciendo. Así, desde Seguridad Social se espera que para el año 2030 el gasto sobre el PIB sea del 1,18%, en 2040 del 1%, en 2050 del 0,79%, 2060 del 0,61% y ya en 2070 sea del 0,38%.
Así, hasta que este sistema termine por desaparecer, que será entre los años 2070 y 2080, cuando los beneficiarios y sus familiares hayan fallecido.

