Más de mil vídeos de abuso sexual infantil, 48 millones de visualizaciones y miles de usuarios que buscan, ofrecen o intercambian imágenes de niños y niñas. Todo ello en TikTok, una de las redes sociales más populares del mundo. No se trata de conversaciones ocultas en algún rincón inaccesible de internet. Buena parte de la actividad documentada por Maldita.es se desarrolla a través de publicaciones, comentarios y retransmisiones en directo. Los investigadores han encontrado incluso personas que aseguran disponer de grabaciones de abusos cometidos contra niños de su propia familia.
La investigación, publicada este lunes, ha identificado 26.000 perfiles vinculados a estas prácticas y ha puesto de manifiesto las dificultades para conseguir que TikTok retire el material denunciado. Los periodistas comunicaron a la compañía la existencia de 50 vídeos explícitos de abuso sexual infantil. Tras las reclamaciones y los recursos correspondientes, solo había eliminado cinco. En 29 casos respondió que no había encontrado ninguna infracción de sus normas. Otros trece quedaron bloqueados únicamente en España y tres seguían sin resolución definitiva transcurridas 72 horas.
Los 50 vídeos denunciados acumulaban 8,8 millones de reproducciones y más de 148.000 ‘me gusta’. Además, habían sido guardados como favoritos más de 18.000 veces. La investigación también documentó ofertas de compra e intercambio de material mediante mensajes privados. Encontró asimismo comentarios sexuales dirigidos a niñas que participaban en retransmisiones en directo, algunas realizadas desde centros escolares españoles.
La gravedad de los hallazgos ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado. El departamento que dirige Sira Rego ha pedido explicaciones a TikTok y ha planteado incluso la posibilidad de suspender sus servicios en España.
Pero lo descubierto por Maldita no es exclusivo de TikTok. Instagram, Facebook, Roblox, Snapchat, Discord y otras plataformas también han aparecido en investigaciones sobre captación y explotación sexual de niños y adolescentes. En varios países, las denuncias han alcanzado a las empresas que gestionan estos servicios. Algunas afrontan demandas millonarias y otras ya han recibido resoluciones judiciales desfavorables por sus fallos en la protección infantil.
Meta, sancionada con cientos de millones por sus fallos en la protección infantil
En marzo de 2026, un jurado de Nuevo México concluyó que Meta, propietaria de Instagram y Facebook, había engañado a los consumidores sobre la seguridad de sus servicios. También consideró que había puesto en peligro a niños y adolescentes. La resolución impuso una sanción civil de 375 millones de dólares, después de considerar acreditadas 75.000 infracciones de la legislación estatal de protección de consumidores.
La investigación había comenzado en 2023, cuando las autoridades crearon perfiles encubiertos que simulaban pertenecer a niños. Comprobaron que recibían contactos de adultos y contenido sexual explícito. La Fiscalía sostuvo que Meta conocía los riesgos de explotación sexual infantil, pero no había adoptado medidas suficientes para impedir que los agresores accedieran a sus posibles víctimas. La empresa rechazó las acusaciones y anunció que recurriría.
En agosto de 2026, un tribunal ordenó a Meta pagar otros 567 millones de dólares por daños relacionados con la salud mental de los jóvenes. También estableció reformas supervisadas judicialmente durante cinco años para mejorar la seguridad de sus redes sociales. Sumadas ambas cantidades, la responsabilidad económica fijada alcanzó los 942 millones de dólares. Esta segunda resolución abarca daños más amplios que la explotación sexual infantil.
También en Europa se examinan sus mecanismos de seguridad. En octubre de 2025, la Comisión Europea señaló preliminarmente deficiencias en los sistemas de Facebook e Instagram para denunciar contenidos ilegales, entre ellos imágenes de abuso sexual infantil. Las conclusiones de Bruselas no equivalen a una condena, pero cuestionan si la compañía facilita suficientemente la comunicación de estas publicaciones.
Roblox, regalos virtuales para conseguir imágenes sexuales de niñas
En los videojuegos sociales, la captación puede comenzar con una conversación entre jugadores o la promesa de conseguir monedas virtuales. Roblox permite crear mundos, participar en juegos e interactuar con otros usuarios. La plataforma ha aparecido en numerosas denuncias relacionadas con adultos que utilizan estas funciones para contactar con niños.
La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado recientemente a un hombre a penas que suman alrededor de 40 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra dos niñas de ocho y nueve años. El hombre había contactado con ellas a través de Roblox. La sentencia, conocida a comienzos de noviembre, no es firme y establece un máximo de cumplimiento efectivo de 20 años.
El condenado se hacía pasar por una niña y ofrecía Robux, la moneda virtual del videojuego, para ganarse la confianza de las víctimas. Después trasladaba las conversaciones a Zangi, una aplicación de mensajería. Allí les solicitaba imágenes y vídeos sexuales. También les enviaba material de abuso sexual infantil para normalizar sus peticiones. Utilizaba varias identidades falsas para mantener el engaño.
Pero las actuaciones judiciales no se limitan a los agresores. La propia Roblox ha sido demandada por varias administraciones estadounidenses. En agosto de 2025, Luisiana presentó una demanda por supuestamente facilitar la explotación sexual infantil y no establecer suficientes medidas de protección. Posteriormente llegaron otras, entre ellas las de Texas y el condado de Los Ángeles. Estas cuestionaron los controles de edad y la exposición de los usuarios más jóvenes a adultos potencialmente peligrosos. No han dado lugar todavía a sentencias firmes contra la compañía.
Snapchat y Discord, las demandas alcanzan a otras redes
En Misuri, Estados Unidos, los padres de una niña que fue violada a los doce años presentaron en julio de 2026 una demanda contra Snap, propietaria de Snapchat. Según la familia, la aplicación facilitó el contacto entre su hija y un adulto de 25 años que se hizo pasar por un adolescente de diecisiete.
La niña había comenzado a utilizar Snapchat cuando tenía once años, pese a que la edad mínima era de trece. Los demandantes sostienen que la aplicación recomendó su perfil al agresor. Este utilizó las funciones de localización para averiguar dónde vivía. El hombre fue condenado a dieciocho años de prisión tras declararse culpable.
La condena corresponde al autor de la agresión. La responsabilidad de la empresa se discute en un procedimiento civil independiente. En él, la familia sostiene que las características del servicio facilitaron la captación y que sus mecanismos de seguridad fueron insuficientes.
Discord, utilizada para comunicarse mediante mensajes, llamadas y comunidades privadas, también ha sido objeto de actuaciones judiciales. En mayo de 2026, la Fiscalía General de Texas presentó una demanda contra la compañía por supuestamente exponer a niños y adolescentes a adultos que podían captarlos y explotarlos sexualmente. La acusación cuestiona sus garantías de protección y determinadas decisiones de diseño.
X tardó nueve días en retirar un vídeo de abuso sexual infantil, según una demanda
El caso de X, antes Twitter, plantea otro problema. ¿Qué sucede cuando una red recibe una denuncia sobre material de abuso sexual infantil que ya está circulando en su servicio?
En agosto de 2025, un tribunal federal de apelaciones estadounidense permitió continuar parte de una demanda relacionada con un vídeo de abuso sexual infantil en el que aparecían dos niños. Según los demandantes, las víctimas habían sido captadas inicialmente mediante Snapchat por alguien que se hacía pasar por una adolescente. Tras obtener las imágenes mediante chantaje, el contenido terminó difundido en Twitter.
La reclamación sostiene que la plataforma tardó nueve días en retirarlo y comunicar los hechos al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. Durante ese periodo, el vídeo habría acumulado más de 167.000 visualizaciones. El tribunal permitió continuar la reclamación por posible negligencia en la comunicación del material, aunque rechazó otras pretensiones.
No existe una condena definitiva contra X, pero el procedimiento conecta directamente con la investigación de Maldita. Ambos casos plantean cómo responden las empresas cuando reciben avisos concretos sobre contenidos ilegales.
Telegram, del primer contacto a la distribución de material de abuso
Telegram aparece en numerosas investigaciones sobre distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil. En agosto de 2024, su fundador, Pável Dúrov, fue detenido en Francia e imputado en una causa que incluía la presunta complicidad en la difusión de imágenes sexuales de niños. La investigación también abarcaba otros delitos relacionados con actividades ilícitas desarrolladas a través de la aplicación.
La investigación judicial continuaba abierta en 2026, sin juicio ni condena contra Dúrov. El empresario ha rechazado las acusaciones y defendido los sistemas de moderación de Telegram. Las autoridades francesas levantaron en noviembre de 2025 las restricciones que le impedían viajar.
También en Francia, en septiembre de 2024, comenzó un juicio relacionado con una red dedicada al intercambio y venta de imágenes de abuso sexual infantil mediante grupos de Telegram. Según la investigación, uno de los principales acusados administraba alrededor de veinte comunidades. Vendía paquetes de archivos por cantidades de entre 20 y 100 euros.
La distribución de este material puede comenzar mucho antes, en videojuegos y redes sociales. Allí los agresores ofrecen objetos o monedas virtuales a cambio de fotografías sexuales de niñas y adolescentes, una práctica conocida como “pack por diamantes”. Pueden contactar directamente con las víctimas o publicar ofertas para atraer a quienes quieren conseguir premios dentro de los juegos.
Una vez obtenida la primera imagen, pueden amenazar con enviarla a familiares o compañeros de colegio para exigir más material. En otros casos, la extorsión desemboca en peticiones de encuentros presenciales. El engaño inicial se convierte así en un mecanismo de chantaje. Este puede continuar en una aplicación distinta de aquella donde comenzó el contacto.
La responsabilidad de las grandes tecnológicas
La investigación de Maldita ha vuelto a situar en el centro del debate hasta dónde llega la obligación de las empresas digitales de impedir que sus servicios sean utilizados para explotar sexualmente a niños y adolescentes.
En la Unión Europea, el Reglamento de Servicios Digitales obliga a las plataformas a disponer de mecanismos para denunciar contenidos ilícitos y actuar con prontitud cuando tienen conocimiento de ellos. A las de muy gran tamaño les exige, además, evaluar y reducir los riesgos relacionados con la difusión de material ilegal y la protección de la infancia. Esto no significa que una empresa sea automáticamente responsable de cualquier delito cometido por sus usuarios. La cuestión es qué conocían las empresas sobre esos riesgos, qué medidas habían adoptado y cómo respondieron cuando recibieron denuncias concretas.
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