El Ministerio de Igualdad renovará su confianza en la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas para gestionar el sistema de pulseras antimaltrato. La Mesa de Contratación reunida el pasado 7 de mayo aprobó la valoración de los criterios de adjudicación del expediente, dando así luz verde a una continuidad que no está exenta de polémica: el mismo consorcio fue sancionado por el departamento de Ana Redondo hace apenas dos meses tras una avería que paralizó el sistema durante más de doce horas.
La decisión llega en un momento delicado. El 11 de noviembre de 2025, el sistema Cometa dejó de funcionar desde las cuatro y media de la madrugada hasta bien entrada la tarde, obligando al Ministerio a activar protocolos de emergencia para proteger a las víctimas. La multa impuesta a Vodafone ascendió a 25.285 euros, una cantidad que sería descontada directamente del contrato.
Desde el departamento se justificó entonces que “ninguna tecnología es infalible” y se destacó el compromiso de la empresa con el servicio. Sin embargo, portadoras de los dispositivos aseguran que los fallos continúan produciéndose a día de hoy.
A pesar de ese historial, los números han avalado la continuidad de Vodafone. En la comparativa técnica frente a su única competidora, la UTE integrada por Orange y Verisure, el consorcio actual obtuvo 41,30 puntos sobre los 46 posibles en los criterios sometidos a juicio de valor, frente a los 26,66 de la oferta rival, según confirma El País. La diferencia fue especialmente notable en el plan de transición -9 puntos frente a 5- y en el apartado de telecomunicaciones, donde Vodafone logró la puntuación máxima.
En los criterios evaluables de forma automática, la brecha fue aún más pronunciada. La oferta de Vodafone respondió afirmativamente a todos los requisitos exigidos: conectividad con tarjeta eSIM multioperador, actualización remota de software, capacidad de envío de comandos y disponibilidad de acelerómetros. Orange, por contra, los marcó negativamente en su totalidad.
A ello se sumó una ventaja económica: la propuesta de Vodafone-Securitas se situó en 67,54 millones de euros con IVA para el periodo inicial de tres años, frente a los 70,31 millones de su competidora. El presupuesto base de licitación es de 71 millones, ampliable hasta 111 con las dos prórrogas anuales contempladas.
Nuevos dispositivos
El nuevo contrato introduce dispositivos de quinta generación que buscan corregir los problemas detectados. Las tobilleras -que pasarán a colocarse en el pie en lugar de en la muñeca para dificultar su manipulación- estarán fabricadas con materiales antivandálicos, contarán con pantalla de cristal reforzado y una batería de mayor autonomía. Además, integrarán una tarjeta eSIM no extraíble para garantizar la conexión permanente con el centro de control.
Entre las novedades más destacadas figura un sistema de alerta por Bluetooth que permitirá detectar la proximidad entre el dispositivo del agresor y el de la víctima, sumando una capa adicional de seguridad al GPS ya existente. Las tobilleras también incorporarán geoposicionamiento autónomo, lo que permitirá localizar al portador aunque se separe del teléfono móvil vinculado, una de las brechas de seguridad identificadas en el sistema anterior. El contrato exige además mantener un stock mínimo de 2.000 dispositivos listos para instalación inmediata en cualquier punto del país en menos de 24 horas.
Un proceso accidentado
El camino hasta esta adjudicación no ha sido sencillo. El Ministerio llegó a paralizar la licitación para revisar los pliegos tras las auditorías internas vinculadas a los fallos técnicos, unas auditorías que todavía no han sido publicadas. El plazo de presentación de ofertas se amplió del 6 al 20 de marzo de 2026, y para evitar que el servicio quedara sin cobertura, Igualdad aprobó una prórroga de cuatro meses del contrato vigente, que expiraba este mes de mayo.
El debate político también ha acompañado al proceso. El PP ha criticado que el nuevo pliego descarte la conexión satelital con tecnología Direct to Cell, argumentando que esto deja “desprotegidas” a las víctimas en zonas rurales o de montaña. El Gobierno lo justifica en que dicha tecnología aún se encuentra en fase de pruebas y presenta limitaciones técnicas relevantes.
Mientras tanto, la Fiscalía de Madrid ya alertó en su memoria de 2024 de los “múltiples fallos” en estos dispositivos, llegando a señalar que algunas disfunciones habían derivado en sentencias absolutorias en casos de quebrantamiento de condena. La adjudicación definitiva queda pendiente de la reunión formal de la Mesa de Contratación, pero el resultado apunta en una única dirección: Vodafone seguirá gestionando el sistema al menos hasta 2029.
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