El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha decidido prorrogar el actual contrato de dispositivos telemáticos para la protección de las víctimas de violencia de género, conocidos como las pulseras Cometa. Según fuentes del departamento, se ha aprobado una ampliación de cuatro meses que permitirá ganar margen en el proceso de adjudicación. De este modo, el vencimiento del contrato se traslada hasta el 6 de septiembre.
Desde el Ministerio explican que la tramitación del expediente de licitación del denominado servicio Cometa fue interrumpida con el objetivo de introducir mejoras en los pliegos de contratación. Estos ajustes se basan en los resultados de las auditorías realizadas sobre los dispositivos, que han permitido obtener información más precisa para optimizar su funcionamiento y reforzar la seguridad del sistema.
“Esta prórroga de cuatro meses, ya está tramitada, es necesaria, al amparo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público para no interrumpir la prestación de un servicio crítico y fundamental, pues se trata del principal servicio de protección para la seguridad de las víctimas de violencia de género y violencias sexuales con orden de protección judicial monitorizada por medios telemáticos”, añadieron las mismas fuentes.
Un contrato retrasado desde el inicio
Con todo, la renovación del contrato de protección a las víctimas de violencia de género a través de dispositivos telemáticos comenzó desde el inicio con el calendario prácticamente agotado. Las tres convocatorias previas -en 2018, 2021 y 2023- se realizaron en verano, aunque al igual que la actual finalizaban en el primer semestre. De esta forma, se resolvían con antelación suficiente para poder facilitar, en su caso, la coordinación entre el adjudicatario saliente y el nuevo concesionario.
Si ya el pasado verano el concurso iba retrasado, la crisis de las pulseras Cometa desatada en septiembre ha complicado todo el procedimiento. De esta forma, cuando el contrato vigente expira el próximo 6 de mayo de 2026, el nuevo aún no ha sido adjudicado. El actual ya se prorrogó de 24 a 30 meses sin opción de ampliación, para facilitar todo el procedimiento. Desde Igualdad explican a Artículo14 que el plazo aún no ha vencido. Con todo, el propio expediente de la licitación fija esa misma fecha como inicio del nuevo servicio o, en su defecto, “la de formalización si esta fuera posterior” , lo que abre la puerta a un desfase si los plazos administrativos no llegan a tiempo.
Una licitación urgente
El Gobierno autoriza la contratación del sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
La ministra de @IgualdadGob, @_anaredondo_ , detalla las mejoras incorporadas👇🏼 pic.twitter.com/i0TDRSxFIi
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026
El proceso se activó formalmente el 21 de enero, cuando la Secretaría de Estado de Igualdad dio luz verde a su inicio. Apenas seis días después, el Consejo de Ministros autorizó la contratación por un importe máximo de 111,1 millones de euros. El 6 de febrero se acordó tramitar el expediente por la vía urgente, una fórmula contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público que permite acortar determinados plazos, pero que no elimina los pasos esenciales del procedimiento.
A pesar de este carácter urgente, los tiempos se han ido dilatando. El 3 de marzo, Igualdad tuvo que ampliar en 14 días naturales el plazo de presentación de ofertas, inicialmente fijado hasta el día 6. No fue hasta el 26 de marzo cuando la Mesa de Contratación celebró su primera reunión para abrir la documentación administrativa. En ese momento se constató que la mejora de las condiciones económicas —con un incremento del 20% en el presupuesto—, junto con la posibilidad de prórroga, había logrado atraer competencia.
En concreto, MasOrange -a través de su filial Orange Espagne SAU- en alianza con Verisure (antes operaba en España como Securitas Direct España), ha decidido competir contra Vodafone. Esta última, con su filial nacional Vodafone España SA, es quien viene prestando el servicio desde marzo de 2024 en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Securitas Seguridad España SA.
Subsanación de la documentación
Como suele ser habitual en estos procesos, ambos licitadores tuvieron que subsanar defectos formales, lo que obligó a abrir un plazo adicional de tres días naturales para corregir la documentación presentada. Así, el pasado 9 de abril, la Mesa de Contratación volvió a reunirse para analizar la documentación subsanada. En esa sesión, ambos licitadores quedaron finalmente admitidos sin condiciones, lo que permitió dar paso a la evaluación de las ofertas técnicas mediante criterios sometidos a juicio de valor.
El 16 de abril se procedió a la apertura de las propuestas económicas y del informe de valoración. Entre los criterios que se están evaluando figuran aspectos como el nivel de servicio, la calidad técnica de los dispositivos, la oferta económica, las prestaciones funcionales de las tobilleras y el plan de transición en caso de cambio de adjudicatario. El siguiente paso pendiente es el procedimiento se encuentra pendiente de la resolución final de la Mesa de Contratación.
Detalles del nuevo contrato
La gestión del servicio de Monitorización y Control, conocida como Sala Cometa, concentra la mayor parte del coste del contrato. El adjudicatario deberá subrogar a la plantilla actual, formada por 151 trabajadoras, aunque el pliego contempla un refuerzo de personal. Además, el servicio deberá garantizar atención en las lenguas cooficiales y contar con interpretación en inglés, francés, alemán, rumano, italiano, árabe, árabe marroquí y ruso. El incremento del presupuesto responde, en parte, a la previsión de un mayor número de víctimas protegidas, lo que implicará tanto un aumento de dispositivos como de recursos humanos.
En concreto, para los 36 meses de duración del contrato, Igualdad prevé la adquisición de 17.660 tobilleras electrónicas. Esta cifra prácticamente duplica la necesidad de teléfonos móviles previstos, tanto para víctimas como para agresores. Entre las nuevas exigencias figura la disponibilidad de un stock mínimo de 2.000 dispositivos, que deberán poder instalarse en menos de 24 horas en cualquier punto del territorio nacional. También se refuerzan los requisitos de seguridad, con la incorporación de sistemas de alerta que permitan detectar en tiempo real cualquier intento de manipulación.
El Ministerio ha lanzado la licitación antes de presentar las conclusiones de las dos investigaciones -una interna y otra externa- para determinar lo ocurrido. En este sentido, fuentes del departamento explican que las conclusiones se han tenido en cuenta en los pliegos y que se informará de las mismas próximamente. Así, el Ministerio justifica la nueva licitación para “modernizar y ampliar” el servicio del sistema de seguimiento. “La tecnología puede fallar, pero no la respuesta de un Gobierno responsable”, aseguró Redondo al anunciar la nueva licitación. Comienza el examen.