¿Actuar como falso agente FIFA? Estas son las consecuencias legales

Consultamos con dos abogadas el caso destapado por Artículo14 de la agencia AV11 Management, que opera sin licencia además de someter a condiciones abusivas a las jugadoras

AV11 Management la agencia de representación que opera sin licencia FIFA
AV11 Management la agencia de representación que opera sin licencia FIFA
Kiloycuarto

El caso del falso agente FIFA y su estafa dentro del mundo del femenino ha sacudido al fútbol base. Tal como este medio les contaba en exclusiva tras una investigación, Antonio Vargas, a través de la empresa sin registrar AV11 Management, se hacía pasar por representante, firmaba contratos a las jugadoras sin tener ningún tipo de licencia.

A pesar de que el mundo de la intermediación y representación en el fútbol vivía tiempos de un gran vacío legal, la FIFA quiso regularlo creando el nuevo reglamento de agentes conocido como FIFA Football Agent Regulations. El objetivo era regular y profesionalizar la actividad de representación además de generar un sistema que proporcionase mayor transparencia en las negociaciones entre agentes y jugadores.

La respuesta de las expertas

Pero, ¿qué consecuencias puede llegar a tener firmar contratos sin que haya una empresa o sociedad detrás o hacerlo sin licencia? En Artículo14 contactamos con dos abogadas que, gracias a los contratos a los que este medio ha tenido acceso, ha podido analizar las posibles penas a las que podría enfrentarse Antonio Vargas.

Para la abogada Julia Martínez Zaragoza, de Bardaji Honrado Abogados, “el Reglamento sobre Agentes de Fútbol de la FIFA (artículos 11 y 12), así como el Reglamento Nacional de Agentes de la RFEF (artículos 5 y 6), exigen de forma imperativa que solo las personas físicas que hayan obtenido la correspondiente licencia otorgada por la FIFA pueden prestar servicios de representación de futbolistas (lo que incluye la captación, negociación de contratos y gestión de traspasos)”.

Contrato de AV11 Management a una de sus representadas

“Además, en el marco del Derecho privado común, el elemento determinante para la ineficacia de este contrato no es únicamente el incumplimiento de una norma privada federativa, sino la presencia de un vicio en el consentimiento que permita impugnar su validez. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la infracción de la normativa federativa no determina, por sí sola, la nulidad civil del contrato”.

En el caso de Antonio Vargas.y su empresa, “la atribución (en caso de acreditarse), de la condición de Agente FIFA sin poseer la necesaria licencia y la promesa de pruebas o contratos inexistentes a sabiendas de su inexistencia constituyen un engaño determinante (dolo grave) podría fundamentar la anulabilidad del contrato, conforme a los artículos 1261, 1265, 1269, 1270 y 1300 del Código Civil. Ello es así porque, de no haber mediado tales manifestaciones falsas sobre la cualificación profesional y la legalidad de la agencia, las futbolistas no habrían suscrito la autorización de representación. Asimismo, la ausencia de la habilitación profesional exigida para prestar los servicios contratados podría constituir una causa justificada para resolver el contrato por incumplimiento”.

En el caso de que Vargas quisiera rectificar y obtener la licencia, podría enfrentarse a no poder obtenerla en el futuro, según la normativa del máximo organismo internacional del fútbol.

Las abusivas cláusulas de incumplimiento

Una de las afirmaciones más repetidas por las jugadoras durante las entrevistas mantenidas, era la de la preocupación que les causaba tener un contrato en vigor en el que de romperse, podrían ser penalizadas a pagar entre cinco y diez mil euros.

En este sentido, Martínez Zaragoza nos explica que “si se declara la nulidad o anulación del contrato principal de intermediación/representación por concurrir dolo o causa ilícita, la obligación accesoria (la cláusula penal por rescisión o vulneración de exclusiva) quedaría igualmente privada de eficacia. La agencia no podría ampararse en esas cláusulas para exigir las penalizaciones previstas. Adicionalmente, el artículo 12.13 del Reglamento FIFA y el artículo 6.13 del Reglamento RFEF establecen expresamente la nulidad de las cláusulas que impidan a las futbolistas negociar o formalizar de manera independiente sus contratos laborales, o que las penalicen por hacerlo”.

“En el plano del derecho penal, y si Antonio Vargas indujo a las jugadoras o a sus familias a realizar desembolsos económicos, podría haber incurrido en un delito de estafa, siempre que se acreditase la existencia de un engaño bastante, anterior o concurrente al acto de disposición patrimonial, realizado con ánimo de lucro y causante de un perjuicio económico, conforme al artículo 248 del Código Penal”, nos matiza la abogada especializada.

Cuando no solamente es un conflicto contractual

Para Isabel Abella, CEO de Abella Legal y HEKION, “este caso no debería analizarse únicamente como un posible conflicto contractual entre una futbolista y quien dice representarla. Los testimonios recogidos en el reportaje permiten plantear una cuestión mucho más profunda: si determinadas prácticas de control, dependencia, restricciones profesionales y exigencias económicas pueden constituir formas de abuso de poder y de violencia machista económica contra las niñas, adolescentes y mujeres deportistas. Hablo de violencia económica en un sentido amplio, como ejercicio de control sobre los recursos, las oportunidades y la autonomía económica de las deportistas, sin prejuzgar la calificación jurídica de unos hechos que deben investigarse. Mirando más allá del contrato, deberíamos de analizar qué capacidad real tiene una futbolista para decidir sobre su carrera, negociar sus condiciones, disponer de sus ingresos o poner fin a una relación profesional sin exponerse a represalias o consecuencias económicas desproporcionadas”.

Para Abella es esencial “establecer los mecanismos de control y supervisión para que la industria que se está construyendo alrededor del talento y del trabajo de las mujeres, visibilice y erradique las relaciones de poder que pueden condicionar sus carreras. Y cuando hablamos de niñas y adolescentes, la exigencia es todavía mayor”. Hay que recordar que en el caso de AV11 Management algunas de las representadas eran menores de edad.

Según la abogada, “la profesionalización del fútbol femenino debe ir acompañada de una transformación de sus estructuras de poder y de garantías efectivas frente a cualquier forma de discriminación, explotación, control, abuso, acoso, violencia o represalia”.

“La respuesta requiere mecanismos específicos de gobernanza con perspectiva de género: transparencia sobre la identidad, actividad y responsabilidades de quienes ofrecen servicios de representación; contratos comprensibles, proporcionados y con límites claros a la exclusividad, las comisiones y las penalizaciones; acceso a asesoramiento jurídico independiente, especialmente para las futbolistas jóvenes y menores; canales confidenciales y seguros para consultar, comunicar y denunciar posibles abusos, discriminaciones, acosos y/o violencias; y procedimientos de supervisión y rendición de cuentas por parte de las organizaciones deportivas y las administraciones, cada cual según sus competencias”, subraya.

“También es necesario incorporar la prevención de las violencias contra las mujeres y los abusos de poder a las políticas de igualdad y protección de las entidades deportivas, formar a quienes trabajan con las deportistas y evaluar el funcionamiento real de estas medidas. No podemos pedir a las futbolistas que asuman individualmente la carga de velar por sus derechos frente a estructuras que tienen más poder, información y recursos que ellas. La responsabilidad es también del sistema deportivo: debe identificar estos riesgos, prevenirlos y actuar cuando se producen”, concluye.

 

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