Bill Gates ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más incómodos de la revolución tecnológica: si la inteligencia artificial y los robots sustituyen trabajo humano, ¿deben pagar impuestos como lo hacen los trabajadores? El cofundador de Microsoft sostiene que los países podrían verse obligados a revisar su estructura fiscal en un plazo relativamente corto, quizá dentro de cinco años, si la automatización empieza a desplazar empleos de forma masiva.
La reflexión llega en un momento de enorme euforia alrededor de la inteligencia artificial, pero también de creciente inquietud laboral. Empresas, inversores y gobiernos empiezan a asumir que la IA no será solo una herramienta para mejorar la productividad, sino una fuerza capaz de transformar profesiones enteras.
En una entrevista concedida a Australian Financial Review, Bill Gates defendió que aún no ha llegado el momento de rehacer por completo los sistemas tributarios. Aunque advirtió de que ese escenario podría estar cerca. Según recogió El Confidencial, Gates afirmó: “Todavía no hemos llegado al punto en que necesitemos modificar por completo la estructura tributaria, pero podríamos estar en esa situación dentro de cinco años”.
Del impuesto al trabajo al impuesto a la automatización
La idea de Bill Gates parte de una cuestión básica: hoy los Estados recaudan una parte importante de sus ingresos gravando salarios, cotizaciones y actividad laboral. Si una empresa sustituye a un trabajador por un sistema automatizado, gana productividad, reduce costes y, al mismo tiempo, puede disminuir la base fiscal asociada al empleo.
Por eso Gates plantea una posible transferencia de carga tributaria. En sus palabras, una opción sería “trasladar la carga impositiva del trabajo, al menos de los trabajadores de ingresos medios y bajos, al capital. Es decir, a la tributación de robots o inteligencia artificial”.
La propuesta no es nueva en su pensamiento. Ya en 2017 defendió que los robots que sustituyeran empleos humanos deberían tributar de alguna manera para compensar la pérdida de ingresos públicos y financiar políticas sociales.
El fondo del debate no es castigar la innovación, sino decidir cómo se reparte el beneficio de una economía más automatizada. Si la inteligencia artificial permite producir más con menos personas, el aumento de riqueza puede concentrarse en las empresas propietarias de esa tecnología. La pregunta es qué ocurre entonces con los trabajadores desplazados y con los servicios públicos que antes se financiaban en parte mediante sus salarios.
Una advertencia en plena fiebre de la IA
Bill Gates no cuestiona el potencial técnico de la inteligencia artificial. Al contrario, considera que la tecnología ya funciona y que mejorará de forma notable en los próximos años. Su advertencia apunta más bien al entusiasmo financiero que rodea al sector. Según su análisis, “la mayoría de las empresas de IA fracasarán”, aunque algunas compañías sí pueden convertirse en grandes ganadoras.
Esa distinción es importante. Una cosa es que la inteligencia artificial transforme la economía y otra muy distinta que todas las empresas que hoy prometen liderar esa revolución vayan a sobrevivir. Bill Gates cree que acertar con los nombres adecuados, como Microsoft, Google o Apple, puede ser muy rentable. Pero también advierte de que para un inversor sin perfil técnico será difícil separar los proyectos sólidos de los que solo viven del entusiasmo del momento.
El debate ya no se limita a Silicon Valley. En Corea del Sur, por ejemplo, se ha abierto una discusión pública sobre un posible impuesto a la automatización ante el temor a pérdidas de empleo impulsadas por la IA. El Instituto de Futuros de la Asamblea Nacional ha llegado a proponer un impuesto de seguridad social vinculado a la inteligencia artificial para redistribuir parte de los beneficios generados por estas tecnologías.
El nuevo rostro del “impuesto a los robots”
La expresión “impuesto a los robots” puede sonar futurista. Pero el debate fiscal se está volviendo cada vez más concreto. Algunos economistas y políticos ya hablan de fórmulas como gravar el uso de capacidad de cómputo, imponer cargas a empresas que sustituyan empleo humano o adaptar los impuestos de sociedades para capturar mejor las rentas generadas por la automatización.
El Wall Street Journal ha señalado que la idea de un ‘compute tax’, un impuesto sobre la capacidad de procesamiento utilizada por la IA, ha ganado atención en los últimos meses por el temor a que el crecimiento de la inteligencia artificial aumente el desplazamiento laboral y la desigualdad.
Sus defensores creen que podría ayudar a financiar servicios públicos o amortiguar el impacto sobre el empleo. Sus críticos, en cambio, advierten de que podría frenar la innovación o empujar inversiones hacia países con menor presión fiscal.
Ese es el dilema central. Si los gobiernos gravan demasiado pronto la inteligencia artificial, pueden penalizar una tecnología todavía en desarrollo. Pero si esperan demasiado, quizá lleguen tarde a un cambio que ya haya concentrado beneficios, destruido empleos y debilitado las bases tradicionales de recaudación.