El Gobierno ha aprobado una reforma del copago farmacéutico que cambia la forma en la que los ciudadanos pagan parte de sus medicamentos en la farmacia. La medida, impulsada por los ministerios de Sanidad y Hacienda, busca introducir más progresividad en el sistema, proteger a las rentas bajas y medias y evitar que el coste de los tratamientos se convierta en una barrera para los pacientes crónicos o polimedicados.
El nuevo real decreto-ley modifica la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. Es decir, afecta a los medicamentos que se dispensan en oficinas de farmacia con receta del Sistema Nacional de Salud. Según el Ministerio de Sanidad, la reforma incorpora nuevos tramos de renta, fija topes mensuales para determinados colectivos y no incrementa la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes grupos.
La medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros y, según el Gobierno, pretende reforzar la equidad en el acceso a los tratamientos. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que el nuevo sistema adapta el copago “a la realidad de muchas familias”. Especialmente, aquellas con pacientes crónicos o personas que necesitan medicación de forma continuada.
Más tramos de renta para ajustar mejor el pago
La principal novedad del nuevo copago farmacéutico está en los trabajadores en activo y sus beneficiarios. Hasta ahora, el sistema era más simple y agrupaba a los usuarios en menos categorías. Con la reforma, se pasa a un modelo con seis tramos de renta anual, lo que permite ajustar mejor la aportación al nivel económico de cada persona.
Para las rentas inferiores a 9.000 euros anuales, la aportación será del 40%, con un límite mensual de 8,23 euros. Quienes ingresen entre 9.000 y 17.999 euros también pagarán el 40%, pero con un tope de 18,52 euros al mes. En el tramo de 18.000 a 34.999 euros, la aportación será del 45%, con un límite mensual de 61,75 euros.
A partir de ahí, el sistema mantiene porcentajes progresivos pero sin tope mensual. Las rentas de 35.000 a 59.999 euros abonarán el 45%; las de 60.000 a 99.999 euros, el 50%; y las superiores a 100.000 euros, el 60%. La clave está en que los nuevos límites mensuales se aplican a quienes tienen rentas inferiores a 35.000 euros, un grupo que hasta ahora podía acumular un gasto elevado si necesitaba tratamientos prolongados.
Qué cambia para los pensionistas

El nuevo copago farmacéutico también introduce cambios para los pensionistas. En este caso, la reforma mantiene una aportación reducida para la mayoría, pero revisa los tramos y actualiza los límites máximos mensuales. El objetivo es proteger especialmente a las personas mayores con menos ingresos y evitar que la medicación de larga duración pese demasiado en su economía.
Los pensionistas con una renta anual inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un máximo mensual de 8,23 euros. Entre 18.000 y 59.999 euros, también abonarán el 10%, pero con un tope de 13,37 euros. Para rentas de 60.000 a 99.999 euros, el porcentaje seguirá siendo del 10%, con un límite de 18,52 euros al mes. En cambio, los pensionistas con ingresos superiores a 100.000 euros pagarán el 60%, con un máximo mensual de 61,75 euros.
Además, la norma introduce una protección específica para los pensionistas que reciben complementos por mínimos. La exención será automática, de modo que una revalorización de la pensión no les haga perder ese derecho de forma indirecta. Es uno de los puntos con los que el Gobierno intenta corregir efectos no deseados del sistema anterior.
Los colectivos que seguirán exentos

La reforma del copago farmacéutico mantiene las exenciones ya existentes para los colectivos considerados vulnerables. Entre ellos figuran las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, los perceptores de pensiones no contributivas, los desempleados que no reciben prestación, los menores con discapacidad reconocida y las personas afectadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
La novedad es que también se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia. Con ello, el Gobierno pretende ampliar la protección a hogares con menores en situación económica más frágil y evitar que el coste de los medicamentos agrave aún más su vulnerabilidad.
