Las nuevas medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno empiezan a provocar movimientos entre los pequeños propietarios, al menos según las agencias que trabajan directamente con ellos. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que casi nueve de cada diez oficinas consultadas han detectado algún cambio en el mercado residencial durante los últimos días, con retirada de anuncios de alquiler, contratos paralizados y viviendas que pasan a la compraventa o a otras modalidades de arrendamiento.
El estudio exprés de la organización, elaborado a partir de las respuestas de más de 600 agencias inmobiliarias de las principales ciudades españolas, señala que el 88,9% ha registrado incidencias después de los últimos cambios regulatorios. Solo un 11,1% afirma que continúa trabajando con normalidad.
El movimiento más habitual afecta directamente a los anuncios de alquiler. Un 78,1% de las agencias asegura que algunos propietarios han decidido retirar viviendas que hasta ahora estaban destinadas al alquiler habitual. La media entre las oficinas afectadas alcanza los 3,78 inmuebles.
Más de 2.000 viviendas retiradas del alquiler habitual
Los primeros datos recopilados por FAI durante los últimos diez días contabilizan 2.067 viviendas retiradas del mercado residencial. A ellas se suman 1.224 propiedades cuyos dueños habrían decidido orientar hacia la compraventa y otras 944 que pasan al alquiler temporal, por habitaciones u otras fórmulas.
En conjunto, la federación cifra en 4.235 los inmuebles que habrían salido del arrendamiento residencial habitual o cambiado de modalidad dentro de la muestra estudiada. La retirada de anuncios de alquiler aparece así como la principal reacción observada por las agencias, aunque la organización no presenta estas cifras como un recuento completo del mercado español.
La segunda consecuencia más extendida es la paralización de operaciones que ya estaban en marcha. El 72,4% de las inmobiliarias consultadas afirma haber detectado propietarios que han decidido esperar antes de firmar nuevos contratos. La media alcanza los 2,75 acuerdos aplazados por agencia afectada.
FAI contabiliza en total 1.523 firmas bloqueadas o retrasadas durante el periodo analizado. Sumadas a las viviendas retiradas o redirigidas, la federación habla de un impacto sobre 5.758 operaciones.
Propietarios que optan por vender o cambiar de modalidad
El estudio refleja también un desplazamiento hacia otras alternativas. El 56,6% de las agencias señala que algunos propietarios que inicialmente pretendían alquilar han optado finalmente por vender, con una media de 2,26 viviendas por oficina.
Otro 38,9% observa un trasvase hacia modalidades como el alquiler de temporada o por habitaciones, con 1,76 inmuebles de media. Los nuevos anuncios de alquiler podrían, por tanto, reducirse en el mercado tradicional al mismo tiempo que aumentan otras fórmulas contractuales.
La propia regulación aprobada por el Gobierno intenta limitar parte de estos desplazamientos. El nuevo decreto introduce requisitos adicionales para justificar los contratos temporales y establece que determinadas sucesiones de contratos pueden terminar considerándose alquiler residencial habitual.
La norma incorpora además límites a las actualizaciones de las rentas, medidas relacionadas con los desahucios de hogares vulnerables y nuevas reglas para grandes tenedores, junto con incentivos fiscales y mecanismos dirigidos a aumentar la protección de los arrendatarios.
FAI teme una caída de hasta el 30% de las operaciones
A partir de las respuestas obtenidas, FAI proyecta que el volumen de operaciones de alquiler podría reducirse entre un 25% y un 30% durante las próximas semanas si continúa la reacción detectada. Se trata de una previsión de la propia federación inmobiliaria, no de una caída que se haya producido ya en esas proporciones.
Su presidente, José María Alfaro, asegura comprender el malestar social provocado por las dificultades de acceso a una vivienda, el peso creciente del alquiler sobre los ingresos familiares y los desahucios. Sin embargo, considera que la respuesta legislativa está introduciendo incertidumbre entre los pequeños propietarios.
Alfaro advierte de que el freno a los contratos puede afectar también a familias que ya estaban a punto de acceder a una vivienda y que ahora se encuentran sin alternativa. Según su diagnóstico, parte de los propietarios duda además de que las garantías frente a posibles impagos sean suficientemente claras y sencillas.
Las inmobiliarias reclaman un pacto más amplio
FAI considera que el problema de la vivienda necesita una respuesta estructural que vaya más allá de los últimos decretos. La organización vuelve a reclamar lo que denomina un «Plan Marshall de Emergencia» para la vivienda, con participación del Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los partidos, los colectivos sociales y el propio sector.
La federación defiende que la prioridad debe ser aumentar la oferta y generar seguridad tanto para quienes buscan vivienda como para los pequeños propietarios. El Gobierno, por su parte, sostiene que sus medidas buscan reforzar la protección de los inquilinos, contener las subidas y ampliar la vivienda asequible.
El efecto real de la nueva regulación necesitará más tiempo para poder medirse. Por ahora, las agencias inmobiliarias advierten de una reacción inmediata entre una parte de los propietarios: menos anuncios de alquiler habitual, decisiones aplazadas y viviendas que comienzan a buscar otras salidas.