La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber ejecutado una sentencia de junio de 2022. El Alto Tribunal comunitario determinó en aquella resolución judicial que la legislación española dificultaba “excesivamente” que los particulares obtuvieran una indemnización por los daños y perjuicios causados por el Estado. En caso de que la Justicia europea considerase que España no ha incorporado la sentencia a su ordenamiento jurídico, podrá imponer una sanción económica global y única, una multa coercitiva diaria o ambas.
Cabe recordar que el TJUE señaló en aquella resolución judicial de 2022 que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley del procedimiento administrativo común de la Administración pública, las cuales regulan las reclamaciones de indemnización por pérdidas o daños causados por infracciones del Derecho de la UE por parte del legislador español, dificultaban en exceso a los particulares la obtención de dicha indemnización, en consonancia con la posición de la Comisión.
La Comisión recibió varias denuncias en 2015, interpuestas por el abogado español Isaac Ibáñez, relativas a la incompatibilidad con el Derecho de la Unión entre determinados aspectos de las dos leyes y el procedimiento administrativo común de la Administración pública. La Comisión incoó un procedimiento de infracción en junio de 2017. España, ha informado la Comisión Europea, no introdujo ninguna modificación en su legislación, tampoco después de que la Comisión emitiera un dictamen motivado en enero de 2018. Fue debido a ello por lo que la Comisión decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia en noviembre de 2019. En su sentencia de 28 de junio de 2022, el Tribunal confirmó la posición de la Comisión de que España había infringido el Derecho de la Unión.
La Comisión ha explicado los Estados miembros están legalmente obligados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia lo antes posible. Dado que España no incorporó la sentencia del Tribunal a su ordenamiento jurídico, la Comisión envió una carta de emplazamiento en diciembre de 2025. Tras nuevos intercambios con las autoridades españolas, la sentencia sigue sin haberse aplicado y sigue pendiente en el Parlamento español un proyecto de ley por el que se modifican las disposiciones legislativas impugnadas.