Puede parecer extraño, pero, cuando se acercan las elecciones, el arma más poderosa que tiene el partido que gobierna es el Boletín Oficial del Estado. La cosa tiene su ironía, no crean, porque, mientras la maquinaria del Gobierno puede funcionar a pleno rendimiento (“no vamos a parar”, dijo el otro día Pedro Sánchez en Moncloa), los jueces se van a abstener, siguiendo una regla no escrita, pero normalmente, aplicada, de tomar decisiones que puedan interferir en el resultado de los comicios. Ahora mismo son 17 las causas abiertas en las que de manera directa o indirecta están implicados el Gobierno y el PSOE y que afectan a unas 126 personas, y se supone que en este tiempo no habrá nada que perturbe la paz del Gobierno por ese flanco. La máxima judicial, no se aplica, claro, al Tribunal Constitucional, que no ha tenido reparo en borrar el delito de malversación de los líderes del procés para que Puigdemont pueda volver a España, enmendándole de nuevo la plana al Tribunal Supremo. Y van, ¿cuántas, señor Pumpido?
Hasta el momento, Pedro Sánchez ha aprobado ya los dos decretos-leyes de vivienda que el pleno del Congreso tumbó el pasado día 2. Los dos textos tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente (donde el PSOE y sus socios sí que tienen mayoría, ya saben), pero el Gobierno no tiene prisa en culminar este trámite porque están ya en vigor y porque es mejor esperar a que se acerque la fecha de las elecciones para dar un nuevo golpe de efecto y dejar claro que el Ejecutivo, sí que esta con la gente. Prueba de ello es que esta misma semana la misma Diputación lleva en su orden del día la aprobación de dos decretos: las ayudas por la guerra de Irán y las ayudas a la Dana, y hubiera sido posible incluir también las nuevas normas sobre vivienda, pero el Ejecutivo ha preferido hacer primar su interés electoral, claro. Por cierto, ¿qué ha sido de las ayudas a Ceuta? De momento duermen también el sueño de los justos.
El Gobierno seguirá tirando del BOE y ha adelantado también que, antes de las elecciones, se procederá a la revalorización de las pensiones y al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (algo que otros años se había hecho en el mes de febrero). El Ejecutivo no ha encontrado tiempo en esta legislatura para poder presentar y sacar adelante unos Presupuestos. Los que actualmente, están en vigor fueron aprobados, de hecho, por otras Cortes, pero Sánchez está aprovechando la recaudación récord del estado para hacer y deshacer a su antojo, sin control parlamentario alguno. Ya lo dijo en su día: “gobernaré con o sin concurso del Poder Legislativo”. Y, si al Congreso y al Senado se les ocurre contrariarle, se dicen que gobiernan de espaldas a la calle y, a otra cosa.
Sánchez quiere beneficiar a su mayor caladero de votos, los pensionistas, no quiere perder el apoyo de las mujeres y de los jóvenes (aunque estos, según las encuestas, se han echado en brazos de Vox), y no tiene ninguna intención de parar, aunque ello comprometa partidas de gasto para el futuro Ejecutivo.
Por si las cosas vienen mal dadas y no hay forma de que el PSOE sume con nadie después del 29N, el Gobierno ya ha lanzado también un globo sonda para poder indultar al condenado exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata de dejar todo atado y bien atado. Con la ayuda del BOE, claro.