El espectáculo que han dado los políticos esta semana con la vivienda no será el último, haya elecciones o no. Nuestra política ha entrado en una fase de degradación que ya va sin freno. Todo siempre puede ir a peor, y va. Lo extraordinario es que todavía consigamos sorprendernos.
Esta vez ha sido la vivienda. Podía haber sido cualquier otra cosa, ya que cada semana hay una distinta. Pero la vivienda tiene la particularidad de que, mientras ellos se encrespan y utilizan a la ciudadanía como gallos de pelea, hay cientos de miles de personas que no pueden tener plan de vida.
Unos dicen defender al inquilino, otros al propietario, unos luchan contra los especuladores, otros contra los intervencionistas, unos acusan a los fondos, otros a los inquiokupas. Pero entre tanta indignación impostada, tanta frase para tiktok y tanto dedo acusador, la realidad es que ellos ¡ellos! son los responsables de que en España falten casas.
Si la situación no fuese tan dramática, sería casi cómico escuchar ahora a los políticos hablar del ‘problema de la vivienda’ como si acabaran de llegar al lugar del accidente, cuando son ellos los que llevan décadas conduciendo el coche. Las administraciones del PSOE y el PP -pero también de Junts, de Vox, Sumar, Podemos, Comunes, etc- han sido las que han decidido cuánto suelo podía desarrollarse, cuánto tardaba en hacerlo, qué se podía construir, dónde, con qué permisos, con qué impuestos y bajo qué regulación. Han gestionado el parque público, diseñado los incentivos, aprobado las leyes y repartido las competencias. Y el resultado está ahí, negro sobre blanco, una brecha de entre 700.000 y un 1.000.000 de viviendas.
Algunos se escudan ahora en que es un problema complejo, pero las causas de que estemos donde estamos son: la escasez de suelo edificable por la burocracia urbanística (en manos de los políticos); una reglamentación sin sentido (como casi todo lo que hacen) que ha incrementado desproporcionadamente el precio de la construcción de vivienda asequible; una voracidad impositiva que ha hecho que la huella fiscal en vivienda sea enorme (lo cual engrosa sus presupuestos); y una marabunta de trámites administrativos, permisos y burocracia (que les ha permitido a todos aumentar sus redes clientelares y muchas veces también barrer dinero para el partido). ¿Complejo? No. Simple.
Cualquier ciudadano normal aceptaría su responsabilidad y se abriría – ¡qué menos!- a sentarse con el resto de los partidos para buscar una solución de urgencia y arreglar parcialmente el desaguisado que han montado ellos mismos. Pero como tenemos el Congreso lleno de lo peor de cada casa, nuestros políticos no se limitan a fracasar: utilizan a las personas que sufren su fracaso para organizar su siguiente ronda de posicionamiento electoral y pasan de resolver el problema.
El país no necesita un enfrentamiento entre propietarios de viviendas (el 80% son pequeños propietarios o familias ahorradoras de clase media) e inquilinos (mayoritariamente los jóvenes de esas mismas familias). Si seguimos enfrentando a unos con otros lo único que conseguiremos es romper el país. Lo que España necesita es un pacto trasversal para acordar una Política de Vivienda (con mayúsculas) a 10 años vista, implicando a todas las administraciones responsables (todas) y formalizado por una mayoría de partidos políticos. Y eso es imposible mientras España está dividida en dos nítidos bloques ideológicos sin nada en el centro que ayude a buscar consensos.
Necesitamos suelo disponible, licencias mucho más rápidas, inversión pública, privada y público-privada, construcción industrializada, seguridad jurídica, e infraestructuras y administraciones capaces de hacer en meses lo que ahora tardan años. Pero también medidas excepcionales para lo que se ha convertido en un problema excepcionalmente grave y urgente. Si hay que cortar drásticamente la reglamentación y comprometerse a que no haya cambios en una serie de años para dar seguridad jurídica, hay que hacerlo; y si eso significa que nuestros políticos se quedan sin la capacidad de reglamentar, que se aguanten. Si hay que quitar excepcionalmente a los ayuntamientos la competencia de los tramites de suelo y vivienda, habrá que hacerlo, aunque eso signifique que los políticos se queden sin sus colchones presupuestarios y no puedan hacer tejemanejes. Si tienen que bajar los estándares de la reglamentación de vivienda asequible, que los bajen, porque para qué sirven estándares tan altos si dan lugar a que no haya vivienda. Y si hay que cortar drásticamente impuestos en vivienda, que los corten y se aprieten ellos mismos el cinturón (ahí va un dato: el presupuesto de vivienda es el mismo que el de las muchísimas televisiones públicas del país; corten eso a la mitad ¡y miren la de soluciones habitacionales que podrían pagar para evitar los desahucios!).
Cuando una política fracasa durante veinte años bajo gobiernos centrales y autonómicos de colores distintos, el problema no es la política, son los políticos.