Las democracias no se miden únicamente por las leyes que aprueban. También por las instituciones que crean para garantizar que esas leyes se cumplen. Los derechos no se consolidan el día en que aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado; se consolidan cuando cualquier ciudadano puede hacerlos valer de manera efectiva.
La reciente aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI) merece ser leída precisamente desde esa perspectiva. No es solo un desarrollo reglamentario ni un paso administrativo más. Es la puesta en marcha de una institución llamada a convertir en realidad una garantía que nuestro ordenamiento jurídico ya había reconocido.
Tuve el privilegio de participar desde el Congreso de los Diputados en la tramitación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Recuerdo bien el espíritu con el que nació aquella norma: para que los comportamientos discriminatorios que no constituyen un delito, tuvieran una respuesta administrativa, y con la convicción de que la igualdad ante la ley no pertenece a una ideología concreta, sino que constituye uno de los pilares sobre los que se asienta cualquier democracia constitucional. Aquella ley fue el resultado de años de trabajo, diálogo y consenso. La aprobación del Estatuto de la AINODI completa ahora ese camino institucional.
Las leyes, por sí solas, no transforman la realidad. Necesitan instrumentos que las hagan eficaces. Quienes trabajamos desde hace décadas acompañando a víctimas de discriminación conocemos bien esa distancia que a veces existe entre el reconocimiento formal de un derecho y su aplicación práctica.
En la Fundación Secretariado Gitano atendemos cada año en torno a unos 500 casos de discriminación y antigitanismo. Nos referimos a personas que ven rechazado el alquiler de una vivienda cuando se conoce su origen étnico; a jóvenes descartados de un proceso de selección por prejuicios; a mujeres sometidas a un trato vejatorio en establecimientos comerciales o a familias a las que se impide acceder a determinados servicios por el simple hecho de ser gitanas. Lo más preocupante no es únicamente que estos hechos sigan produciéndose. Lo es también que, pese a estar expresamente prohibidos por la ley, las víctimas encuentran con demasiada frecuencia enormes dificultades para obtener una respuesta eficaz de las administraciones competentes.
Cuando esto ocurre, el problema trasciende a la propia discriminación. Porque si una persona siente que la ley reconoce un derecho pero el Estado no dispone de mecanismos ágiles y eficaces para protegerlo, inevitablemente se resiente la confianza en las instituciones.
Ahí reside precisamente el valor de la nueva Autoridad Independiente.
Su función no será sustituir a los tribunales ni generar nuevas cargas para ciudadanos o empresas. Su misión consiste en reforzar la eficacia de nuestro sistema de garantías: atender a las víctimas – para lo que es necesario que se coordine con las organizaciones que estamos cerca de los grupos de población discriminados-, investigar los hechos, promover la mediación, formular recomendaciones, colaborar con las administraciones competentes e impulsar que la legislación antidiscriminatoria se aplique con la eficacia con la que fue concebida.
Conviene subrayar que esta no debería ser una cuestión de posiciones políticas. Las instituciones independientes cumplen una función esencial en cualquier Estado de derecho: aportan especialización, continuidad y confianza. Su legitimidad no depende de la alternancia política, sino del rigor con el que desempeñan las funciones que el legislador les encomienda.
La AINODI tendrá además una responsabilidad especialmente relevante en ámbitos donde la discriminación adopta nuevas formas: desde el seguimiento de los discursos de odio hasta la identificación de posibles sesgos discriminatorios en sistemas automatizados y herramientas de inteligencia artificial. La protección de los derechos también exige que nuestras instituciones evolucionen al ritmo de los desafíos sociales y tecnológicos de nuestro tiempo.
Pero hay una condición imprescindible para que esa exigencia de resultados sea realista: la nueva Autoridad debe contar con una dotación suficiente de medios humanos, técnicos y presupuestarios. Las instituciones no se fortalecen únicamente mediante leyes; se fortalecen cuando disponen de la capacidad operativa necesaria para cumplir la misión que el Parlamento les ha encomendado. Crear un organismo sin recursos adecuados no solo limitaría su eficacia, sino que correría el riesgo de generar frustración entre quienes acuden a él buscando una respuesta efectiva. Además, se dañaría profundamente la dignidad humana y tiene consecuencias en la cohesión social.
Junto a ello, ya en mi etapa legislativa propuse que la Ley que ampara esta autoridad asignara competencia sancionadora a la misma y mejorara el régimen sancionador para garantizar la aplicabilidad y eficacia de la ley en lo que respecta a la protección a las víctimas. Son dos temas esenciales en los que hay que trabajar.
Porque una democracia más fuerte no es aquella que aprueba más leyes, sino aquella que consigue que las leyes protejan realmente a las personas. Y cuando las instituciones funcionan, no gana únicamente quien ha sufrido una discriminación injusta. Gana el conjunto de la sociedad, porque refuerza la confianza en que la igualdad ante la ley deja de ser un principio abstracto para convertirse en una garantía efectiva para todos.