Todavía desconocemos si los dos decretos-leyes sobre vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros recibirán el visto bueno del Congreso. Los grupos apuran las últimas horas para deshojar la margarita sin salir de su asombro por la ingeniería legislativa utilizada por el Gobierno para salir al paso del caso Maricarmen. El mismo Gobierno, que, dos meses después, todavía no ha tenido tiempo para aprobar un decreto que acelere la devolución de los 13.000 inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera ilegal.
Causa sonrojo, eso sí, escuchar a Irene Montero acusar de tramposo al Ejecutivo cuando, en la época en la que ella estaba en Moncloa, el Consejo de Ministros dio luz verde en plena pandemia a un decreto que mezclaba las medidas contra el COVID con la inclusión de Pablo Iglesias en el órgano que controla el CNI. Eso sí que fue, me van a perdonar, mezclar churras con merinas (o con “meninas” como llegué a escuchar a un compañero hace unos años). La maniobra fue tan burda que el Tribunal Constitucional acabó tumbándola.
Pedro Sánchez lleva ocho años en Moncloa y lo máximo que ha hecho en materia de vivienda es anunciar la construcción de pisos que nunca se materializan. Para despistar un poco más a los ciudadanos se habla de viviendas “movilizadas”, sin que se detalle eso sí, si son acabadas, no construidas, en construcción… Eso sí, cada pocos meses hay un acto oficial del presidente para que sigamos creyendo que el Gobierno se ocupa y se preocupa de la cuestión. En este tiempo ha habido también 272.000 desahucios, pero ahora toca rasgarse las vestiduras.
El caso Maricarmen pilló al Ejecutivo con el paso cambiado, pero en Moncloa sonaron pronto las alarmas y entendieron que, o reaccionaban, o la calle les pasaría por encima a pocos meses de las elecciones, por eso el PSOE se ha prestado ahora hacer lo que antes rechazaban: prohibir los desahucios y actuar contra los llamados “fondos buitre”. Para que veamos la hipocresía del asunto: hace dos años el Gobierno vendió un edificio de Hacienda de 16.000 metros cuadrados a un grupo inmobiliario y a uno de esos fondos buitre para que construyeran 153 viviendas de lujo y una residencia para 400 estudiantes. No viviendas sociales, no, viviendas de lujo.
Los otrora amigos de no gobernar en caliente, no han tenido ahora reparo en aprobar en dos días dos decretos-leyes que, o mucho me equivoco, o no servirán para arreglar el problema de la vivienda, entre otras cosas porque no inciden en dos de sus principales males: la necesidad de construir y de aumentar la oferta. Me atrevo a augurar también que el acceso a cualquier piso de las familias con hijos será todavía más difícil, porque serán pocos (por no decir ninguno) los que se aventuren a alquilar su piso a una familia con hijos que puede ser considerada vulnerable si dejan de pagar el alquiler.
La bronca política está servida y, si los decretos no se aprueban, Sánchez siempre podrá decir que él lo ha intentado, pero que las fuerzas de derechas no quieren solucionar el problema, sino amparar a los fondos buitre. Pero después de ocho años de inacción, a lo mejor los españoles no compran ya ese relato. Hay cosas que ya no cuelan.