Los decretos non natus Mari Carmen 1, promulgado por el ala socialdemócrata arrepentida, y Mari Carmen 2, por el ala neocomunista, del Gobierno de coalición progresista evidencian que en este país que nos están dejando claro que no se protege la propiedad privada ni los beneficios del ahorro. Los acampados de la Puerta del Sol -¡Pobre Madrid!, sin nadie que le quiera- y los partidos que con tanto entusiasmo convierten sus sueños en derechos, sólo piensan, no ya en el inquilino, sino en el arrendatario que no paga su alquiler. Es el mundo al revés. En lugar de proteger al propietario que ha invertido sus ahorros en una vivienda, que paga su IBI, su tasa de basuras, que ha satisfecho el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto del Valor Añadido, que ha abonado los Actos Jurídicos Documentados, que ha hecho frente a los gastos de notaría, de gestoría y de Registro de la Propiedad, se protege al inquilino que, por unas u otras razones, no paga religiosamente su alquiler, como nos enseñaron nuestros padres y las buenas costumbres aprendidas en la escuela.
Los acampados -identificados con las banderas de la II República española y del Estado de Palestina– y los partidos que les apoyan con fervor han construido un relato basado en la torcida idea de que todos los arrendadores son esos fondos “buitre” que trituran con saña los restos de los pobres inquilinos. La ministra de Vivienda, la señora Rodríguez, en su lamentable y balbuceada rueda de prensa-cacao dijo que eran “carroñeros”. Daba la impresión de no saber bien lo que es un fondo, aunque su esmerado epíteto lo extendió a cualquier empresa que compre viviendas y las alquile. Puede que la señora Rodríguez, exsenadora, exalcaldesa de mi querido Puertollano, exportavoz o exportavoza del Gobierno de progreso, no haya aprendido todavía lo que es un fondo, y mucho menos un llamado fondo “buitre”. Hasta donde mi conocimiento alcanza, el concepto de “buitre” es más coloquial que jurídico, pues se refiere a fondos de inversión que adquieren a la baja activos incapaces de hacer frente a sus vencimientos de deuda o están en quiebra, los salvan de la desaparición y, luego, los rentabilizan. Eso se llama capitalismo, que es el sistema en el que la señora Rodríguez ha desarrollado su brillante carrera política. Se trata de una entidad que acumula capital y lo invierte en el mercado.
Pero volviendo a este nefando relato de la vivienda, construido por el supuesto progresismo, cuando se va al dato, resulta que, según el Banco de España, el 92% de los propietarios de las viviendas de alquiler son particulares, mientras un 8% está en manos de fondos o personas jurídicas privadas. Se estima, aunque dudo de la fiabilidad del dato, que los particulares alquilan alrededor de 2,6 millones de viviendas, mientras las personas jurídicas y las entidades públicas lo hacen de más de más de 500 mil.
Estos pequeños propietarios, que dominan el mercado, han destinado al arriendo para completar sus ingresos. Quiero pensar que no tienen la menor intención de abusar de sus inquilinos, siempre que estos abonen su alquiler y mantengan en buen estado su vivienda. Yo conozco a dos. Una se trata de una anciana que, al fallecimiento de su esposo, heredó dos propiedades, cuyo alquiler la permite vivir decentemente. Otro, tras años de trabajo honrado, destinó parte de sus ahorros a comprar tres apartamentos que, a veces, los ocupan alguno de sus hijos y, otros, los alquila. Que yo sepa jamás han hecho carroña de sus inquilinos.
Surgen voces clamando por la expropiación de las viviendas de alquiler en determinadas circunstancias, como si se tratarán de terrenos para construir una autopista o una vía de ferrocarril. Se me pone la piel de gallina ante esta malvada amenaza a la propiedad privada, uno de los componentes de la seguridad jurídica que construye los buenos países.
El problema de la vivienda ha adquirido un tamaño descomunal en la ya larga era del presidente Sánchez. En estas últimas semanas vemos que Portugal aborda el problema protegiendo al arrendador de la ocupación y de los impagos, que el Reino Unido ha prometido un plan ambicioso y que el Berlín de los neocomunistas de Die Linke amenaza con expropiaciones. España, como otros países, tiene un problema serio de oferta. El Banco de España cifra el déficit en 750.000 casas que, otras fuentes, lo elevan, al millón. Hasta ahora el Gobierno o no ha hecho nada o ha empeorado la situación al intervenir atacando al propietario, contrayendo la oferta y elevando los precios. Sus dos abortados decretos y el relato que los inspira, y me gustaría equivocarme, van a continuar agravando un problema que no se soluciona acampando en la Puerta del Sol.