Gobierno y PSOE siguen en shock casi una semana después de la citación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por el caso ‘Plus Ultra’. Analizan con lupa cada hallazgo de la investigación de la Audiencia Nacional, desde los dos informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, a otros documentos del sumario conocidos este mismo lunes.
De hecho, hay fuentes socialistas que consideran que los dos informes policiales “son endebles” y “están cogidos con alfileres”. Cuestionan que las actividades que atribuyen al expresidente del Gobierno, todavía de forma indiciaria, sean ilegales. E interlocutores al máximo nivel afirman estar “deseando” que Zapatero declare. Lo hará el 2 de junio, ante la Audiencia Nacional.
Hasta ese momento, distintas fuentes de la dirección sostienen que “no se contempla” adoptar gestos que les distancien políticamente del expresidente, como suspenderle provisionalmente de militancia. Ni siquiera “se ha planteado”, afirman. Primero, porque siguen reivindicando la “inocencia” del expresidente, y prevén seguir haciéndolo salvo que aparezcan pruebas incontestables de su participación en los hechos investigados por el juez José Luis Calama.
Zapatero, reconvertido en reclamo electoral y puntal político de Pedro Sánchez, ha gozado hasta hoy del cariño y respeto de dirigentes y militantes. La relación que la actual cúpula socialista no tiene con Felipe González, que reclama elecciones esta año, sí ha logrado construirla con Zapatero. Un divorcio con un “referente” como él sería muy difícil de justificar, salvo que los hechos fueran incontestables.
Por eso, el mismo PSOE que en febrero de 2024 suspendió provisionalmente de militancia a José Luis Ábalos inmediatamente después de que su exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, se viera salpicado por la corrupción, optará hoy por la máximo prudencia.
La cláusula ‘antilawfare’ que estrenó Gallardo
Los Estatutos se lo permiten. Y la última reforma de estos documentos, ya con el partido tensionado por las primeras investigaciones judiciales contra el entorno del presidente, relaja las condiciones para que cargos públicos y militantes puedan mantener el carnet socialista cuando están inmersos en causas judiciales.
De hecho, la última modificación se hizo en diciembre de 2024, en el 41 Congreso federal de Sevilla, cuando se aprobó una suerte de cláusula antilawfare. Con el PSOE bunkerizado mientras se sucedían las informaciones sobre presunta corrupción en el entorno de Sánchez. Y con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, protagonizando un encendido discurso sobre la cacería política a la que se veían sometidos los socialistas.
Esta reforma introdujo una disposición adicional que establece que la Comisión Federal de Ética y Garantías debe conjugar “el cumplimiento de nuestros altos valores éticos entre la militancia y nuestros cargos”, “con la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas”.
Es decir, que la exigencia de que un cargo socialista deba dimitir o ser suspendido de militancia en determinado estadio de un procedimiento judicial puede retrasarse si Ferraz estima que padece una persecución política. Esta cláusula se ha usado en una única ocasión conocida, para permitir que el ya exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pudiera mantener su carnet del PSOE, y por tanto su cargo, para así presentarse como candidato a las elecciones de diciembre de 2025.
Sin este cambio, Gallardo debería haber dejado la secretaría general del PSOE extremeño tras la apertura de juicio oral, seis meses antes de estas elecciones. La introducción de esta cláusula le permitió concurrir a los comicios, e incluso le habría permitido apurar hasta que hubiera una sentencia. Su resultado en las elecciones, cuando rompió el suelo electoral socialista en esa región, forzó su salida inmediatamente después.
Por otro lado, en lo que respecta al exnúmero tres socialista Ábalos, hoy en prisión provisional, desde Ferraz sí había claros indicios de su papel en la causa cuando decidieron retirarle el carnet de forma provisional. Pasarían un año y cuatro meses hasta que rompieran su carnet. Cerdán lo entregó poco después.
Cerdán, poco dado a comparecer públicamente, pronunció un encendido discurso en el último congreso, y ahí denunció la “campaña de mentiras” contra el Gobierno socialista. “Tergiversan declaraciones, generan bulos, manipulan imágenes… son las mismas mentiras de siempre, propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de You Tube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida”.
“Incluso en sede judicial, sí, también en sede judicial, eso lo sabemos muy bien lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia, antes cuando sufrimos persecuciones, cárcel y exilio”. Los asistentes respondieron con una sonora ovación. Siete meses después llegó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dinamitó su carrera y llevó al partido a una de sus crisis más profundas.
Qué dicen los Estatutos del PSOE
El artículo 90 de los Estatutos establece la suspensión cautelar de militancia en varios supuestos contemplados en el Código Ético y de Conducta. Este documento, fechado en marzo de 2023, establece la suspensión cautelar “automática” de militancia, ” de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violación) o contra la integridad moral, así como la sanción de expulsión del partido de aquellas personas que hayan sido condenadas por alguno de esos delitos”.
También contempla la suspensión cautelar automática de la afiliación “antes del auto de apertura juicio oral en los supuestos de detención o auto de transformación del procedimiento abreviado u otras resoluciones judiciales que consideren indiciariamente acreditados estos delitos, o cuando iniciada una investigación penal concurran circunstancias especialmente graves respecto de los hechos imputados que exijan esta decisión motivadamente con carácter inmediato”. Además, establece que la condición de afiliado se pierde con una condena “que incluya penas de prisión, inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público”.
Sánchez vende normalidad tras la advertencia del PNV
La reacción de los aliados parlamentarios del Ejecutivo se ha ido tornando cada vez más dura conforme afloraban novedades en la investigación. El domingo, el presidente del PNV, Aitor Esteban, dio un paso más en su progresivo distanciamiento del Ejecutivo, y advirtió al Gobierno de que sería “irresponsable” alargar la legislatura hasta 2027.
Desde el Consejo de Ministros han restado hierro al aviso, y el propio Sánchez ha mantenido su agenda este lunes, vendiendo normalidad. Presentó el Plan Social para el Clima, que contempla movilizar fondos por valor de 9.000 millones de euros (parte de ellos de origen europeo).
En ese mismo acto, Sánchez pronunció un discurso y apenas saludó a los medios de comunicación al abandonar el lugar, una sala en el centro de Madrid. Preguntado por si está “tranquilo”, dada la situación por la que atraviesa su Ejecutivo, respondió un escueto “por supuesto”.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.