La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de que el PSOE puso a disposición de la cloaca del partido y de Leire Díez “su infraestructura logística y financiera” a través de Santos Cerdán. Así cree que lo corrobora la instrucción, que permite concluir de manera indiciaria esta acusación, que posibilitó a dicho grupo “diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz, sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros, y lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas”, con la colaboración de sendos abogados, a la postre contratados para la defensa de Koldo García y, en última instancia, Cerdán.
El Ministerio Público ve por lo tanto indicios para imputar al PSOE como persona jurídica, lo que ha pedido el PP, pero como ha trasladado ya ese jueves, considera que es prematuro, lo que ha asumido el juez Santiago Pedraz. En este escrito, pide que declaren Cerdán, Díez, Juan Manuel Serrano y Gaspar Zarrías.
Argumenta: “La utilización de fondos de la organización para satisfacer pagos vinculados a presuntos delitos de corrupción constituye un indicio de singular relevancia para resolver la cuestión que aquí analizamos, pero la imputación penal de la persona jurídica debe construirse autónomamente y no como consecuencia refleja de la responsabilidad de su secretario de organización y la gerente, de manera que la investigación no solamente debe acreditar quién realizó los pagos y su finalidad, sino también reconstruir el circuito de decisión, autorización, ejecución y contabilización de dichos pagos, los controles existentes en ese momento y el concreto beneficio que mediante esa conducta se pretendía obtener para la organización, lo que vendrá dado por las diligencias que están acordadas y pendientes de practicar, en particular, la declaración de los investigados”.
Parte del “papel superior que se atribuye a Cerdán”, que habría trabado una relación con Díez desde el año 2021 que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, en abril de 2024, la “coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del Presidente del Gobierno”.
Atacar la correcta dirección de las investigaciones
En ejecución de dicho plan, que habría incluido, según se constata en las diligencias, el ofrecimiento a funcionarios de la guardia civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos, se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la UCO.
Para ello, Díez habría contado con el “impulso y el soporte intelectual y/o financiero” del resto de los investigados que se citan: Cerdán (que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido), Zarrías (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica), Ismael Oliver (letrado de parte de los implicados y vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades), Jacobo Teijelo (letrado de Cerdán -una vez fue imputado y abandonada su responsabilidad en el partido- y de Juan Sánchez Yepes, quien también factura sus servicios al PSOE) y Javier Pérez Dolset.
Para articular dichos pagos sin revelar el ordenante de los mismos, se habrían utilizado sociedades de Zarrías, Oliver y Teijelo con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez.
Fuentes Pacheco, en su declaración en sede judicial, señaló el proceso que el PSOE sigue para la contratación de los servicios jurídicos y control de su adecuado cumplimiento, pero no supo especificar los servicios prestados por Teijelo y Oliver, ya que los contrató Cerdán con absoluta libertad, sin más control que la presentación de las Notas de Encargo, con posterioridad a la prestación de los servicios y la factura para su abono.
Asentando la idea de que las investigaciones eran prospectivas
Leire se convertía en la coordinadora, bajo la dirección de Cerdán, de todas las defensas, siendo Zarrías quien dirigiera la “parte jurídica”, apunta el Ministerio Público. Actuaban coordinados para alcanzar sus intereses: buscar la nulidad de los procedimientos de hidrocarburos, investigados en su mayoría a impulso de a UCO, “asentando la idea de que las investigaciones llevadas a cabo por esta unidad eran prospectivas y nacían contaminadas desde el origen por una nulidad que alcanzaría a todas las causas en las que hubiera podido tener intervención, también aquellas con afectación de intereses del PSOE o de familiares del Presidente del Gobierno”.
Así, se buscó atacar a la Guardia Civil denunciando continuas filtraciones de las que no eran responsables, se buscó apartar a la jueza instructora de la causa contra David Sánchez, intentando que su defensa fuera ejercida por Luis José Sáenz de Tejada, quien procuraría la recusación de Beatriz Biedma por su previa y conflictiva relación con aquella. Se buscó también contaminar la instrucción llevada a cabo por Mercedes Alaya, que instruyó asuntos como los ERE, enumera.
Se intentó sobornar a fiscales, comprar voluntades y obtener información reservada de agentes. “La organización criminal también se habría valido de la relación personal que mantenía Leire Díez Castro con la Directora de la Guardia Civil, Mercedes González, investigada en las presentes actuaciones, para perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO”. Junto a ella están investigados también el DAO y el anterior Director de la Guardia Civil, recuerda el escrito.
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