No ha sentado bien en el Gobierno la decisión del Tribunal Supremo de mantener suspendido el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos. La sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido rechazar el recurso de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar del derecho al voto de los hijos y nietos de exiliados para “preservar la pureza electoral”.
Desde el Ejecutivo lamentan la resolución sin ambages. “Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos”, se revuelven fuentes del Ejecutivo. Y ya advierten de que ahora cabe esperar la reacción de la Abogacía del Estado. Es decir, que estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la “imposibilidad material” de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.
El PSOE acusa a PP y Vox de “recortar derechos”
Desde el PSOE cargan directamente contra el PP y contra Vox a quien acusan de “tropezar con la piedra del franquismo”. “¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y sí los nietos del régimen franquista?”, se han preguntado fuentes socialistas que tildan la decisión de “atropello”.
“Feijóo y Abascal no quieren que miles de españoles, descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, puedan votar. De nuevo, el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos”, denuncian.
Desde el PP celebran la decisión adoptada por el Tribunal Supremo y creen que el órgano de la Justicia ” ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo. “En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Lo primero en democracia es cumplir las reglas”, advierte. Mismo mensaje expresdo por parte de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que acusa a Sánchez de querer “manosear” el censo electoral. Pero, advierte, las instituciones “son capaces de poner límites al poder”.
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