El 23 de septiembre de 2026, cuando Maricarmen fue desalojada de la vivienda de Madrid en la que había pasado prácticamente toda su vida, Óscar López calificó su desahucio de «intolerable». El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública señaló entonces al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y responsabilizó a la presidenta madrileña de la situación. Dos semanas después, tras conocerse el fallecimiento de la anciana, pidió «empatía» y defendió las medidas del Ejecutivo para garantizar que «nunca más vuelva a ocurrir algo así».
Las declaraciones adquieren una nueva dimensión después de que Javier Chicote haya revelado este jueves en exclusiva en Artículo14 que el Ministerio encabezado por Óscar López desestimó en enero el recurso de un inquilino de Muface que pretendía conservar su vivienda. El inmueble se encuentra en la calle Alcalde Sainz de Baranda, justo enfrente de la antigua residencia de Maricarmen.
La hemeroteca permite reconstruir las intervenciones públicas de Óscar López durante las semanas que convirtieron el desahucio de Maricarmen en uno de los grandes asuntos del debate político. Sus palabras, recogidas por diferentes medios de comunicación, contrastan con el procedimiento administrativo que se desarrollaba bajo la responsabilidad de su departamento.
23 de septiembre: Óscar López denuncia un desahucio «intolerable»
La primera reacción documentada de Óscar López llegó el mismo día del desahucio. Maricarmen, de 87 años, abandonó la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que había residido durante más de siete décadas. La ejecución judicial provocó una concentración de cientos de personas y una importante movilización ciudadana.
Según informó Europa Press el 23 de septiembre, el ministro socialista consideró «intolerable» lo sucedido y dirigió sus críticas contra la gestión de la vivienda de la Comunidad de Madrid. López responsabilizó políticamente al Ejecutivo de Ayuso, al que reprochó «apoyar a los fondos buitre».
La intervención situó al secretario general del PSOE madrileño entre los dirigentes que denunciaron públicamente el lanzamiento. Para López, el caso reflejaba las consecuencias de las políticas de vivienda del Gobierno autonómico, una interpretación que convirtió el desahucio en un nuevo motivo de enfrentamiento político.
Mientras tanto, a escasos metros de la antigua vivienda de Maricarmen, otro inquilino mantenía abierto un conflicto con Muface, organismo dependiente del departamento que dirige Óscar López.
24 de septiembre: nuevas críticas a Ayuso y defensa de los decretos
Un día después del desahucio, Óscar López volvió a pronunciarse sobre la situación de Maricarmen. Lo hizo antes de participar en una reunión interparlamentaria del PSOE madrileño, donde insistió en reclamar medidas para impedir que se repitieran situaciones semejantes.
El ministro acusó al Gobierno regional de permanecer «volcado en buscar un ático para Ayuso» mientras, según su valoración, no hacía «nada» para resolver los problemas de vivienda pese a sus competencias autonómicas.
La declaración, también recogida por Europa Press, prolongó la confrontación política que había comenzado con el desahucio. Óscar López reclamó a los partidos de la derecha que respaldaran las medidas legislativas destinadas a evitar nuevos lanzamientos, convirtiendo el caso de Maricarmen en uno de los argumentos de su discurso sobre vivienda.
El PSOE defendía entonces la necesidad de reforzar la protección de los arrendatarios vulnerables. El Gobierno madrileño, por su parte, recibía las críticas del ministro en un contexto de movilizaciones y acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades de las distintas administraciones.
28 de septiembre: «No habría ocurrido lo de Maricarmen»
La hemeroteca de Óscar López recoge otra declaración especialmente significativa cinco días después del lanzamiento. Durante una entrevista concedida al programa Mañaneros 360, de Televisión Española, el dirigente socialista defendió que la aprobación previa de las medidas del Gobierno habría impedido el desahucio.
«No habría ocurrido lo de Maricarmen», aseguró Óscar López al referirse al decreto de vivienda que reclamaba el Ejecutivo. Según informó Europa Press el 28 de septiembre, el ministro atribuyó a las Cortes la responsabilidad de que aquellas medidas no hubieran entrado antes en vigor.
Sus declaraciones se produjeron después de que Pedro Sánchez se comprometiera públicamente a impulsar nuevas medidas de vivienda. El presidente había participado el día anterior en un acto socialista celebrado en Getafe, al que también asistió López.
La posición política del ministro quedaba así definida: consideraba necesario actuar mediante normas estatales para impedir determinados desahucios y sostenía que el caso de Maricarmen podría haberse evitado con una protección legislativa más amplia.
Los decretos de vivienda y la muerte de Maricarmen
El debate alcanzó una nueva dimensión durante los primeros días de octubre. El Gobierno llevó al Congreso dos decretos relacionados con la vivienda, que fueron rechazados en la votación parlamentaria del 2 de octubre. Posteriormente, el Consejo de Ministros volvió a aprobar las medidas el día 6.
El Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre, estableció mecanismos de protección para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Entre otras disposiciones, contemplaba la suspensión de determinados procedimientos de desahucio, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos legalmente.
El propio preámbulo de la norma mencionó expresamente el caso de María del Carmen Abascal y su repercusión social. Su desahucio había pasado de ser un conflicto individual a ocupar un lugar central en el debate nacional sobre el acceso a la vivienda.
El 7 de octubre, apenas dos semanas después de abandonar su casa, Maricarmen falleció a los 87 años. Su muerte desencadenó nuevas reacciones de representantes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos que habían seguido su historia.
8 de octubre: Óscar López pide «empatía» y que no vuelva a ocurrir
La última intervención pública de especial relevancia llegó el 8 de octubre. Durante el IV Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial, Óscar López fue preguntado por el fallecimiento de Maricarmen y por la controversia política que había acompañado sus últimas semanas.
Según las declaraciones recogidas por Europa Press, el ministro expresó sus condolencias y defendió la necesidad de garantizar que «nunca más vuelva a ocurrir algo así». También aseguró que ese era el objetivo de los decretos impulsados por el Ejecutivo.
Óscar López reclamó «empatía» ante el fallecimiento de la anciana y manifestó su preocupación por los mensajes de odio que habían circulado durante aquellos días. Frente a las críticas del Partido Popular por la utilización política del caso, sostuvo que correspondía reconocer el dolor provocado por su muerte.
La intervención cerraba una secuencia de declaraciones que había comenzado con la denuncia del desahucio y continuado con la defensa de nuevas garantías legales para los inquilinos.
Dos días después, el 10 de octubre, Artículo14 recogió en una información sobre la confrontación política en las redes sociales que López había difundido un vídeo de Maricarmen en el que la anciana expresaba su preocupación por sus pertenencias, su vida y sus recuerdos.
El expediente de Muface que vuelve a situar a Óscar López en el centro del debate
La exclusiva publicada este 15 de octubre por Javier Chicote introduce un elemento que hasta ahora no formaba parte de aquella controversia pública. Según la documentación examinada por Artículo14, el Ministerio de Óscar López desestimó el 11 de enero de 2026 el recurso de un inquilino de Muface que reclamaba mantener el contrato de alquiler de su madre fallecida.
La arrendataria original había firmado el contrato en febrero de 1988 y falleció en junio de 2025. Su hijo, que había convivido con ella durante años, solicitó la subrogación del arrendamiento. Muface reconoció esa posibilidad, pero fijó como fecha de extinción del contrato el 24 de febrero de 2026.
El afectado recurrió la decisión al considerar que las condiciones originales del alquiler permitían prolongar su permanencia en la vivienda. Sin embargo, el Ministerio rechazó sus argumentos y confirmó el vencimiento. La resolución ministerial fue suscrita por delegación a través de la Secretaría General Técnica, según el expediente publicado por este periódico.
El hombre continúa residiendo en el inmueble mientras prosigue el procedimiento de desahucio. En su recurso no alegó una situación de vulnerabilidad, sino la existencia de derechos contractuales que, a su juicio, justificaban la continuidad del arrendamiento.
La coincidencia permite recuperar la hemeroteca del ministro y situarla junto a la resolución de su departamento: mientras Óscar López denunciaba públicamente el desahucio de Maricarmen y defendía que «nunca más vuelva a ocurrir algo así», seguía abierto el procedimiento administrativo y judicial que afecta a un vecino de la misma calle, prácticamente enfrente de la vivienda que convirtió a aquella mujer en un símbolo de la lucha por la vivienda.
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