La legislatura comenzó dependiendo de una mayoría imposible y termina exactamente en el mismo lugar: con Pedro Sánchez incapaz de reunir los votos necesarios para sacar adelante una de las prioridades de su Gobierno. Entre ambos momentos quedan casi tres años de inestabilidad parlamentaria, unos Presupuestos Generales del Estado que nunca llegaron, la ley de amnistía, sucesivos casos judiciales, la ruptura con Junts y varias crisis que terminaron erosionando una legislatura que había nacido ya sobre un equilibrio extraordinariamente precario.
Pedro Sánchez ha convocado finalmente elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, nueve meses antes de que terminara de forma ordinaria la legislatura. Lo hace después de que el Congreso rechazara los últimos decretos sobre vivienda y después de comprobar durante meses que la mayoría que permitió su investidura prácticamente había desaparecido.
El desenlace permite mirar hacia atrás. Y el balance deja una anomalía especialmente difícil de ignorar: la legislatura termina sin haber aprobado unos solos Presupuestos Generales del Estado propios. España continúa funcionando en 2026 con las cuentas aprobadas para 2023, antes incluso de las elecciones generales que dieron origen a esta legislatura.
Una legislatura que nació de la amnistía
Todo comenzó el 16 de noviembre de 2023. Pedro Sánchez fue investido presidente con 179 votos a favor y 171 en contra gracias a una mayoría formada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Era una mayoría absoluta sobre el papel, pero compuesta por formaciones con prioridades políticas profundamente diferentes.
El elemento decisivo fue Junts. Los siete diputados independentistas resultaban imprescindibles y el acuerdo alcanzado con el PSOE tuvo como pieza central una medida que Pedro Sánchez había rechazado anteriormente: la amnistía a los implicados en el procés. La Ley Orgánica 1/2024 fue aprobada definitivamente meses después y publicada en el BOE el 11 de junio.
La amnistía marcó desde entonces buena parte del debate político y judicial. También definió una legislatura en la que cada votación importante obligaba al Gobierno a reconstruir una mayoría diferente. Lo que había permitido a Sánchez continuar en La Moncloa se convirtió progresivamente en su principal debilidad.
La primera gran señal llegó apenas cuatro meses después de la investidura. En marzo de 2024, el Gobierno renunció a presentar los Presupuestos de aquel año tras el adelanto electoral en Cataluña. Moncloa anunció entonces que concentraría sus esfuerzos en las cuentas de 2025. Esos Presupuestos tampoco llegaron. Ni los de 2026.
Del caso Koldo a los cinco días de reflexión
Mientras la mayoría parlamentaria comenzaba a mostrar sus grietas, apareció un problema mucho más grave para el PSOE. En febrero de 2024 estalló el denominado caso Koldo, una investigación sobre contratos públicos de mascarillas durante la pandemia que terminó situando en el centro de las pesquisas a Koldo García y al exministro de Transportes José Luis Ábalos, antiguo secretario de Organización del PSOE y durante años uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez.
Ábalos se negó a abandonar su acta de diputado pese a la petición del partido y pasó al Grupo Mixto. Lo que inicialmente parecía una crisis localizada acabaría convirtiéndose en una de las principales heridas políticas de la legislatura.
Solo dos meses después llegó otra crisis inédita. En abril de 2024, tras abrirse diligencias judiciales relacionadas con su esposa, Begoña Gómez, Pedro Sánchez suspendió su agenda pública durante cinco días para reflexionar sobre su continuidad. El presidente comunicó finalmente el 29 de abril que seguiría al frente del Gobierno.
La investigación, sin embargo, continuó. Más de dos años después, en septiembre de 2026, el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La causa deberá resolverse ante los tribunales y sobre ella continúa rigiendo la presunción de inocencia.
El año 2024 terminó además sin nuevos Presupuestos y con una capacidad legislativa limitada. Se aprobaron normas relevantes —por lo que sería incorrecto hablar de una legislatura sin leyes—, pero la dependencia de los socios convirtió prácticamente cada votación en una negociación.
2025: apagón, corrupción y ruptura de la mayoría
El deterioro se aceleró en 2025. El 28 de abril, España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico sin precedentes que provocó por primera vez un cero energético en toda la Península. Transportes, telecomunicaciones y numerosos servicios quedaron paralizados durante horas en una de las jornadas más caóticas de los últimos años.
Pero el verdadero terremoto político llegó de nuevo desde el PSOE. La investigación del caso Koldo alcanzó a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista y uno de los principales negociadores de Pedro Sánchez con Junts. Cerdán dimitió de sus responsabilidades y en junio ingresó provisionalmente en prisión por decisión del Tribunal Supremo. Continúa investigado y no ha sido condenado.
La legislatura sufrió poco después otro golpe institucional. En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. Nunca antes un fiscal general había sido condenado durante el ejercicio de su responsabilidad.
Para entonces, además, la mayoría parlamentaria ya estaba rota. El 6 de noviembre, Junts anunció que bloquearía las leyes procedentes del Gobierno y que tampoco apoyaría los Presupuestos. La formación que había resultado imprescindible para investir a Pedro Sánchez declaraba públicamente bloqueada la legislatura.
2026: las condenas, Ceuta y el final
El último año no consiguió revertir la situación. Al contrario. En junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por el caso Mascarillas. La sentencia convirtió en condena judicial una trama que llevaba más de dos años golpeando políticamente al PSOE.
Un mes después, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, aunque fue absuelto del delito de tráfico de influencias.
Y mientras los problemas judiciales se acumulaban, España afrontó otra crisis extraordinaria. Los días 30 y 31 de julio, entre 70.000 y 80.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos, según las estimaciones manejadas posteriormente por las autoridades. Dos meses después, más de 10.000 continuaban en la ciudad autónoma y miles seguían dependiendo de recursos de emergencia.
El final de la legislatura llegó además en medio de un nuevo repunte de precios. El IPC alcanzó en agosto de 2026 el 4,3%, su nivel más elevado desde febrero de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras la vivienda se consolidaba como uno de los mayores problemas políticos y sociales del país.
Precisamente la vivienda terminó convirtiéndose en el detonante definitivo. Junts volvió a unir sus votos a PP y Vox para rechazar los decretos planteados por el Ejecutivo. Pedro Sánchez se quedó otra vez sin mayoría para sacar adelante una medida central de su programa.
El presidente ha decidido ahora devolver la palabra a las urnas. La legislatura que comenzó con una mayoría de 179 diputados termina sin esa mayoría, sin Presupuestos propios y con dos antiguos secretarios de Organización del PSOE —Ábalos y Cerdán— convertidos en protagonistas de investigaciones judiciales, uno de ellos ya condenado. Entre medias quedaron la amnistía, los cinco días de reflexión, el gran apagón, la ruptura con Junts, la crisis de Ceuta y los procedimientos judiciales abiertos en el entorno del presidente.
Tres años después, la mayoría que hizo presidente a Pedro Sánchez ya no existe. Y la legislatura que debía demostrar que aquel complejo pacto de investidura podía proporcionar estabilidad termina precisamente por aquello que desde el principio amenazaba con hacerla imposible: la incapacidad de reunir una mayoría suficiente para gobernar.
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