El PSOE afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con varios procedimientos judiciales que afectan a antiguos dirigentes socialistas, colaboradores del Gobierno y familiares de Pedro Sánchez. Algunas investigaciones ya han terminado en condenas, otras se encuentran pendientes de juicio y varias mantienen abiertas diligencias que podrían registrar novedades durante la campaña electoral. La corrupción vuelve así al centro del debate político cuando apenas quedan unas semanas para acudir a las urnas.
Los casos de corrupción del PSOE y los procedimientos relacionados con el entorno del presidente presentan situaciones judiciales muy diferentes. Desde la condena del antiguo ministro José Luis Ábalos hasta las investigaciones sobre Begoña Gómez, David Sánchez o Santos Cerdán, el panorama incluye presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y fraude fiscal.
La convocatoria electoral, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre, establece que la campaña comenzará el 13 de noviembre y terminará el día 27. Durante ese periodo están previstas nuevas declaraciones judiciales relacionadas con los rescates de Air Europa y Plus Ultra. Estas son las nueve investigaciones y causas judiciales que acompañarán al PSOE y al entorno de Sánchez hasta el 29N.
1. Caso Koldo: Ábalos, Cerdán y las adjudicaciones públicas
El caso Koldo constituye uno de los procedimientos más relevantes entre los casos de corrupción del PSOE. El Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por las irregularidades relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia y la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas.
Su antiguo asesor Koldo García recibió una condena de 19 años y ocho meses, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, con la ejecución de la pena suspendida bajo determinadas condiciones. La sentencia consideró acreditados delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Sin embargo, las investigaciones sobre adjudicaciones de obra pública todavía mantienen abiertas otras ramificaciones. Una de ellas afecta al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y a sus relaciones con la empresa Servinabar.
Según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil divulgado en julio, Cerdán y su entorno familiar habrían obtenido 323.178 euros en beneficios irregulares entre 2015 y 2024. Los investigadores examinan las relaciones económicas de Servinabar con Acciona y distintas adjudicaciones de infraestructuras. Estas conclusiones policiales todavía deben ser valoradas judicialmente.
2. Caso Begoña Gómez: la esposa de Sánchez, pendiente de juicio
Entre los casos de corrupción del PSOE y los procedimientos vinculados al presidente destaca la causa contra Begoña Gómez, aunque se trata de una investigación sobre su actividad personal y profesional, no de una acusación penal contra el partido.
El juez Juan Carlos Peinado acordó en septiembre la apertura de juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La investigación examina determinadas actividades relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y la utilización de recursos vinculados a su funcionamiento.
También será juzgada Cristina Álvarez, antigua asesora de Moncloa, por un presunto delito de malversación. Sin embargo, la Fiscalía solicita la absolución de ambas al considerar que los hechos investigados no constituyen una infracción penal.
La acusación popular mantiene una posición diferente y solicita una condena. Por ahora, la Audiencia Provincial de Madrid no ha fijado una fecha para la celebración del juicio, que las previsiones jurídicas sitúan más allá de las elecciones generales.
3. Caso David Sánchez: condenado a nueve años de inhabilitación
El hermano del presidente del Gobierno también figura entre los protagonistas de las causas judiciales que afectan al entorno socialista. La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el 14 de julio a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
El procedimiento examinó su contratación en 2017 por la Diputación de Badajoz y las modificaciones posteriores de su puesto de trabajo. El tribunal también condenó al antiguo presidente de la institución y exdirigente socialista Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación.
La resolución no es firme. El 8 de octubre, la defensa de David Sánchez presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y solicitó su absolución. Su abogado sostiene que la investigación vulneró derechos fundamentales y cuestiona que se haya acreditado la participación del condenado en el delito.
El recurso mantiene abierto el recorrido judicial del caso, aunque no existe una resolución prevista con fecha confirmada antes del 29 de noviembre.
4. Caso Leire Díez: las presuntas maniobras contra jueces e investigadores
El caso Leire Díez ha adquirido una dimensión considerable dentro de las investigaciones relacionadas con el PSOE. La Audiencia Nacional examina la existencia de una presunta estructura destinada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales e investigadores que participaban en procedimientos relacionados con el partido y el Gobierno.
Entre las personas investigadas aparecen la antigua militante socialista Leire Díez y Santos Cerdán. Las diligencias también examinan contratos, comunicaciones y posibles pagos relacionados con las actuaciones investigadas.
El pasado 8 de octubre declaró la magistrada Beatriz Biedma, responsable de la investigación inicial sobre David Sánchez, quien relató la angustia que le habían provocado las presuntas maniobras dirigidas contra ella. Las responsabilidades concretas todavía deben determinarse judicialmente.
El 9 de octubre se produjo una decisión importante: el juez Santiago Pedraz rechazó imputar al PSOE como persona jurídica, tal como había solicitado el Partido Popular. El magistrado consideró que todavía faltaban elementos probatorios y diligencias para establecer una conexión suficiente entre los hechos investigados y el partido.
5. Caso Mediador: el juicio contra el exdiputado socialista Tito Berni
Otro de los casos de corrupción del PSOE que llega a una nueva fase judicial es el conocido como caso Mediador. El 24 de septiembre, una jueza de Santa Cruz de Tenerife acordó abrir juicio oral contra 14 personas por la pieza principal del procedimiento.
Entre los acusados figura Juan Bernardo Fuentes Curbelo, antiguo diputado socialista conocido como Tito Berni. También aparecen el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte y el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario Taishet Fuentes.
La investigación describe una presunta red que habría ofrecido ventajas administrativas y contactos institucionales a empresarios a cambio de dinero, regalos y otras contraprestaciones. Los delitos examinados incluyen cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa y pertenencia a grupo criminal.
La apertura de juicio oral implica que existen indicios suficientes para enjuiciar los hechos, pero no supone una condena. La fecha del procedimiento principal todavía está pendiente de confirmación.
6. Caso hidrocarburos: el fraude fiscal investigado de 182,5 millones
El empresario Víctor de Aldama, condenado en el caso de las mascarillas, también aparece en otra investigación de gran dimensión económica. La Audiencia Nacional examina un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el impuesto sobre el valor añadido relacionado con la comercialización de hidrocarburos.
La causa afecta a distintas sociedades y empresarios, entre ellos Aldama y Claudio Rivas, y analiza las actividades desarrolladas alrededor de la empresa Villafuel entre 2022 y 2024.
En septiembre, la Fiscalía Europea señaló posibles movimientos de 27,9 millones de euros hacia cuentas bancarias portuguesas con el presunto propósito de blanquear beneficios ilícitos procedentes del negocio de carburantes.
Este procedimiento aparece relacionado con los casos de corrupción del PSOE por la participación de Aldama en otras causas y sus contactos investigados con responsables públicos. No obstante, conviene precisar que el fraude fiscal investigado no constituye por sí mismo una prueba de financiación ilegal del partido socialista.
7. Los pagos en efectivo del PSOE: una investigación sobre su contabilidad
La Audiencia Nacional también abrió una investigación específica sobre determinados pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024. El procedimiento nació de la documentación aportada por la propia formación política sobre sus movimientos de efectivo.
El 17 de diciembre de 2025, el juez Ismael Moreno acordó abrir una pieza separada y declaró inicialmente secretas las diligencias. El magistrado trasladó la documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que analizara su contenido.
La investigación trata de aclarar las circunstancias de esos movimientos y su justificación documental, en un contexto marcado por las pesquisas sobre antiguos responsables de la organización socialista.
Sin embargo, la apertura de una pieza judicial no demuestra que existiera financiación ilegal. Tampoco permite considerar acreditado que los pagos procedieran de comisiones ilícitas. No consta una fecha de juicio confirmada antes del 29N ni una resolución definitiva que establezca responsabilidad penal del partido por estos hechos.
8. Caso Air Europa: declaraciones judiciales durante la campaña electoral
El rescate público de Air Europa tendrá actuaciones judiciales apenas unos días antes de las elecciones. La investigación examina las circunstancias de la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea en noviembre de 2020, mediante dos préstamos aprobados durante la pandemia.
El juez José María Escribano ha citado a distintos responsables públicos para declarar como testigos los días 23 y 24 de noviembre, en plena campaña electoral. Entre ellos aparecen la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen; el responsable de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha; y el presidente de Correos, Pedro Saura.
Las diligencias se iniciaron a partir de una querella presentada por el PP y Vox, que cuestiona posibles irregularidades en las ayudas públicas. Los citados comparecerán como testigos y no deben ser presentados como personas acusadas.
Además, Air Europa ha devuelto la totalidad del dinero recibido junto con sus correspondientes intereses, un dato relevante para contextualizar el procedimiento.
La proximidad de las declaraciones a las elecciones convierte esta investigación en una de las causas con mayor actualidad dentro del calendario judicial del 29N.
9. Caso Plus Ultra: el rescate que alcanza al entorno de Zapatero
El noveno procedimiento relacionado con los casos de corrupción del PSOE y su entorno político es la investigación sobre Plus Ultra, la aerolínea que recibió un rescate público de 53 millones de euros en 2021.
La Audiencia Nacional examina distintas operaciones económicas vinculadas a la compañía y las posibles irregularidades relacionadas con el destino de determinados fondos. La investigación también ha alcanzado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a personas de su entorno familiar.
El juez José Luis Calama ha fijado para el 19 de noviembre las declaraciones como testigos de José Ángel Partearroyo, antiguo responsable de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.
Además, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, están citadas como investigadas para el 30 de noviembre, un día después de las elecciones generales. Su citación no implica que hayan cometido los delitos objeto de investigación.
El procedimiento continúa abierto y las diligencias deben esclarecer las posibles responsabilidades individuales y el destino de los fondos examinados.
Un calendario judicial que continuará después del 29N
Las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrarán con varios de estos procedimientos todavía pendientes de resolución. La condena de Ábalos, el recurso de David Sánchez, el juicio pendiente de Begoña Gómez y las investigaciones sobre Santos Cerdán o Leire Díez presentan situaciones procesales distintas, pero todas forman parte del escenario judicial que afecta a antiguos dirigentes socialistas y al entorno del presidente.
Los próximos hitos conocidos se concentran especialmente en noviembre, con declaraciones previstas en los procedimientos de Plus Ultra y Air Europa. Otros asuntos, como el caso Mediador o las investigaciones sobre adjudicaciones públicas, carecen todavía de una fecha de juicio confirmada dentro del calendario electoral.
La principal diferencia está entre los delitos ya acreditados mediante sentencia y las acusaciones que aún deben examinar los tribunales. Esa distinción será fundamental para entender las novedades judiciales que puedan producirse durante las próximas semanas y después de que los españoles hayan acudido a las urnas.
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