Ada Colau ha decidido jugárselo todo a una carta: la vivienda. La candidata de Frente Amplio concurre a los comicios del 29 de noviembre con un lema, “Un voto como una casa”, que une la crisis del acceso a un hogar con el reparto de la riqueza que concentra el 1% de la población. Tanto es así que la coalición arrancó la campaña el pasado jueves aprovechando el empuje de la huelga general del día anterior, centrada precisamente en la vivienda.
En su programa, de 151 páginas y 18 bloques, Frente Amplio plantea seis grandes transformaciones: desde acabar con la especulación inmobiliaria hasta una jornada laboral de 32 horas sin bajar el sueldo, pasando por el blindaje de los derechos sociales, una reforma fiscal que cargue sobre los más ricos, una transición ecológica y una democracia más federal. Colau ha ido adelantando alguna de esas medidas sobre la marcha. El domingo, en una entrevista televisiva, anunció que limitaría las herencias de los “ultrarricos” a 10 millones de euros por heredero, con un tipo del 100% sobre lo que supere esa cifra. La coalición calcula que con lo recaudado se podría doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda.
La vivienda, según el CIS, es hoy lo que más preocupa a los españoles: el barómetro de octubre la sitúa como primer problema para el 55,7%, seguida de la inmigración (20,9%) y la crisis económica (20,3%). A partir de aquí, vamos a desgranar cuáles son las propuestas de Frente Amplio en vivienda, inmigración, sanidad y pensiones.
Vivienda: 1,5 millones de viviendas públicas y un tope a los alquileres
Es el corazón del programa. Frente Amplio quiere reformar la Constitución para que la vivienda sea un derecho fundamental que se pueda exigir ante los tribunales, y destinar el 1% del PIB cada año (unos 17.000 millones) a crear un gran parque público. La meta es llegar a 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, hasta alcanzar la media europea durante la legislatura y el 20% del parque total en 2035. Los alquileres públicos no podrían superar los 600 euros al mes en una vivienda de 80 metros cuadrados, ni el 25% de los ingresos del hogar.
Para el mercado privado, propone topar por ley los alquileres en las zonas tensionadas, con una rebaja adicional del 30% en las ciudades de más de 200.000 habitantes o con masificación turística. El propio programa estima que esto bajaría los precios actuales un 35% de media. A eso añade una Ley de Expropiación que afectaría primero a los grandes propietarios corporativos con más de 1.000 viviendas (cita a Blackstone y CaixaBank), la prohibición de comprar vivienda con fines especulativos a empresas y bancos y la extinción, en tres años, de las licencias de pisos turísticos en las zonas tensionadas.
En el apartado fiscal, plantea un impuesto del 10% sobre el valor de los pisos a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares desde el cuarto, siempre que sumen más de 800.000 euros, con exención para quien alquile de forma asequible. Y un recargo del 200% en el ITP de la segunda vivienda, que sube al 1.000% a partir de la tercera, mientras que la primera quedaría exenta. Además, prohíbe los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional digna.
Inmigración: un procedimiento estable de regularización y cierre de los CIE
Frente Amplio sitúa la inmigración en el otro extremo del debate. En el programa se compromete a culminar la regularización extraordinaria de 2026 y a reformar la Ley de Extranjería para que haya un procedimiento de regularización permanente y reglado. También quiere garantizar una cita en las oficinas de extranjería en un máximo de siete días, facilitar el empadronamiento y agilizar la homologación de títulos.
En la frontera, propone derogar el “rechazo en frontera”, cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros, eliminar la lista de países seguros y rechazar los centros de retorno en terceros países. Plantea además una Agencia de Asilo unificada, resolver la reagrupación familiar en tres meses, una Ley integral contra el racismo y ampliar el voto de los residentes migrantes en las elecciones municipales.
Sanidad: un 8% del PIB y gestión pública directa
En el ámbito sanitario, Frente Amplio propone blindar un gasto público del 8% del PIB y que el 25% del presupuesto sanitario vaya a Atención Primaria. Defiende que la gestión pública directa sea la norma, para lo que derogaría la ley de 1997 que abrió la puerta a nuevas fórmulas con entidades privadas, y revisaría los contratos de los servicios privatizados para ir internalizándolos. También propone blindar por ley la sanidad universal para todos los residentes, con independencia de su situación administrativa.
Entre las medidas más concretas destaca la ampliación de la cobertura bucodental, hasta cubrir al menos al 50% de la población al final de la legislatura, la universalización de las gafas y lentillas gratuitas del Plan Veo y la inclusión de los audífonos en la cartera pública. El programa también incluye aprobar el real decreto de listas de espera, con prohibición de las listas paralelas, e introducir en la Constitución el derecho al aborto.
Pensiones: revalorización con el IPC en la Constitución y jubilación a los 65
Por último, en uno de los terrenos más sensibles del debate, Frente Amplio propone blindar en la Constitución el carácter público de las pensiones, su revalorización automática con el IPC y que ninguna sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Plantea también devolver la edad de jubilación a los 65 años, bajarla a los 60 en oficios de especial penosidad (construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso o pesca) y eliminar los coeficientes reductores a quienes se jubilan de forma anticipada e involuntaria tras cotizar más de 40 años.
Como complemento, propone publicar la auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social, reducir la brecha de género en las pensiones y reforzar la equidad entre generaciones con una aportación adicional de las empresas más automatizadas.
Un programa para movilizar a la izquierda alrededor de la vivienda
Con este programa, Frente Amplio propone una oferta electoral muy centrada en la vivienda y el reparto de la riqueza. Por un lado, busca movilizar al electorado de izquierdas con el blindaje constitucional de la vivienda, la sanidad pública y las pensiones. Por otro, plantea financiarlo con una reforma fiscal que, según el propio programa, haga recaer el nuevo esfuerzo en las grandes empresas, el sector financiero y las grandes fortunas, con un tipo mínimo real del 20% en Sociedades, un impuesto a los ultrarricos y el límite a las herencias. Es por ello que, tras las elecciones del 29-N, si Frente Amplio tiene peso en el próximo gobierno, habrá de valorar cómo encajan estas promesas con las cuentas públicas.

