El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intenta contraatacar. La defensa de quien fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, ha solicitado al magistrado José Luis Calama que admita a David Mellado y Rosa María Moreno como peritos para efectuar una nueva tasación de las joyas encontradas en su despacho en la calle Ferraz.
El primero, según el escrito presentado por el equipo jurídico de Zapatero, es “tasador de joyas, joyero-gemólogo y experto en diamantes y piedra de color”, mientras que la segunda es “gemóloga, tasadora de alhajas y profesora en los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia”.
Después de que en esta pieza separada del caso Plus Ultra se incluyeran los informes periciales efectuados por las empresas Ansorena y Yanes, los cuales valoraron las citadas joyas en 1,3 millones y un millón de euros, la defensa del expresidente ha anunciado la designación de los peritos para que examinen “el método con el que el informe de Yanes obtiene el valor de reposición y la razonabilidad de la valoración obtenida, realizando su propia valoración en caso de resultar discrepante”. Asimismo, pretenden estimar “el valor de fabricación, el valor de mercado, el valor comercial minorista y el valor de mercado secundario de las piezas”.
Con el fin de llevar a cabo su tarea, se añade en el escrito, estas dos personas “precisan tomar contacto físico con las piezas”. Es por ello que el equipo jurídico del ex secretario general socialista solicita al magistrado de la Audiencia Nacional que permita a los peritos realizar fotografías, mediciones y ensayos no destructivos sobre las joyas, “incluido el análisis del metal por fluorescencia de rayos X”.
La defensa sostiene que la práctica de la pericial contradictoria se ampara en el derecho a proponer las diligencias que estime necesarias, recogido en varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, incluido en el artículo 24 de la Constitución.

Descartado el delito de malversación de caudales públicos
El pasado 6 de noviembre el juez Calama rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos por, presuntamente, haberse quedado con unas joyas que debía haber entregado a Patrimonio del Estado. Unas piezas que, según el expresidente del Gobierno, recibió en 2007.
Pero para Calama la interpretación del Ministerio Público era una construcción interpretativa elaborada ex post, ya que ninguna disposición legal imponía entonces que los regalos recibidos por altos cargos debían quedar automáticamente incorporados al Patrimonio del Estado.
El magistrado indicó que no fue hasta la publicación de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cuando se estableció expresamente que los altos cargos no podrán aceptar regalos que excedan de los usos sociales o de cortesía, así como que aquellos obsequios de relevancia institucional deben incorporarse al patrimonio de la Administración correspondiente. Frente a ello, dijo el instructor, no puede atribuirse eficacia de tipo penal al Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en 2005.
La consecuencia de acoger la tesis del Ministerio Fiscal sería, según el juez, sancionar una conducta mediante una interpretación imprevisible y expansiva del tipo penal, extendiendo la noción de patrimonio público a un supuesto no contemplado por el legislador en el momento de los hechos y, respecto del cual, el ciudadano no podía conocer razonablemente que la apropiación del bien pudiera integrar un delito de malversación.


