Thania Montón pasa algunos días con ansiolíticos bajo la lengua. Dos se tomó el pasado miércoles tras acudir al juzgado para reclamar un justificante de que su solicitud de justicia gratuita había sido tramitada. Salió sin el papel. Pero asegura que no fue solo esa negativa lo que le provocó un ataque de ansiedad y una llamada urgente a su psicóloga. Fueron el trato y las formas. La parte humana.
Tiene 22 años y el dolor que explica sorprende en alguien tan joven. Quiere contar su historia, la de su madre, Carmen Ortiz, a quien su pareja, Jorge Ignacio Sánchez, asesinó en diciembre de 2021.
Thania sufre las consecuencias de un sistema que muchas veces parece roto. En su caso, es literal. Todo lo que puede fallar en un caso de violencia de género, falló. Todo lo que podía no funcionar, no funcionó. Todavía hoy, cuatro años después del crimen machista, las instituciones siguen golpeando a Thania.
Su historia no empieza el miércoles en el juzgado, sino años antes.
Una distancia que no eligieron
Sus padres se habían separado en 2014, cuando Thania era una niña. Por las circunstancias personales de Carmen, fue su padre quien se hizo cargo de ella y Thania se marchó con él a Extremadura. La decisión no rompió el vínculo con su madre, pero sí cambió la relación: Carmen pasó a formar parte de su vida a través de llamadas y mensajes cada vez más espaciados.
Un año después, en 2015, la hermana mayor de Thania conoció a Jorge, la nueva pareja de Carmen. Lo echó de casa después de verlo amenazarla. La familia creyó que aquella relación había terminado. No sabía que él volvería a la vida de Carmen ni que, poco a poco, la iría aislando de sus hijas.
Por eso, cuando aquella tía llamó en febrero de 2022, Thania no supo qué responder. Carmen era una mujer reservada y, cuando no estaba bien, tendía a encerrarse en sí misma. Su hija también. Habían aprendido a no interpretar cada silencio como una alarma. “Yo pensaba que, si no me respondía, ya lo haría cuando le apeteciera”, explica.
El buzón lleno
Pero esta vez no era uno de esos silencios. El teléfono de Carmen llevaba apagado desde diciembre. Su tía tenía el buzón lleno de cartas. Y, cuando la familia pidió entrar en la vivienda, descubrió que dentro había un perro enfermo, desnutrido y casi ciego.
El perro desmontó la explicación de que Carmen se había ido voluntariamente con alguien. Si llevaba semanas fuera, ¿quién lo había alimentado? ¿Quién había entrado en la casa? La familia insistió en que necesitaba saber qué había ocurrido con Carmen, pero el tío fue el único que subió a la vivienda. Bajó con el animal y las hijas siguieron fuera, sin poder entrar.
Mientras ellas trataban de localizar a su madre, el mismo tío acudió a los Mossos. Dijo que quería denunciar la desaparición de Carmen, pero se marchó porque no llevaba el DNI. Al día siguiente tampoco volvió. Cuando regresó, explicó que había encontrado unas bolsas que olían mal en casa de su hermana y que las había arrojado a un contenedor.
Fue él quien condujo a los agentes hasta La Granada, una localidad situada a pocos kilómetros de Sant Sadurní d’Anoia. Dentro del contenedor había restos humanos. Los Mossos lo detuvieron en ese momento. Thania se enteró por una noticia que le envió una amiga. “Me entraron los siete males de golpe”, recuerda. “Le dije a mi hermana: ‘Deja de buscar’”.
Días después, los Mossos mostraron a la hermana mayor unas fotografías de objetos recuperados. Había anillos, pulseras y un colgante. Ella reconoció el colgante de Carmen, el que llevaba desde un aniversario de boda y nunca se quitaba. “¿Qué cojones está pasando?”, preguntó. Los restos eran de Carmen.
La protección que no protegió
La investigación llevó después hasta Jorge Ignacio Sánchez, la pareja de Carmen. Thania apenas lo conocía, pero su hermana mayor sí: era el hombre al que había echado de casa años antes después de verlo amenazar a su madre. Los Mossos concluyeron que la había estrangulado en la vivienda, quemado y descuartizado su cuerpo. Su hermano fue condenado por encubrimiento por haber ocultado parte de los restos.
Aquel hallazgo abrió también otra investigación para las hijas: la de todo lo que había ocurrido antes de que su madre dejara de responder. Jorge no era un desconocido para los servicios que debían protegerla. Meses antes del asesinato había sido condenado por agredir a Carmen. Ella tenía una orden de alejamiento, estaba dada de alta en Atenpro —el servicio telefónico de atención y protección— y recibía seguimiento de servicios sociales y ayuda a domicilio.
Nada de eso impidió que él volviera a entrar en su vida. La familia sostiene que, tras la condena, la llamó de forma insistente hasta que retomaron la relación. También reprocha que ningún recurso detectara que Carmen había desaparecido: dejó de responder al teléfono en diciembre y no abrió la puerta de su casa durante semanas.
Nadie se percató de que había desaparecido
La alarma llegó por otro lado. La dio una tía al ver las cartas acumuladas en el buzón. La confirmó un perro enfermo, desnutrido y casi ciego dentro de la vivienda. No fue Atenpro. No fue el seguimiento social. No fue nadie que conociera que Carmen era una víctima de violencia machista con una orden de alejamiento en vigor.
La familia cuestiona también que no se activaran los protocolos sanitarios pese a los indicios de maltrato que, asegura, conocían profesionales que atendían a Carmen. Cada respuesta que han ido encontrando les deja la misma pregunta: qué tuvo que ocurrir para que alguien comprobara que una mujer con tantos recursos asignados había desaparecido.
El aislamiento explica por qué sus hijas no alertaron antes, pero no puede explicar el silencio de las instituciones. Thania vivía lejos y su relación con Carmen era intermitente. Los servicios de protección, en cambio, sabían quién era Jorge, conocían los antecedentes y tenían una vía directa para contactar con ella.
Cuatro años para una sentencia
La investigación se prolongó durante años. El estado de los restos de Carmen complicó las pruebas y la instrucción avanzó con lentitud. Mientras el procedimiento seguía abierto, Jorge se acercaba al límite de cuatro años de prisión provisional. Si no se dictaba una sentencia, podía salir en libertad.
La familia tuvo que aceptar entonces un acuerdo. Jorge reconoció el asesinato y fue condenado a 18 años y medio de prisión. La sentencia fijó una indemnización de 50.000 euros para cada una de las hijas. El pacto evitó que saliera de la cárcel, pero tuvo un precio: no hubo juicio con jurado ni una vista en la que se reconstruyera públicamente todo lo ocurrido.
“No queríamos pactar, pero nos dijeron que si no lo hacíamos podía salir”, explica Thania. La decisión no les permitió conocer las respuestas que buscaban. Qué ocurrió exactamente en la casa. Qué pasó con los restos que no aparecieron. Qué hizo el tío en los días posteriores al asesinato. El tiempo de la justicia las colocó ante una elección que no debería haber existido.
La condena del tío por encubrimiento tampoco cerró esas preguntas. Y la de Jorge, además, descuenta los años que ya ha pasado en prisión provisional. Para Thania, la sentencia llegó cuando la familia estaba exhausta y no reparó lo que seguía pendiente.
La reparación que sigue bloqueada
Cuatro años después, las hijas no han podido entrar en la vivienda de Carmen ni recuperar sus pertenencias. La indemnización reconocida en la sentencia sigue sin cobrarse, según explica la familia. Su padre pagó con sus ahorros la acusación particular durante todo el proceso. Después de años de espera, ahora tienen que reclamar el dinero que un tribunal ordenó pagarles.
La Generalitat también les ha denegado la ayuda como víctimas indirectas de violencia machista porque no convivían con Carmen cuando la asesinó. Thania y su hermana han aportado informes para explicar que la distancia no fue una elección: vivían con su padre desde niñas por las circunstancias personales de Carmen y, cuando Jorge volvió a su vida, el contacto fue cada vez menor.
La negativa les obliga a recurrir por la vía contencioso-administrativa. Para hacerlo necesitan justicia gratuita. Y para acreditar que la han solicitado necesitan el justificante que Thania fue a buscar el miércoles al juzgado.
Las canciones que quedan
También están las canciones. Carmen escuchaba a David Bisbal, a Joselito y a Marisol. A Thania le enseñó las series de su infancia, Heidi y Marco, y canciones que las dos sabían enteras, como “La chica ye-yé”. A veces, una melodía aparece de repente y le devuelve un recuerdo de su madre. Su hermana también busca una canción que las dos escuchaban de pequeñas y cuyo nombre ya no consiguen recordar.
Pero Thania no recuerda el olor de Carmen. “Mi único objetivo es conseguir una camiseta y un dibujo”, explica. La casa en la que quedaron esas cosas sigue cerrada para ella. También siguen sin cobrar la indemnización, sin acceder a la ayuda que les corresponde como hijas de una víctima de violencia machista y sin saber si podrán mantener la atención psicológica que necesita.
Antes del asesinato, fallaron la denuncia, la orden de alejamiento, Atenpro y el seguimiento de Carmen. Cuando desapareció, nadie la buscó hasta que el buzón se llenó y el perro enfermó. Después, la investigación se prolongó hasta obligarlas a pactar con Jorge para que no saliera de prisión. Y ahora, cuatro años después, Thania tiene que ir al juzgado a pelear por un justificante para poder recurrir una ayuda que le han negado.
Jorge asesinó a Carmen. Pero la historia de Thania es también la de todo lo que falló antes y después de ese crimen.
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