“Hay más violaciones en los tribunales que atracos u homicidios”, afirmó a Artículo 14 la senadora y exministra de Derechos de las mujeres Laurence Rossignol, conocido rostro de la lucha feminista. La frase apunta una realidad del terreno que esta abogada conoce bien, y es que en Francia la violencia machista ocupa una parte creciente de la actividad criminal de los tribunales.
En un país sacudido por el caso de Lyhanna, la niña de 11 años supuestamente violada y asesinada cuando volvía del colegio, la justicia está en la mira de la indignación popular, ya que el presunto autor del crimen –así como su padre y su hermano– acumulaban varias denuncias de violencia sexual contra menores.
Mientras que los tribunales asisten a una avalancha del número de denuncias de violación (se ha triplicado en menos de diez años), la paradoja, en cambio, es preocupante: solo un 3 % de las denuncias terminan en condena. La otra parte es archivada o recalificada.
Una justicia que llega tarde
Antes de estallar el crimen que costó la vida a Lyhanna, la presidenta del Alto Consejo para la Igualdad, Bérangère Couillard, ya alertaba sobre las graves deficiencias en la protección de las víctimas. La cuestión ya no es si la justicia ve estos delitos, sino qué ocurre entre la denuncia y la condena: “Algunos magistrados todavía no están capacitados para atender a las víctimas. Eso, a día de hoy, es aberrante”, afirmó.
El cuello de botella empieza en la fase de investigación y recogida de pruebas. “No hay protocolos comunes para que policías tomen declaraciones sin reproducir sesgos sexistas”, completa. Aunque existan en la gendarmería unidades especializadas en delitos contra las personas, sus miembros (más capacitados para lidiar con violencia sexual) se incorporan de manera voluntaria. No hay todavía una formación obligatoria y generalizada sobre violencia sexual y atención a las víctimas.
La senadora Rossignol coincide en denunciar las carencias de formación: “Hay demasiados archivos sin seguimiento porque las investigaciones no se llevan a cabo correctamente.”
La creación de una justicia especializada en la violencia contra la mujer, siguiendo el ejemplo de España, se hace cada vez más evidente. Faltan medios, celeridad, formación –elementos que podrían corregirse con una ley integral que conlevase un presupuesto a la altura, como lo reivindica una coalición de 140 asociaciones feministas y de protección de la infancia–.
El acceso a la justicia, primer obstáculo
En el caso de Lyhanna, el hecho de que el principal sospechoso de haber violado a la adolescente hubiese sido objeto de varias denuncias previas, sin nunca haber sido detenido, levantó un velo de desconfianza en la capacidad de la justicia para intervenir antes de que ocurra lo irreparable.
El presidente francés, Emmanuel Macron, negó, en un primer momento, la falta de medios para la Justicia: “No quiero oír argumentos sobre ello en este asunto”; más tarde, suavizó su posición y admitió que podía ser necesario examinar si existían carencias en algunos ámbitos de la Justicia. “Está claro que hubo una disfunción y es inaceptable”, sentenció.
Sin embargo, como explican Couillard y Rossignol, los fallos ya habían sido ampliamente documentados por el Alto Consejo para la Igualdad, organismo independiente que asesora al gobierno. Comenzando por el acceso a la justicia: “Hay muchas mujeres que deciden no denunciar porque no saben si podrán costear los abogados durante los largos años de lucha judicial”. Esa es además una de las decenas de recomendaciones del último informe del Alto Consejo: que toda mujer víctima de violencia tenga acceso a una asistencia jurídica gratuita.
La revictimización judicial
Pero acceder a la justicia no basta. También es necesario que el proceso judicial no se convierta en una nueva forma de violencia. En 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó cuatro veces a Francia por revictimizar a las víctimas durante el procedimiento judicial: interrogatorios impregnados de prejuicios sexistas, falta de reconocimiento de la coacción sufrida, demoras excesivas y tratos inhumanos o degradantes.
Educar para prevenir
La cultura de la violación es otro talón de Aquiles. Según una encuesta de Ipsos, casi un 20 % de los franceses considera que las mujeres pueden sentir placer al ser forzadas durante una relación sexual. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la cifra llega a un tercio. Al mismo tiempo, crece la conciencia de la desigualdad: el 94 % de las jóvenes considera que hoy es más difícil ser mujer que hombre en Francia.
Es para combatir “la visión arcaica de la sexualidad”, como lo designa Couillard, que la educación a la vida afectiva, relacional y sexual (EVARS), obligatoria desde 2001 pero poco aplicada en la práctica, es de gran importancia: “Estamos perdiendo generaciones enteras porque la educación afectiva y sexual sigue sin aplicarse plenamente en las escuelas”.
Se trata de un espacio privilegiado para combatir el sexismo y la cultura de la violación, pero también para identificar mejor los abusos, el incesto y las violencias sexuales. “Las víctimas tienen dificultades para poner la palabra ‘violación’ sobre lo que acaban de sufrir”, y la educación puede ayudarlas. Sin embargo, la medida no es consensual y generó polémicas entre sectores conservadores de la sociedad y del Parlamento.
Avances y desafíos
En lo que va de año, Francia ha registrado importantes avances legislativos en la lucha contra la violencia machista y la protección de la infancia. Entre ellos figuran la creación de una comisión de investigación sobre el tratamiento judicial del incesto, la aprobación en primera lectura de una orden de protección provisional para menores víctimas de violencia o incesto, el fin legal del deber conyugal y la inscripción del consentimiento en la definición penal de la violación.
Para Couillard y Rossignol, se tratan de victorias, sí, pero insuficientes en sí mismas. El verdadero desafío sigue estando en la prevención, la investigación de los delitos, la formación de los profesionales y el acompañamiento de las víctimas desde la infancia.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.