El hallazgo del cuerpo de Lyhanna, una niña de 11 años, en una granja a unos diez kilómetros de la localidad de Fleurance, en el suroeste de Francia, ha desencadenado una de las mayores crisis institucionales que recuerda el país. La pequeña había desaparecido al salir de la escuela seis días antes. Su presunto asesino, Jérôme Barella, de 41 años y padre de un amigo de la niña, fue detenido tres días después de su desaparición.
Lo que ha convertido este crimen en un escándalo de alcance nacional no es solo la brutalidad del caso, sino también todo lo que se está conociendo después. Barella había sido denunciado ante la Policía el pasado agosto por la madre de Rosa, una niña de 10 años, quien aseguró que el hombre había abusado sexualmente de su hija en varias ocasiones. Las pruebas médicas confirmaron que Rosa había sufrido abusos. Pese a ello, durante los nueve meses siguientes a la denuncia, Barella no fue interrogado ni una sola vez por los investigadores.
Además, había sido señalado en varios otros casos de presuntos abusos sexuales en los últimos años, circunstancia que debería haber convertido el caso de Rosa en una prioridad. No fue así.
Antecedentes familiares
Las revelaciones no se detuvieron ahí. Según informaciones de Le Figaro, confirmadas por la fiscalía general de Montpellier, el padre de Jérôme Barella, J.B., fue objeto de una denuncia por violación presentada por una de sus nietas en 2013. La menor denunció violaciones reiteradas en el domicilio de su abuelo entre 2010 y 2013, cuando tenía entre diez y trece años. Ocho años después de interpuesta la denuncia, en 2021, J.B. se benefició de un sobreseimiento. Sus familiares recurrieron la decisión, pero finalmente desistieron. La fiscalía señaló que el hombre nunca llegó a ser imputado formalmente, sino que fue tratado como “testigo asistido”. Según RTL, otra nieta del mismo hombre también habría presentado una denuncia contra él en 2018 por hechos de naturaleza similar, aunque la fiscalía no ha confirmado oficialmente esta segunda causa. Asimismo, el hermano de Jérôme Barella fue detenido este lunes en relación con un caso de violación sobre su expareja entre 2007 y 2017.
Máxima presión al Gobierno francés
Más de 60.000 personas salieron a las calles de toda Francia el lunes para exigir responsabilidades, entre ellas la dimisión del ministro de Justicia, Gérald Darmanin. La madre de Rosa anunció a través de sus abogados que presentará una demanda contra el Estado y contra el propio Darmanin.
El ministro reconoció ante el Senado que el caso Lyhanna reveló “fallos escandalosos e inaceptables en los servicios del Estado”, aunque descartó dimitir. “Lo que falta en esta historia no es una nueva ley, ni más dinero, ni mejor tecnología informática. Lo que falta es la necesidad de priorizar las denuncias por violación“, declaró el ministro galo. Anunció además una revisión de cerca de 70.000 denuncias de abusos sexuales a menores que permanecen sin tramitar.
Macron admite fallos en el caso Lyhanna
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió que “no se actuó con suficiente rapidez y firmeza en el alejamiento de los agresores o presuntos agresores”. El mandatario aseveró durante el Consejo de Ministros que “era evidente que ha habido disfunciones manifiestas. Hay que analizar ahora lo que responde a responsabilidades individuales y a las disfunciones sistémicas en el conjunto de los servicios públicos implicados”. En paralelo, Macron consideró que este caso pone en cuestión “la confianza en las instituciones”, lo que exige una respuesta del Estado.
El presidente del Senado, Gérard Larcher, convocó un minuto de silencio en la cámara y exigió que “todos los fallos sean sancionados”. En la misma línea, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió “transparencia total” y anunció la inminente aprobación de un decreto para obligar a explicar los archivos de denuncias por delitos sexuales. “La redacción de ese decreto ya está en marcha”, afirmó ante el Senado. Reconoció un problema de medios en el sistema judicial, aunque precisó que ese no era el factor determinante en el caso Lyhanna, una posición que choca directamente con la de la familia de la niña, para quien los medios son “el corazón del problema”.
Ante todo el revuelo y la indignación de la opinión pública francesa, el Consejo Superior de la Magistratura salió en defensa de los jueces y fiscales, deplorando “el descrédito arrojado sobre miles de magistrados” y denunciando que el caso estaba siendo “instrumentalizado por quienes ya han decidido de antemano que los magistrados son los culpables”.
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