El Govern balear presentará un recurso contra el Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobó este martes, por el cual se actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes no acompañados y se establecen en 434 las plazas de referencia para Baleares.
Según Europa Press, lo ha comunicado este martes la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el Ejecutivo autonómico entiende que el aumento de capacidad para Baleares no se ajusta a la realidad que atraviesa el archipiélago y constituye una “nueva imposición” del Gobierno central.
La Conselleria ha indicado que el Estado ha elevado la capacidad ordinaria asignada a Baleares de 406 a 434 plazas, a pesar de que el Ejecutivo autonómico ya juzgaba excesiva la cifra fijada para 2025 y que, por ese motivo, expresó su oposición durante la tramitación de la norma.
En la actualidad, Baleares tiene bajo tutela a 795 menores migrantes no acompañados, una cifra que “prácticamente duplica la capacidad ordinaria establecida por el propio Gobierno central y que evidencia la situación de saturación que soporta el sistema de protección de las Islas”.
Frente a esta situación, el Govern ha confirmado que volverá a recurrir a los tribunales para defender los intereses de Baleares y ha insistido en que el sistema de protección del archipiélago no puede hacer frente a nuevas imposiciones mientras sus recursos siguen completamente tensionados.
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha lamentado que el Gobierno “vuelva a adoptar una decisión de espaldas a la realidad que viven los territorios que están en primera línea de la presión migratoria”. “Nuestros servicios de protección están completamente desbordados y, en lugar de aliviar esta presión, el Estado decide aumentar una capacidad que ya considerábamos excesiva y que no responde a la realidad que vivimos cada día”, ha afirmado.
Igualmente, el Ejecutivo ha apuntado que, durante su visita oficial a Baleares, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, admitió que “no tenía sentido” seguir derivando menores procedentes de otras Comunidades Autónomas a un territorio que ya registra llegadas propias y cuyo sistema de acogida está tensionado.
El Govern insiste en que seguirá defendiendo que el reparto de menores migrantes debe tener en cuenta la capacidad real de los sistemas de protección y la presión migratoria que soporta cada territorio, y mantiene su oposición a cualquier decisión que implique aumentar las obligaciones de acogida de una comunidad autónoma que ya supera ampliamente la capacidad fijada por el propio Estado.