El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación que se celebrará el próximo 8 de julio en Santander para abordar nuevas medidas dirigidas a reducir la temporalidad en el empleo público, tal y como ha adelantado El País.
Este encuentro se producirá después de que el Gobierno haya solicitado a Bruselas ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para culminar las reformas necesarias, al considerar que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo introduce nuevos elementos que requieren un análisis detallado, tanto en materia de indemnizaciones como en la identificación del número de empleados públicos que podrían encontrarse en situación de abuso de la temporalidad.
La reunión, que se enmarca dentro de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, dará continuidad a los trabajos iniciados en la reunión mantenida con las comunidades autónomas el pasado 7 de mayo. De aquel encuentro surgió un grupo de trabajo encargado de estudiar posibles modificaciones normativas para hacer frente al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
Sentencia del Tribunal Supremo
Este grupo comienza ahora su actividad solicitando propuestas a sus integrantes con el objetivo de analizar posibles cambios legislativos, teniendo en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo. El alto tribunal confirmó que los trabajadores públicos temporales no pueden adquirir la condición de fijos sin superar un proceso selectivo, aunque abrió la puerta a estudiar nuevas medidas de carácter sancionador e indemnizatorio en los casos de abuso de la contratación temporal.
La próxima semana también se pondrán en común las iniciativas que las distintas comunidades autónomas han puesto en marcha para reducir la temporalidad. Estas administraciones concentran actualmente las mayores tasas de empleo temporal del sector público, con un 40%, frente al 4,7% registrado en la Administración General del Estado. La situación es especialmente significativa en los ámbitos de Educación y Sanidad, donde la temporalidad alcanza el 40% y el 43%, respectivamente.
En paralelo, el Ministerio reunió el pasado 24 de junio a las organizaciones sindicales en el marco de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas. Durante ese encuentro, presidido por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez, se actualizó a 440.168 el número de plazas incluidas en los procesos de estabilización y se solicitó a los sindicatos que presenten propuestas para consensuar nuevas medidas encaminadas a reducir la contratación temporal.