La Comunidad de Madrid ha elevado el tono contra el Gobierno central y ha advertido de que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados si no cuentan con respaldo jurídico. El Ejecutivo autonómico considera que el sistema extraordinario de reubicación impulsado por el Estado ha quedado sin cobertura legal tras la expiración de los plazos previstos en el Real Decreto-ley 2/2025.
La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha trasladado esta posición en una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que insiste en que Madrid ha actuado “escrupulosamente conforme a la legalidad” y no asumirá medidas fuera del marco normativo vigente.
Un sistema “sin cobertura jurídica”
El Gobierno regional sostiene que el mecanismo extraordinario de traslados quedó limitado a un año desde su entrada en vigor, el 18 de marzo de 2025, por lo que, a su juicio, ya no puede seguir aplicándose.
En este contexto, considera “llamativo” que el Ejecutivo central pretenda prolongar un sistema que, según defiende, carece ya de respaldo legal, especialmente después de haber dado por finalizada la situación de contingencia migratoria.
Además, la Comunidad advierte de que cualquier intento de impulsar nuevos traslados fuera de los procedimientos establecidos “supondrá una actuación contraria a derecho“.
Críticas al modelo de reubicación
Madrid cuestiona también la forma en la que se han realizado algunos traslados, denunciando falta de coordinación institucional y ausencia de valoración individualizada de los menores.
Según la consejera, se han producido situaciones especialmente sensibles, como la separación de hermanos o el traslado de jóvenes que tenían familiares en otras comunidades o incluso empleo y arraigo en su lugar de origen.
A su juicio, estas decisiones han ignorado “la voluntad y la situación personal y familiar” de los menores, llegando a generar escenarios de vulnerabilidad.
Choque político con el Gobierno central
Frente a esta posición, el ministro Ángel Víctor Torres ha defendido la continuidad del sistema de reubicación, que ha permitido el traslado de unos 1.800 menores desde territorios como Canarias, Ceuta y Melilla a la península.
El Ejecutivo central considera que se trata de una medida necesaria por “justicia, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional” y ha avanzado su intención de mantenerla durante la legislatura.
Sin embargo, desde el Gobierno madrileño se acusa al Estado de haber actuado con “imposición” en lugar de cooperación, además de no ejercer adecuadamente sus competencias en materia de inmigración y control de fronteras.
Aviso de acciones legales
Ante este escenario, la Comunidad de Madrid ha lanzado una advertencia directa: si el Gobierno impulsa nuevas iniciativas para prolongar el sistema fuera del marco legal, ejercerá “todas las acciones legales necesarias” en defensa de sus competencias.
El conflicto abre así un nuevo frente entre administraciones en materia migratoria, con implicaciones tanto jurídicas como políticas sobre la gestión de los menores no acompañados en España.