Las persianas bajadas, los escaparates cubiertos con tablones y los establecimientos vacíos se han convertido en parte del paisaje de numerosas ciudades francesas. Las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida ha terminado convirtiéndose en una crisis para miles de pequeños empresarios que, después de un fin de semana de disturbios, se enfrentan a la posibilidad de perder definitivamente sus negocios. Mientras las autoridades intentan contener la violencia, los comerciantes reclaman respuestas que les permitan recuperar una actividad de la que dependen sus familias.
El Gobierno francés ha decidido endurecer las medidas de seguridad con la introducción de toques de queda nocturnos en Lille, Douai, Wattignies y Denain, cuatro localidades del departamento de Norte. La decisión, anunciada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, llega después de varios días de enfrentamientos, robos y ataques contra establecimientos comerciales que han desbordado las previsiones iniciales del Ejecutivo.
Negocios que quizá nunca vuelvan a abrir
Detrás de las cifras de pérdidas económicas hay historias de comerciantes que han visto desaparecer en unas horas el resultado de décadas de esfuerzo. En París, especialmente en los alrededores de la plaza de la República, algunos propietarios todavía intentan comprender cómo podrán reconstruir sus establecimientos.
Una de ellas es Odile, responsable de una farmacia que quedó gravemente dañada durante los altercados. “El trabajo de una vida esfumado en dos horas”, lamentó ante EFE. Su negocio sufrió un incendio que destruyó no solo las instalaciones, sino también buena parte de la documentación necesaria para justificar las pérdidas ante las aseguradoras.
La farmacéutica explica que los daños alcanzaron incluso a los equipos que había adquirido recientemente. Sin embargo, una de las situaciones que más le afecta es la desaparición de un medicamento que había conseguido localizar después de numerosas gestiones para uno de sus pacientes.
A poca distancia se encuentra la tienda de telefonía de Raju Dey, un empresario de origen indio que llevaba 16 años trabajando en el mismo establecimiento. Los responsables del asalto vaciaron prácticamente el local, incluidos los fondos que algunos clientes habían depositado para realizar transferencias internacionales.
“Se lo llevaron todo, hasta el agua”, aseguró a EFE. Ahora, su principal preocupación es cómo afrontar el alquiler y los gastos habituales sin poder continuar con su actividad. El comerciante reconoce que nunca había presenciado unos disturbios de semejante magnitud durante todos sus años en el barrio.
Una factura de cientos de millones
Las organizaciones empresariales francesas advierten de que las consecuencias económicas podrían prolongarse durante meses. Las primeras estimaciones contabilizaban alrededor de 1.500 establecimientos atacados, pero los recuentos posteriores han elevado considerablemente esa cifra. El Ejecutivo sitúa ya en unos 3.000 los comercios afectados, mientras las pérdidas se calculan en cientos de millones de euros.
Los ataques tampoco se han limitado a pequeños negocios. Carrefour ha comunicado incidentes en aproximadamente 50 establecimientos, de los cuales una veintena sufrieron saqueos y actos vandálicos. En París, los grandes almacenes BHV Marais también fueron asaltados por varias decenas de personas que accedieron al edificio y sustrajeron mercancías.
La preocupación del sector comercial se concentra ahora en la capacidad de recuperación de los negocios más vulnerables. Muchos propietarios deberán afrontar reparaciones, sustituir mercancías y continuar pagando gastos fijos sin saber cuándo podrán volver a generar ingresos.
Por ello, las principales asociaciones empresariales han solicitado al Gobierno ayudas extraordinarias, aplazamientos fiscales y una tramitación más ágil de las indemnizaciones. También reclaman facilidades crediticias y mecanismos que permitan mantener el empleo durante los cierres temporales.
Un dispositivo policial muy cuestionado
La gestión de los disturbios ha abierto más críticas para el Ejecutivo. El Ministerio del Interior había calculado una asistencia de unas 150.000 personas a las protestas, pero la participación terminó siendo muy superior: 550.000 manifestantes según el Gobierno y más de 800.000 de acuerdo con los convocantes.
Esta diferencia ha alimentado las críticas sobre la planificación del despliegue policial, especialmente entre los comerciantes que aseguran haber quedado desprotegidos. Las autoridades sostienen que su principal objetivo era evitar víctimas durante los enfrentamientos.
Las fuerzas de seguridad han practicado alrededor de 1.800 detenciones, mientras el Gobierno intenta impedir nuevos episodios violentos mediante restricciones nocturnas.
Para los comerciantes afectados, sin embargo, el debate político queda en segundo plano. La urgencia es recuperar sus medios de vida antes de que los cierres temporales se conviertan en definitivos. Y aunque el Ejecutivo promete acelerar las ayudas, muchos propietarios todavía desconocen cuánto tardarán en recibirlas y si serán suficientes para empezar de nuevo.