Daniel Ortega ha despejado cualquier duda sobre el futuro político de Nicaragua. El presidente nicaragüense aseguró este domingo que en el país no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición acceder al poder, una declaración que supone el rechazo más explícito hasta la fecha a la alternancia democrática y que ha provocado una inmediata reacción de los grupos opositores en el exilio.
Durante el acto multitudinario celebrado en Managua con motivo del 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, Ortega lanzó un mensaje inequívoco: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Sus palabras llegan en un contexto de creciente concentración de poder en torno al matrimonio que forman Ortega y Rosario Murillo, quienes copresiden el país desde la reforma constitucional aprobada este año.
El mandatario, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y ha sido señalado durante años por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por la persecución de opositores, las detenciones arbitrarias y la ausencia de garantías democráticas en los procesos electorales celebrados bajo su mandato.
Un sistema político sin contrapesos
Las declaraciones de Ortega no son un hecho aislado. En febrero de 2025 entró en vigor una profunda reforma constitucional que modificó sustancialmente la estructura del Estado nicaragüense. La enmienda eliminó el tradicional equilibrio entre poderes, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y creó la figura de la copresidencia, ocupada actualmente por Rosario Murillo.
La reforma establece además que el Ejecutivo coordina al resto de órganos del Estado, que han dejado de ser considerados poderes independientes, y contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad nicaragüense en determinados supuestos. Las modificaciones han sido cuestionadas por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el Parlamento Europeo.
En teoría, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, la ampliación del mandato presidencial retrasa esa cita electoral hasta 2027. Ahora, las palabras del propio Ortega han abierto un nuevo interrogante sobre si esos comicios llegarán siquiera a celebrarse bajo estándares democráticos.
Durante su intervención, el dirigente sandinista acusó a los opositores exiliados de pretender llegar al poder para enriquecerse y anunció nuevas medidas legislativas destinadas a impedirlo. Según explicó, trabajará junto a la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para aprobar leyes que levanten “un muro” contra quienes calificó de “golpistas” y “vendepatrias”.