La denuncia es de una gravedad extraordinaria y ya ha provocado una reacción dentro del Ministerio de Defensa. Amnistía Internacional asegura haber documentado en Ceuta posibles torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas migrantes y solicitantes de asilo atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas españolas. Unas acusaciones que el departamento dirigido por Margarita Robles ha decidido trasladar a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta.
El informe de Amnistía Internacional, publicado el 30 de septiembre, recoge los resultados de una investigación realizada sobre el terreno entre los días 10 y 15 de ese mes. Durante aquella visita, representantes de la organización recorrieron diferentes puntos de Ceuta, mantuvieron reuniones con periodistas, organizaciones sociales, la Fiscalía y representantes del Gobierno de la ciudad autónoma y entrevistaron a más de 65 migrantes y solicitantes de protección internacional.
De esas conversaciones, Amnistía Internacional recopiló 22 testimonios directos que atribuyen a militares desplegados en la ciudad comportamientos que incluyen palizas, hostigamiento, humillaciones, amenazas, sustracción de dinero y confiscación o destrucción de teléfonos móviles. La organización apunta especialmente a integrantes de unidades de Regulares y de la Legión, aunque será ahora la investigación correspondiente la que deberá determinar la veracidad de las denuncias y, en su caso, las responsabilidades individuales.
Los testimonios que ha recogido Amnistía Internacional
Las acusaciones recogidas por Amnistía Internacional van más allá de episodios aislados de enfrentamientos entre militares y migrantes. La organización sostiene que los testimonios obtenidos durante su investigación permiten apreciar un posible patrón de comportamiento contra personas de diferentes edades y géneros.
Entre las más de 65 personas entrevistadas había 31 menores de entre 13 y 17 años y 26 mujeres, dos de ellas embarazadas. También fueron entrevistadas personas procedentes de Marruecos, Argelia, Somalia y Yemen, algunas de las cuales habían solicitado asilo o manifestaban su intención de hacerlo.
Uno de los aspectos más graves del informe de Amnistía Internacional son los testimonios de jóvenes que aseguran haber sido golpeados con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados. La organización afirma haber observado lesiones y marcas que, según su valoración, resultarían compatibles con algunos de esos relatos.
También aparecen denuncias sobre insultos y amenazas para que los migrantes abandonaran Ceuta, interrupciones deliberadas del sueño, golpes en la cabeza y la espalda y diferentes formas de humillación. Amnistía recoge además testimonios de personas que aseguran haber sido obligadas a arrodillarse, así como denuncias de vejaciones dirigidas contra mujeres.
Amnistía Internacional sostiene que algunos de estos episodios, por su gravedad, podrían constituir tortura. La organización también asegura haber tenido acceso a vídeos e información relacionada con actuaciones nocturnas, empleo de sustancias irritantes y posibles expulsiones sumarias. La calificación jurídica definitiva, sin embargo, dependerá de las investigaciones abiertas y de las conclusiones que alcancen las autoridades competentes.
Defensa lleva el informe ante la Justicia
La respuesta del Ministerio de Defensa no se hizo esperar. Tras conocerse el contenido del informe de Amnistía Internacional, el departamento dirigido por Margarita Robles decidió remitir la documentación a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta.
Paralelamente, Defensa ha encargado al Mando de Operaciones una investigación interna destinada a esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades individuales. El objetivo expresado por el Ministerio es investigar cualquier conducta irregular y, al mismo tiempo, preservar el buen hacer y el nombre del conjunto de las Fuerzas Armadas.
La situación ha generado también una reacción desde la representación profesional militar. La Asociación de Tropa y Marinería Española ha reprochado a Amnistía Internacional que no dé una atención equivalente a las agresiones sufridas por los efectivos desplegados en Ceuta y ha defendido que cualquier acusación respaldada por pruebas sea llevada ante los tribunales.
La propia Amnistía reconoce en su informe la complejidad de la situación a la que se enfrentan militares y fuerzas de seguridad. La organización recuerda que se han producido detenciones de personas migrantes por presuntas agresiones a efectivos, pero sostiene que esa circunstancia no exime a las autoridades de respetar los derechos fundamentales y la legislación nacional e internacional durante sus intervenciones.
La ONU pide una investigación independiente
El caso ha adquirido además dimensión internacional. El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Pau Pérez-Sales, ha mostrado su preocupación por la gravedad de las acusaciones recogidas por Amnistía Internacional y ha reclamado que las denuncias sean investigadas de manera «pronta, efectiva e independiente».
El experto de Naciones Unidas ha considerado positivo que Defensa haya remitido la información a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia, aunque ha subrayado que determinar si existieron actos de tortura exige una investigación independiente y con garantías. España, como parte de la Convención contra la Tortura, tiene obligaciones internacionales para esclarecer denuncias de esta naturaleza.
El informe de Amnistía Internacional no se limita, además, a los presuntos abusos de militares. La organización denuncia las condiciones en las que continúan viviendo numerosos migrantes en Ceuta, con menores y mujeres permaneciendo en la calle, dificultades para acceder a alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria y situaciones que considera especialmente peligrosas para los colectivos más vulnerables.
Las acusaciones entran ahora en una fase diferente. Lo que hasta el momento constituye una investigación y una denuncia de Amnistía Internacional ha llegado ya a las autoridades judiciales y ha provocado pesquisas dentro de las propias Fuerzas Armadas. Corresponderá a esas investigaciones establecer qué ocurrió realmente, comprobar los testimonios y determinar si existieron conductas delictivas o responsabilidades disciplinarias entre los militares desplegados en Ceuta.