Este miércoles pasará a la historia política de Colombia tras la medida impulsada por una mujer. Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ha firmado un auto que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. La medida, sin precedentes en el país, estará vigente desde el 10 de junio hasta las 4:00 de la tarde del 21 de junio, hora del cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Arizabaleta fundamentó la polémica decisión en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 y señaló al menos 22 mensajes publicados por Petro que, según el documento, “se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”. Según informa la prensa colombiana, la medida pasa ahora al Senado, instancia facultada por la Constitución para decidir si la mantiene en firme.
Quién es Gloria Arizabaleta
Nacida el 24 de mayo de 1968 en Cali, Gloria Elena Arizabaleta Corral es abogada especializada en los derechos humanos, el derecho penal y la atención a víctimas del conflicto armado colombiano. Se graduó en la Universidad San Buenaventura y completó especializaciones en Derecho Penal, así como estudios de maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad Sergio Arboleda. Su formación se amplió con estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X El Sabio, en España.
Su recorrido profesional comenzó en 1993 en la Fundación Proambiental CELA, donde trabajó en la conservación del agua y sistemas ecológicos. En 1998 ingresó en la Cruz Roja colombiana, donde centró su labor en la protección de la vida y la dignidad humana.
Solo quedan 3 días y las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso y el Gobierno no tienen decisiones sobre el presupuesto. pic.twitter.com/V2juwXW6Ct
— Gloria Arizabaleta – Congresista Vallecaucana 🦋 (@GloArizabaleta) September 22, 2024
En el sector público, ocupó el cargo de fiscal delegada de restitución de tierras en 2010, participando en procesos de devolución de territorios a comunidades víctimas del conflicto. Entre 2014 y 2021 se desempeñó en la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante Tribunal de Distrito y como directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad, siempre con el foco puesto en la protección de víctimas.
En 2022 llegó a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, elegida según la web oficial por 371.257 votos. Ella fue en la lista de la coalición Pacto Histórico, sí el mismo partido que Petro. Es decir, quien ordena la suspensión provisional del presidente colombiano es de sus propias filas.
En el Congreso colombiano forma parte de la Comisión IV Constitucional Permanente y de varias comisiones accidentales sobre agua, biodiversidad y riesgos de desastres. En 2025 fue elegida presidenta de la Comisión de Acusaciones para el periodo 2025-2026, con 15 votos a favor. Ese cargo la sitúa hoy en el centro de la mayor crisis institucional del mandato de Petro.
Su nombre también aparece ligado al del exsenador y exembajador Roy Barreras, con quien estuvo casada y con quien cofundó el partido La Fuerza de la Paz. Para las elecciones regionales de 2023, Arizabaleta solicitó desvincularse por completo de las estructuras políticas de su exmarido con el fin de consolidar su independencia legislativa.
Un expediente que acumula 290 causas
Según informa la prensa colombiana, el contexto en el que se produce la decisión de suspender es por la acumulación sostenida de causas contra el presidente. Hasta el 5 de junio de 2026, Petro suma 290 procesos radicados en la Comisión. Al menos 60 apuntan a presunta participación en política a través de pronunciamientos en redes sociales durante procesos electorales. Otro bloque agrupa denuncias por financiación de la campaña presidencial de 2022, con señalamientos de posibles violaciones de topes electorales e ingreso de dinero no declarado. Según informan los medios locales, la Corte Constitucional ha ratificado que la Comisión de Acusaciones es la única instancia con “fuero integral” para procesar al presidente por estas acusaciones. Así, la decisión de Arizabaleta abre un terreno institucional inédito en Colombia. El Senado tiene ahora la última palabra.