Resulta irónico que la sentencia del “caso mascarillas”, se haya dado a conocer, precisamente, en la festividad de Santo Tomás Moro, el patrón de los políticos, los gobernantes y los abogados, un hombre que fue ejecutado por orden de Enrique VIII por su defensa de la fe y la conciencia frente al poder político.
Es importante, además, que el fallo haya sido adoptado por unanimidad de una Sala compuesta por magistrados de tendencia conservadora y progresista que han dado validez a todas las acusaciones que afrontaban José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Los tres formaron un grupo criminal que se enriqueció aprovechando su posición de poder. La sentencia ha hecho suya la frase que el fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pronunció en su informe final durante el juicio: “La corrupción política está carcomiendo el sistema democrático”. Es precisamente esta tesis la que ha llevado a los jueces de la Sala Segunda a “premiar” a Víctor de Aldama por su colaboración con la Justicia en este y en otros procesos, y a suspender la ejecución de su pena.
Hay, eso sí, una cosa en la que no estoy de acuerdo con el tribunal sentenciador: que haya eximido a Aldama de pagar la multa de 3,7 millones que había pedido el fiscal por el dinero que se llevó por sus contratos de las mascarillas. Devolver lo robado también hubiera sido ejemplificante de cara a la opinión pública,
Pedro Sánchez eludió ayer pronunciarse sobre el fallo que ha condenado al que fuera su mano derecha. El presidente no ha asumido responsabilidad política alguna por la actuación de su exministro de Transportes, ni lo va a hacer. Perdamos toda esperanza. Para evitar preguntas incómodas, el argumentario del Gobierno, del PSOE y de sus satélites periodísticos, se ha centrado en estas últimas horas en decir que el Supremo ha premiado al corruptor, cuando no es así, lo que ha premiado es que Aldama haya aportado pruebas y datos que demostraron que él, Ábalos y Koldo se lo estaban llevando crudo en este caso y en otros que todavía están en fase de instrucción. Todo ello, no lo olvidemos, en plena pandemia. Y, no olvidemos tampoco que, cuando empezó a confesar, Pedro Sánchez contestó con un “menuda inventada”.
Resulta curioso, además, que, los mismos que se rasgan las vestiduras ahora por la suspensión de la ejecución de su pena, sean los mismos que indultaron de manera parcial al concejal del PP, José Luis Peña, el denunciante del caso Gürtel.
Al conocer la sentencia, Víctor de Aldama no ocultaba su satisfacción por una estrategia arriesgada que, sin embargo, le ha salido bien, probablemente gracias a su abogado, José Antonio Choclán. En las mismas puertas del Supremo, el comisionista lanzaba un aviso a navegantes: “Espero que los que vienen detrás colaboren”. Y es probablemente esto, lo que ha despertado el nerviosismo en las filas del PSOE: la posibilidad de que el supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez; la secretaria del ex, presidente; Gertrudis Alcázar, o Leire Díez, se presten a colaborar con la justicia y a desvelar todo lo relativo al caso Plus Ultra y a las cloacas que supuestamente se orquestaron desde la calle Ferraz. Puede que la pesadilla no haya hecho más que empezar. El tiempo y la Justicia lo dirán.