Irene Montero ha encontrado la solución a todos nuestros problemas: que baje todo.
Que baje el precio de la vivienda, de los alimentos, de la energía, de la gasolina…Solo le faltó pedir que siempre haya sitio para aparcar y que los aguacates maduren exactamente cuando quieres comértelos.
Lo planteaba hace unos días en un vídeo electoral en Instagram, como si España tuviera un panel de control y el Gobierno llevara años negándose a pulsar el botón de bajar. Como si el precio de una barra de pan dependiera exclusivamente de la voluntad política y no del trigo, la electricidad, el transporte, los salarios, los impuestos, el alquiler y todo lo demás que cuesta producirla y venderla.
El problema no es querer que bajen los precios. Yo también quiero llenar el carro de la compra por treinta euros. La diferencia entre una carta a los Reyes Magos y un programa electoral debería ser explicar cómo piensas conseguirlo.
Pero Montero no explica. Habla de la economía como quien da órdenes a Alexa. Y si los precios no bajan, será porque alguna gran empresa, algún rico o algún especulador se está quedando con el dinero.
La realidad es bastante menos sencilla. El Banco de España ha señalado que el encarecimiento de los alimentos se explica, entre otras cosas, por el aumento de los costes energéticos, las materias primas y los fenómenos meteorológicos extremos. Se puede vigilar que no haya abusos, fomentar la competencia o sancionar acuerdos entre empresas. Lo que no se puede hacer es decretar que esos costes han dejado de existir.
Porque capar un precio no elimina su coste. Solo obliga a decidir quién lo asume.
Puede asumirlo el agricultor, cobrando menos. El supermercado, reduciendo su margen. El trabajador, con menos empleo o peores condiciones. El contribuyente, mediante subvenciones. O puede no asumirlo nadie y entonces el producto desaparece, pierde calidad o llega en menor cantidad.
El precio no desaparece. Cambia de dirección.
Y aquí llega la parte más interesante. Mientras exige que bajen los precios, Irene Montero también ha defendido elevar el salario mínimo hasta los 1.800 euros desde los 1.221 euros actuales y reducir la jornada laboral a treinta horas semanales.
Mejorar los salarios y reducir la jornada pueden ser objetivos perfectamente defendibles. Lo que no se puede hacer es fingir que no afectan al coste de producir.
Si ambas medidas se aplicaran conjuntamente, es decir, si los 1.800 euros correspondieran a una nueva jornada completa de treinta horas, el salario mínimo por hora prácticamente se duplicaría: aumentaría alrededor de un 97%.
Eso puede ser fantástico para el trabajador que conserve su empleo y para la empresa cuya productividad permita asumirlo. Pero en la agricultura, el pequeño comercio, la limpieza, la hostelería o la industria más intensiva en mano de obra, la cuenta no desaparece porque Irene Montero diga “política social” tres veces delante de una cámara.
Si una panadería tiene que pagar mucho más por cada hora de trabajo, necesita más empleados para cubrir el mismo horario y, además, no puede subir el precio del pan porque se lo has topado, la diferencia sale necesariamente de su margen.
Y los márgenes no son infinitos. Cuando ya no alcanzan para absorber el aumento de los costes, el ajuste acaba llegando a otra parte: menos contratación, menos inversión, reducción de plantilla, peor calidad o cierre.
La AIReF estimó que la subida del salario mínimo de 2023 habría reducido la creación de empleo entre 55.000 y 85.000 afiliados. Un dato incómodo para el populismo: las políticas tienen costes y consecuencias. Beneficiar a alguien puede perjudicar a otro. Gobernar consiste precisamente en medir esos efectos, no en fingir que no existen.
La propia AIReF también ha advertido este año de que los costes laborales unitarios están aumentando en España mientras la productividad permanece estancada. Es decir: cada unidad producida cuesta más en trabajo y no estamos produciendo mucho más a cambio.
El resultado de las propuestas de Montero sería elevar drásticamente el coste mínimo por hora, reducir el tiempo trabajado y evitar que las empresas trasladen ese incremento a los precios.
Salarios arriba. Horas abajo. Precios abajo. Márgenes comprimidos. Eso no es una política económica. Es esconder la factura y fingir que la cena ha salido gratis.
La ecuación solo podría cuadrar con un enorme aumento de la productividad, una reducción de otros gastos, energía más barata, menos impuestos o subvenciones públicas. Pero Montero no explica qué inversiones permitirían producir más por hora, qué trabas eliminaría, cómo aumentaría la competencia o de dónde saldría el dinero.
Simplemente promete que todo será más barato y que todos cobraremos más.
Y el vídeo no termina ahí. En la misma enumeración, Montero añade que estas elecciones también deben servir para que haya paz, para que nuestros hijos no vayan a la guerra y para que el dinero se destine a sanidad y educación en lugar de a armas.
De nuevo, parte de un objetivo con el que nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo. ¿Quién quiere que sus hijos vayan a la guerra?
Pero la paz no consiste únicamente en que no haya una guerra al otro lado de nuestras fronteras. También consiste en que quienes están dentro de ellas puedan vivir seguros y en que el Estado sea capaz de protegerlos. Y ahí la realidad vuelve a ser bastante menos bonita que el eslogan. Desde el inicio de la crisis migratoria de julio, la Fiscalía ha contabilizado en Ceuta 23 agresiones sexuales contra personas migrantes. Nueve de las víctimas eran menores y cinco de los casos fueron violaciones.
Esas niñas no necesitaban una declaración solemne sobre la paz. Necesitaban policía, jueces y unas instituciones capaces de garantizar su seguridad. Porque hablar de paz en abstracto es muy fácil. Lo difícil es gestionar una crisis, proteger a las víctimas y garantizar que la ley se cumpla.
Todo el vídeo responde a la misma fórmula: enumerar objetivos deseables sin explicar cómo alcanzarlos, cómo hacerlos compatibles ni quién asumirá el coste.
Irene Montero no está ofreciendo un programa de gobierno. Está ofreciendo una colección de resultados felices sin decisiones incómodas, consecuencias imprevistas ni facturas que pagar.
Pero gobernar no consiste en elegir qué cosas queremos que suban y cuáles queremos que bajen. Consiste en explicar cómo, a costa de qué y con qué consecuencias.
El botón de bajar funciona muy bien en Instagram. En la economía real, alguien siempre paga la diferencia.