La legislatura de Pedro Sánchez ya no parece desgastarse por la oposición. Se está desgastando sola. Lentamente. Una estructura que continúa en pie aunque todo el mundo perciba que algo cruje por dentro. Y lo que cruje no es únicamente la estabilidad parlamentaria del PSOE. Es algo más delicado: la confianza moral de una parte de su electorado.
Porque durante años muchos votantes progresistas sostuvieron una idea muy concreta sobre la izquierda institucional. Que podía equivocarse, sí. Que podía gestionar mejor o peor. Pero que existía una diferencia ética respecto a otras formas de ejercer el poder. Que frente a la corrupción sistémica del PP había una cultura política distinta, más limpia, más consciente de la responsabilidad pública. Y precisamente por eso el golpe emocional de los últimos meses resulta tan devastador. Porque cuando quienes prometían regeneración empiezan a aparecer rodeados de sospechas, contratos opacos, amistades incómodas y nombres investigados, el desencanto no es político. Es personal.
La investigación que afecta al entorno político y personal del presidente ha convertido otra vez a la justicia en protagonista diaria del debate público. Pero aquí conviene hacer una distinción importante. Porque no todos los actores judiciales se comportan igual. Y eso también importa.
Por un lado está el juez Juan Carlos Peinado, convertido casi en un personaje mediático. Un magistrado cuya instrucción ha sido cuestionada incluso por juristas de perfiles ideológicos muy distintos. Filtraciones constantes, movimientos judiciales difíciles de entender y una sensación de espectáculo permanente han acabado erosionando parte de la credibilidad del proceso. A veces parece más interesado en ocupar titulares que en proteger el rigor judicial.
Y enfrente aparece la figura de la fiscal Elena Lorente, la fiscal anticorrupción que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero. Su perfil transmite justo lo contrario: prudencia, seriedad, discreción. En una época donde tantos operadores políticos y judiciales parecen competir por el foco, Lorente representa algo casi antiguo: una funcionaria que entiende que la justicia no está para alimentar tertulias ni para construir personajes públicos. Y quizá por eso destaca tanto.
Pero aunque este caso todavía tenga muchas incógnitas, el desgaste político ya es irreversible. Porque no llega aislado. Llega después del caso Koldo, Ábalos, Santos Cerdán. Después de las sospechas sobre contratos públicos durante la pandemia. Después de las polémicas internas en ministerios clave. Después de años en los que cada pocas semanas aparece una nueva filtración, un nuevo mensaje, una nueva amistad incómoda alrededor del poder.
Y llega un momento en que el ciudadano deja incluso de distinguir los detalles de cada caso. Lo que queda es una sensación de saturación moral. De agotamiento. De asco.
No hablo del enfado del adversario político. Hablo de otra cosa. Del cansancio profundo de quienes todavía quieren creer que la política puede ejercerse con honestidad. De quienes no necesitan héroes, pero sí unos mínimos éticos. Porque la corrupción no destruye solo dinero público. Destruye confianza. Rompe la idea de comunidad. Convierte la política en un lugar donde la ciudadanía ya no espera ejemplaridad, sino simplemente intenta decidir qué decepción le parece menos insoportable.
Y quizá por eso esta legislatura transmite ya una sensación de final lento. No porque vaya a caer mañana. Sino porque parece haber perdido algo fundamental: autoridad moral. Y cuando un gobierno pierde eso, empieza a sobrevivir más que a gobernar.
Los que todavía creemos en la honradez pública miramos todo esto con una mezcla difícil de explicar. Tristeza, sí. Pero también una enorme fatiga democrática. Porque queremos seguir pensando que existen servidores públicos íntegros, fiscales rigurosas como Elena Lorente, funcionarios honestos y políticos capaces de entender el poder como un servicio y no como un refugio de privilegios. Cada nuevo escándalo hace más difícil sostener esa esperanza sin sentir una profunda decepción.