Elena Lorente no es nueva en esto. Lleva desde 1990 en la carrera fiscal y desde noviembre de 2006 forma parte de la Fiscalía Anticorrupción, a la que llegó procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tiene 62 años, una trayectoria larga en los casos más difíciles y una reputación que sus compañeros resumen sin rodeos: es técnicamente buena, muy discreta y “tozuda como buena aragonesa”. No se deja influenciar. Lo demostró con Rodrigo Rato.
Hace casi dos años, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al exvicepresidente del Gobierno a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. Fue una condena que llevaba detrás años de trabajo y un juicio que la propia Lorente describió como “largo y duro”. Durante la vista oral, Rato no escatimó en reproches hacia la fiscal. “¡El respeto se gana!”, le llegó a espetarle desde el estrado.
Lorente es la fiscal que ha iniciado el proceso judicial contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lleva meses investigando el caso en coordinación con organismos internacionales. Incluso apoyó el intento de registrar el domicilio personal de Zapatero, aunque el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, lo rechazó.
En otoño de 2024 fue colocada al frente de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. La aerolínea recibió 53 millones de euros del Gobierno español el 9 de marzo de 2021, a través del Consejo de Ministros, en plena crisis pandémica. Lo que investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid es si parte de ese dinero público se utilizó para devolver préstamos contraídos con sociedades vinculadas a una organización criminal con ramificaciones en Venezuela.
Fue Lorente quien puso en marcha esta causa. Según informa El Mundo, presentó una primera denuncia ante la Audiencia Nacional, que fue rechazada en noviembre de 2024 por falta de competencia. No paró ahí. Respaldada por su jefe, el fiscal jefe Alejandro Luzón, siguió investigando con sigilo hasta que presentó una segunda denuncia que ha logrado reabrir el caso en el juzgado de Plaza de Castilla.
Los préstamos que rastrean juez y fiscal ascienden a 1,3 millones de euros, solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 a sociedades del financiero holandés Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y señalado por los investigadores como cabeza de una banda criminal. La hipótesis es que esos préstamos se devolvieron usando el dinero del rescate público.
El propio Zapatero, cuya relación con el régimen venezolano es conocida, habría intercedido para que la aerolínea recibiera la ayuda pública, según declaró el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Lorente lleva décadas en este terreno. Ha dirigido causas como los casos Pescanova o Parquesol, en el que obtuvo la primera condena de la Audiencia Nacional por uso de información privilegiada. También llevó el proceso contra Cedric Cañas, exasesor del entonces consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, aunque en ese caso el acusado acabó absuelto. Su especialidad es el blanqueo de capitales, que es exactamente lo que está en el centro de la investigación sobre Plus Ultra.
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