José Luis Rodríguez Zapatero creó y dirigió desde una oficina enfrente de la sede del PSOE en Ferraz un entramado a través de una “finance boutique” para cobrar comisiones millonarias por favores del Gobierno de España, de Venezuela, China y Emiratos Árabes. Así lo detalla el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha citado como investigado, que se centra en seis años de actividad, desde que la aerolínea Plus Ultra se puso en contacto con la trama el 23 de marzo de 2020 para conseguir un rescate público de 53 millones, para los que falsificó su situación contable y consiguió que la Seguridad Social le borrara una deuda que le impedía recibirlo.
El 16 de junio de 2020 Rodolfo Reyes preguntó a Roberto Roselli (directivos venezolanos de Plus Ultra) si “la boutique financiera” puso un precio a sus servicios, a lo que Roselli responde que todavía no, pero que (Julio Martínez Martínez) habló de la “boutique” y que si sacan algo vale la pena pagar (Rodolfo Reyes: “La boutique financiera te hablo de costos?” Roberto Roselli: “Todavía no pero ya nos habló de ella jajajajajaja. Pues si saca algo merece el pago”, recoge el auto.
Pero los negocios de la trama iban más allá de esta ayuda pública a Plus Ultra, y existían antes, según concreta el juez, de los que se beneficiaban el expresidente y sus hijas. “El contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura”, constata.
Información privilegiada y cuantías
Los propios investigados se refieren como “equipo” y “boutique financiera” a este grupo constituido para llevar a cabo su actividad de tráfico de influencias, y hablan de Zapatero de manera discreta, como “Z” o con alusiones, frente a directivos de Plus Ultra, que le mentan y se refieren explícitamente a cómo va a conseguir que el Gobierno les dé la ayuda con frases como: “Si ‘bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. La red accedió a información privilegiada para sus clientes: “Camilo [Ibrahim Issa] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”.
El juez atribuye a Zapatero y sus hijas el cobro de al menos dos millones de euros de la trama sobre Plus Ultra y del think tank prochino Gate Center, aunque si se cotejan otros pagos de empresas como Inteligencia Prospectiva ascenderían a al menos tres. Esta mercantil ha sido registrada este martes junto con la oficina de Zapatero, la sede de la empresa de sus hijas, Whathefav, y el despacho Softgestor.
Mecanismos y tapaderas
Los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos, articulando para ello dos líneas de influencia diferenciadas, una a través de José Luis Ábalos, y otra a través de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea durante la investigación, finalmente fue la vía de Zapatero la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos, reseña el juez.
La investigación ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por Zapatero, sustentada en sus contactos, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado.
La actuación de esta red se desarrollaría bajo una apariencia formal de asesoramiento, representación institucional o consultoría estratégica, mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros, encubriendo en realidad una operativa dirigida a obtener decisiones administrativas favorables a cambio de contraprestaciones económicas.
Distintas funciones
La red se encuentra estructurada, asumiendo distintas funciones cada uno de sus participes. Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico, liderazgo que no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.
Julio Martínez Martínez actúa como lugarteniente principal y figura visible. Asume el contacto directo con los clientes, ejecuta las instrucciones de Zapatero y encabeza formalmente el entramado societario utilizado para canalizar los fondos, tanto en España como en territorios offshore. Por ejemplo, Dubái, donde el expresidente ordenó crear una sociedad. Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma el juez, se creó al menos una sociedad off shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años.
En un segundo nivel junto a Martínez se sitúa Aarón Fajardo García, y en un tercero, María Gertrudis Alcázar Giménez (secretaria de Zapatero) y Cristóbal Cano Quiles, gestores de la operativa diaria.
Otros países y negocios
La mayoría de actividades que se detallan son ante el Gobierno español, con una relación directa con Venezuela, aunque también lo hacía con autoridades y operadores económicos de China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, “con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilita operaciones comerciales de gran escala”.
Las gestiones orientadas a obtener “la ayuda pública española” se extendieron a una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de Plus Ultra.
“Las evidencias analizadas -conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros-, permiten sostener que José Luis Rodríguez Zapatero ejerce un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa”, concluye el juez, que le imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales y le ha citado a declarar el 2 de junio.
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