El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado a declarar como imputado el 2 de junio como “presunto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo” en Plus Ultra y más allá, en la causa que investiga la Audiencia Nacional a partir del rescate público de la aerolínea y de la que acaba de levantar el secreto. Las investigaciones efectuadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en los últimos meses implican al antiguo secretario general del PSOE en el cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos y han llevado a su imputación, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado Artículo14.
En la mañana de este martes la UDEF ha lanzado una nueva operación en la que se está registrando la oficina del expresidente y otras tres mercantiles, entre ellas, la empresa de sus hijas, Whathefav. Las otras dos son Inteligencia Prospectiva SL, que pertenece a los Amaro Chacón, familia venezolana con negocios con PDVSA, y que es cliente de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y el despacho Softgestor.
Asimismo, se ha requerido información a la SEPI y a la empresa china Aldesa.
En un auto de 85 páginas, el juez José Luis Calama establece que Zapatero es el presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma el juez, se creó al menos una sociedad ‘off-shore’ en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.,
Los orígenes de la investigación
La Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar en el otoño de 2024 presunto lavado de dinero en el rescate de Plus Ultra en una causa que se centró en empresarios venezolanos, peruanos y un suizo, y que finalmente apuntó a Zapatero cuando se detuvo el pasado diciembre a Julio Martínez Martínez, cliente de las hijas del expresidente y amigo de éste, que se hizo bróker aéreo tras el rescate de Plus Ultra.
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional aceptó en un auto del pasado 3 de marzo llevar una causa que había rechazado en noviembre de 2024 y que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros del rescate que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, e investiga, al mismo tiempo, el presunto blanqueo de fondos públicos de programas CLAP para alimentar a la población y de oro de Venezuela en varios países y a través de cuentas y sociedades en Panamá y Emiratos Árabes, a partir de unas actuaciones de la Fiscalía de Ginebra, primero, y París, después, y una denuncia de Anticorrupción por blanqueo de capitales.
Nuevos delitos
El auto de prórroga reveló que las Diligencias Previas 77/2024 investigan ya los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, “delitos que por su propia naturaleza exigen una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja. La estructura delictiva investigada presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras que requieren un análisis detallado y progresivo de la documentación intervenida”, blande.
El magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central nº2 se descartó en noviembre de 2024 por motivos personales, y su sustituto, Calama, del Juzgado nº4, sostuvo que la Audiencia Nacional no era competente, lo que la Sala de lo Penal refrendó.
En aquella fechas se registraron inmuebles en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca con autorización del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales y tras la denuncia del Ministerio Público español contra los empresarios nacidos en Perú Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu y Kristhian Alegre Walter; los venezolanos Danilo Diazgranados y Gabriela Puente Garaboa, y un acreedor suizo de la aerolínea, Simon Leendert Verhoeven, entre otros, que formarían una trama que según Anticorrupción tendría entre sus clientes al exviceministro chavista Nervis Villalobos. Algunos de ellos fueron detenidos y declararon en Suiza y Francia. Pero estas actuaciones secretas realizadas en el otoño de 2024 en España no trascendieron.
Esta inhibición habría podido retrasar la causa y que algunos de los investigados por la Fiscalía tuvieran facilidades para salir de España y reorganizar sus actividades.
En un momento indeterminado del otoño de 2025, la juez Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid asumió este proceso, que declaró secreto el pasado 11 de noviembre, y abrió una pieza separada, lo que saltó a la luz el 11 de diciembre cuando registró la sede de Plus Ultra y detuvo al CEO y el dueño de la aerolínea, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, respectivamente, además de Julio Martínez Martínez.
La causa de la SEPI
La apertura de la pieza separada plantea la reactivación de la causa sobre la concesión del rescate por la SEPI que instruyó Collazos y en la que estaban imputados dos secretarias de Estado, una subsecretaria, un secretario general, dos cargos de la SEPI, y Plus Ultra y que se ha dado por definitivamente archivada. El auto de la jueza de 5 de enero de 2023 decretó el “sobreseimiento provisional y archivo”, lo que supone que se detiene temporalmente un proceso penal, permitiendo que la causa se reabra si surgen nuevos indicios, aunque algunas fuentes creen sin embargo que el hecho de que el sobreseimiento provisional se debiera a un vencimiento del plazo para investigar impediría que se pueda reabrir.
Un rescate que José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Koldo García, Ángel Víctor Torres y mensajes volcados por la UCO han vinculado ya en varias ocasiones a Zapatero, sobre todo a partir del verano de 2025, de lo que las diligencias de la juez habrían encontrado indicios.
El pasado enero ABC desveló la intención de la jueza de inhibirse ante la aparición de nuevos delitos y su amplio espectro internacional. La causa volvió a Calama, mucho más armada y pública, y decidió asumirla. Menos de tres meses después Zapatero ha sido imputado.
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