La Fiscalía avala la decisión del juez José Luis Calama de investigar la presunta comisión de 200.000 euros que cobró el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por intermediar entre una empresa y el Gobierno de Bolivia. Para la fiscal Elena Lorente, no es ni es patente de corso, ni sorpresivo, ni prospectivo. Así se recoge en su último informe, en el que pide a la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional que rechace el recurso interpuesto por Zapatero para anular esa parte de la investigación.
Además, la defensa del expresidente se quejaba del acceso a su información bancaria por parte de la UDEF. Pero la fiscal le afea esta queja sacando a colación una ley de 2010 creada por su propio Gobierno: “Cuestionar a estas alturas el acceso de la Policía a los informes del SEPBLAC resulta anacrónico y muestra cierta ceguera a los avances que desde el año 2010 han acaecido en nuestro país con la implementación de las Directivas de la Unión Europea de blanqueo”.
Y añade la fiscal: “En efecto, en esa Ley de blanqueo aprobada en el año 2010 era deseo del legislador el de prevenir el blanqueo de capitales, imponiendo unas obligaciones de información a los llamados sujetos obligados”. Como lo era también el de que las instituciones del Estado -Jueces, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Agencia Tributaria- “aunaran fuerzas” en la intercomunicación bidireccional con el Servicio de Prevención para perseguir comportamientos delictivos, según Lorente.
Asimismo, la fiscal se refiere a las palabras utilizadas por Víctor Moreno Catena, abogado de Zapatero, que en su último recurso mencionó que la investigación estaba incurriendo en una “patente de corso” con las últimas pesquisas del juez. Si bien, la fiscal contrapone esta versión y cierra filas en torno al juez: “La referencia corsaria no sólo es que choque con la forma en que se está llevando la instrucción, con autos razonados milimétricamente, sino que implica una concepción contraria a derecho de lo que es una instrucción judicial”.
La fiscal rechaza también la idea de que se está incurriendo en una investigación prospectiva como denuncia la defensa de Zapatero. Es decir, sus abogados consideran que el juez está investigando toda su vida y obra hasta encontrar algún indicio delictivo. Práctica contraria a la ley a la que se intentan agarrar muchos investigados para tumbar las causas judiciales.
Para el ministerio público, esa queja tiene más que ver con “el deseo de que la investigación quede circunscrita a lo que la defensa considera más conveniente”, haciendo una peculiar interpretación de lo que es “objeto del procedimiento”.
Las ramificaciones del caso
Para Lorente, el objeto de la investigación va más allá de la posible comisión de 530.000 euros -que cobró de Plus Ultra– por intermediar con el Gobierno para que concediera a la compañía un rescate de 53 millones de euros públicos. La fiscal cree que el procedimiento se puede ampliar si se encuentran indicios nuevos. Recuerda a Zapatero que el caso de Bolivia no se encontró “de forma sorpresiva” sino que ya estaba presente en uno de los primeros informes de la UDEF. Incluso ante Calama, Zapatero fue preguntado por su relación con la sociedad que presuntamente canalizó el pago de la mordida de 200.000 euros.
Para el ministerio público, estos hechos son una prueba más de la comisión de un delito de tráfico de influencias: “Ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción. Existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal”, asevera Lorente.
“A la presunta influencia del investigado para lograr la ayuda pública recibida por PLUS ULTRA, resulta que se suma la presunta influencia del mismo para lograr una “oportuna” resolución de las autoridades de Bolivia. En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado”, zanja la fiscal.
Cabe recordar que el informe de la UDEF dice que el expresidente cobró una mordida de 200.000 euros del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial que tenía problemas con la justicia boliviana. Los agentes creen que cobró a través de una empresa interpuesta llamada Focus Social Research. Intentaron justificar la factura como “servicios de asesoría”.
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