La mañana del martes arrancó con imágenes inusuales en el entorno de la sede del PSOE en Madrid: agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional accedían al despacho que José Luis Rodríguez Zapatero mantiene en la calle Ferraz. Era la consecuencia directa de una resolución del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que había acordado esa misma mañana citar al expresidente como investigado para el próximo 2 de junio y ordenar el registro de su oficina y de otras tres mercantiles con posibles vínculos en la trama.
Además del despacho de Zapatero, los agentes se personaron en Whathefav, la empresa de marketing que regentan las hijas del expresidente, así como en otras dos sociedades: Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Las dos hijas de Zapatero se encontraban presentes durante el registro de su empresa, acompañadas de su abogado. En paralelo, el juez cursó un requerimiento de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público que concedió el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.
El objetivo de los registros era localizar documentación que permitiera acreditar la supuesta red de influencias que, según el auto del juez Calama, habría liderado el propio Zapatero. A lo largo de 85 páginas, el magistrado describe una estructura organizada y jerarquizada cuya finalidad era obtener beneficios económicos mediante el ejercicio de influencias ante organismos públicos, principalmente en favor de Plus Ultra. Según la resolución, esa trama habría utilizado sociedades instrumentales, contratos de asesoría elaborados a medida y canales financieros opacos para ocultar el origen y destino de los fondos.
El juez considera que los fondos percibidos por la red terminaron en gran parte en el entorno directo del expresidente. Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez, habría transferido cerca de 490.000 euros a Zapatero y más de 239.000 a Whathefav. A estas cantidades se suman otras procedentes de Gate Center y de sociedades vinculadas al grupo Thinking Heads, que habrían enviado al expresidente y a la empresa de sus hijas cantidades que en conjunto superan el millón de euros.
Su domicilio particular fuera del registro
Pese a que la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción había solicitado también el registro del domicilio particular de Zapatero, el juez Calama lo rechazó de forma expresa. El magistrado argumentó que la amplia difusión mediática del caso hace razonablemente probable que cualquier elemento incriminatorio hubiera sido ya retirado o destruido, lo que restaría utilidad y proporcionalidad a una medida tan intrusiva. Además, consideró que el registro de la oficina constituía una alternativa suficiente y menos gravosa para los derechos fundamentales del investigado.
El auto también desvela que la estructura investigada trasciende las fronteras españolas. Según el juez, siguiendo instrucciones del propio Zapatero se habría constituido una sociedad en Dubái -Landside Dubai Fzco- participada íntegramente por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez. La proximidad temporal entre la creación de esa sociedad y la firma de un contrato por el que Idella debía cobrar el 1% del rescate público -unos 530.000 euros– apunta, según Calama, a que la sociedad emiratí podría haberse creado precisamente para canalizar ese cobro fuera de España y evitar su rastreo.
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