El auto con el que el juez Juan Carlos Peinado ha decretado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez encuentra en el orden y en la claridad una virtud que no poseían sus resoluciones anteriores. Se trata de 84 páginas que abandonan el estilo atropellado de otros escritos del mismo instructor y que despliegan, con una nitidez casi didáctica, los indicios que sostienen cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida— que se atribuyen a la esposa del presidente del Gobierno. Es, precisamente, ese sorprendente rigor el que debería ocupar el centro de la conversación pública que, sin embargo, lleva días desplazada por una sola cuestión: la retirada del pasaporte.
Vaya por delante que privar a la mujer de Pedro Sánchez de sus pasaportes —también los diplomáticos—, y prohibirle abandonar España y obligarla a firmar cada quince días en el juzgado, es una decisión que debería sostenerse en riesgos reales. Sostener la adopción de esta medida bajo la sospecha de que sus propios escoltas podrían terminar ayudándola a huir por obediencia jerárquica es una medida que se apoya en una hipótesis frágil, aunque no inverosímil, pues basta recordar la entrada y salida de Puigdemont en Barcelona en 2024 sin que nadie hiciera nada por evitar semejante escándalo. En todo caso, los enemigos del Poder Judicial son muchos y muy poderosos y en estas circunstancias ningún juez debería permitirse excentricidades que serán aprovechadas para engordar el cuento de la asonada imaginaria de los togados reaccionarios. El hecho de que la protección oficial de Begoña Gómez dependa del cargo de su marido no convierte automáticamente a los agentes en cómplices potenciales de una fuga y este es, con diferencia, el flanco más fácil de atacar de toda la resolución para alimentar la hipérbole del golpe. Naturalmente esto, el Gobierno, lo sabe.
Por eso la estrategia es convertir este hecho en la única noticia. Moncloa ha calculado los tiempos: cuanto más se discuta sobre un pasaporte, menos espacio queda para hablar del fondo del auto, que contiene una acumulación de hechos que trasciende el comportamiento ético de la mujer de un presidente del gobierno alcanzando, según el juez, las consecuencias penales.
No es normal que la mujer del jefe del Ejecutivo terminara registrando a su nombre, como sociedad mercantil propia, la marca de un proyecto universitario financiado por empresas para la Complutense. No es normal que, según recoge la instrucción, compañías como Google, Telefónica o Indra cedieran gratuitamente a su cátedra un software valorado en 150.000 euros que acabó inscrito a su favor, al margen de la universidad. No es normal que firmara cartas de apoyo a un empresario que después resultó adjudicatario de contratos públicos. Y no es normal —aunque sea perfectamente legal discutirlo— que ninguno de estos episodios haya merecido jamás una explicación política, solo el silencio y la épica de la persecución.
Conviene incluso reparar en que la misma Fiscalía que reclama el completo archivo de la causa, describe la conducta de Gómez como difícilmente compatible con los estándares éticos exigibles a quien ocupa semejante posición. Confundir el exceso cautelar con el fondo del asunto —como hace el Gobierno cuando tacha de disparate el auto entero por la cuestión del pasaporte— es una operación propagandística, no un argumento jurídico. Es la parte sustituyendo al todo. Sospecho que muchos se han quedado en el pasaporte sin pararse a leer el auto.
Esa misma indignación gubernamental resulta, además, selectiva. Mientras se rasgan las vestiduras por la limitación de movimientos de Begoña Gómez, guardan un silencio mucho más cómodo sobre la causa que sitúa al expresidente Rodríguez Zapatero en el vértice de una presunta red de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales que investiga la Audiencia Nacional. Si la coherencia importara de verdad, la alarma por las medidas cautelares debería ser idéntica en ambos casos.
Las decisiones de Peinado no son firmes; será la Audiencia Provincial de Madrid quien tenga la última palabra, también sobre el pasaporte. Pero mientras eso ocurre, conviene no perder de vista qué se esconde detrás de la cortina de humo: una resolución que retrata con bastante nitidez un uso patrimonialista y privado de una posición pública. Esto, y no un control fronterizo, es lo que debería estar en el centro del debate.