Estos días, en España, los niños quieren ser como los jugadores de la selección y los delincuentes, como Víctor de Aldama. La sentencia del “caso mascarillas” dejó claro que la justicia estaba dispuesta a premiar a aquellos que colaboraran en el esclarecimiento de cualquier delito. El fallo no benefició al comisionista Aldama por decir que Ábalos y Koldo eran unos delincuentes, sino porque, según los jueces, aportó pruebas que lo demostraron, y aquí está el quiz de la cuestión: la colaboración debe ser real y efectiva.
Durante la instrucción del caso, se rumoreó que Ábalos estaba dispuesto a tirar de la manta, a contar lo mucho que una persona con tanto poder como él, podía saber, pero, al final, después de una conversación con Koldo García, el exministro decidió no dar el paso. Algunos apuntan que se les prometió que la causa sería anulada, pero lo único cierto es que ambos acabaron primero en prisión preventiva y fueron condenados después a 24 y casi 20 años de prisión respectivamente, mientras que Aldama, no ingresó en prisión para cumplir los cuatro años y medio que le impuso la sentencia por esa colaboración a la que aludíamos.
Julio Martínez, el otrora amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero cambió de abogado casi un mes antes de conocerse el fallo del Supremo y contrató a María Dolores Márquez de Prado, una penalista y exfiscal del Supremo. Este movimiento apuntó a un posible cambio de estrategia de Martínez, que esperó a conocer qué pasaba con Aldama antes de presentar un escrito en la Audiencia Nacional pocas horas antes de declarar ayer ante el juez Calama. Básicamente, Martínez ha admitido que su empresa sirvió de tapadera para canalizar los pagos de la comisión de Plus Ultra a Rodríguez Zapatero por haber intermediado en el rescate de la compañía (se llevó supuestamente un uno por ciento de la ayuda concedida por el estado, que había ascendido a 53 millones de euros). Durante su comparecencia en la comisión del Senado del caso Koldo, Zapatero se mostró indignado ante las preguntas del portavoz popular, Fernando Martínez Maillo, que apuntaba que él había cobrado por facilitar ese rescate. El envalentonado expresidente llegó a decir que todo eran infamias para las que no tenía ninguna prueba. Pues bien, ahora parece que el juez sí que las puede tener ya encima de su mesa.
Martínez aseguró también que la empresa de las hijas del expresidente hacía trabajos sin importancia y que hubo varios años en los que se les pagaba por no trabajar (algo que se está convirtiendo ya en un clásico en nuestro país: Jésica, Paqui la mujer de Cerdán…). Estas revelaciones ponen todavía más difícil el futuro procesal de ambas.
La pregunta que no supo o no quiso contestar Julio Martínez fue ante quién medió Rodríguez Zapatero para conseguir ese rescate. El expresidente comunicó el 26 de febrero que esa ayuda se iba a conceder, pero no fue hasta el 9 de marzo cuando el Consejo de Ministros le dio luz verde. Ayer, ni la portavoz Elma Sáinz, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz, quisieron responder por qué podría tener esa información. Aquí, ya saben, nadie se enteraba de nada.
Martínez ha cambiado de estrategia, al igual que los dos máximos directivos de Plus Ultra: su presidente Julio Martínez Sola y su CEO, Roberto Roselli, y la exvicepresidenta María Jesús Montero, de quien dependía la SEPI, se lo afeaba, como si colaborar con la justicia fuera un crimen. Otra cosita es amnistiar a quienes intentaron dar un golpe de estado en España sin arrepentirse, ¿no señora Montero?