Casi nueve de cada diez españoles están preocupados por la situación de la vivienda. Así lo refleja el Barómetro de Vivienda 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado junto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que retrata una ciudadanía inquieta por el acceso a un hogar y mayoritariamente partidaria de que el Estado intervenga en el mercado.
Según el estudio, el 51,6% de los encuestados afirma que la vivienda le preocupa “mucho” y el 35,4%, “bastante”. La inquietud no es solo abstracta: el 41,6% asegura que la situación actual le está perjudicando personalmente, frente a un escaso 4,4% que dice beneficiarse de ella.
El deseo de tener casa propia sigue intacto. El 93,5% prefiere vivir en una vivienda en propiedad y apenas el 5,4% elige el alquiler. Sin embargo, la realidad va por otro camino. Entre quienes no son propietarios, preferirían serlo y no tienen previsto comprar en los próximos dos años, el 80,7% admite que no tiene dinero para la entrada, el 71,3% que sus ingresos no le alcanzan para las cuotas y el 63,5% que no cumple los requisitos para obtener una hipoteca.
Algo similar ocurre con la emancipación. De quienes viven con familiares o en un piso compartido y no planean independizarse en el próximo año, el 85,6% señala que el precio de compra es demasiado alto para sus ingresos, el 84,9% dice lo mismo de los alquileres y el 77% carece de dinero para la entrada o la fianza.
Actualmente, el 55% de los encuestados es propietario de su vivienda, el 24,1% vive de alquiler y el 20% reside en una casa cedida o sin pagarla. Un 13,4% vive en casa de sus padres o suegros y un 4,5%, en una habitación de un piso compartido. Entre los inquilinos, uno de cada tres (32,7%) cree que paga por encima del precio de mercado. El gasto medio mensual en alquiler o hipoteca se sitúa en 629 euros.
El barómetro también recoge las dificultades vividas en los últimos cinco años. Casi uno de cada cuatro encuestados (24,2%) ha residido en una vivienda con frío o calor extremo. El 18,5% ha necesitado ayuda económica de su familia para pagar el alquiler o la hipoteca, el 14,7% ha tenido que mudarse lejos de sus seres queridos por el precio y al 13,5% le han subido el alquiler por encima de la inflación.
Además, el 11,8% ha tenido que volver a vivir con su familia o compartir piso por no poder pagar su casa, el 10% ha sufrido prácticas ilegales de inmobiliarias o empresas de alquiler y el 9% ha vivido de alquiler sin contrato. Un 10,4% dice haberse sentido discriminado por su edad a la hora de buscar vivienda.
En cuanto a la política de vivienda, el 79% considera que la prioridad debe ser garantizar el derecho constitucional a la vivienda, frente al 13,5% que antepone su condición de bien de mercado. El 76,3% defiende que el Estado intervenga “tanto como sea necesario” para garantizar el acceso a un hogar, y el 91,4% cree que las administraciones deberían construir más vivienda pública.
Las medidas con mayor respaldo son bajar los impuestos en la compra de la primera vivienda (95,4%), dar más garantías a los propietarios frente a impagos (85,7%), sacar al mercado el suelo urbanizable (84,3%) y recuperar viviendas públicas vendidas a empresas (83,1%). También cuentan con amplio apoyo crear una empresa pública estatal de vivienda (76,3%), limitar los pisos turísticos (75,6%), subir impuestos a los grandes tenedores (72%) y congelar los alquileres durante dos años (70,6%).
Las expropiaciones dividen más. Expropiar suelo para vivienda pública reúne un 49,9% a favor y un 43,6% en contra, mientras que expropiar viviendas vacías es rechazado por el 54,3%.
Por último, la encuesta revela cierta confusión sobre quién tiene las competencias. El 36,1% cree que corresponden principalmente a las comunidades autónomas y el 26,9% al Estado, pero el 44,5% opina que debería ser el Gobierno central quien tuviera mayor capacidad para mejorar el acceso a la vivienda.
El estudio se basa en 6.019 entrevistas telefónicas realizadas entre el 22 y el 30 de junio de 2026, con un margen de error de ±1,3 puntos.
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