El Tribunal Supremo (TS) analiza con presión redoblada la ‘Ley de Nietos’. Ya venía estudiando el recurso de la Abogacía del Estado, sobre el que precisamente ha deliberado este lunes, pero se ha encontrado con la aceleración que impone el adelanto electoral al 29 de noviembre, que no previó, y con los escritos que le han planteado Iustitia Europa y Vox para que aclare sus medidas cautelares a la luz de los próximos comicios, con lo que la pelota queda de nuevo en su tejado.
Este martes el Supremo prevé deliberar. Fuentes próximas al Alto Tribunal trasladan a Artículo14 que no hay decisión tomada, pero ven probable que decida sobre los escritos de Iustitia Europa y Vox en 48 horas dada la premura y según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para estos casos. Luego dará tres días a la otra parte, y podría resolver finalmente en la semana del 19 de octubre.
Los tiempos del Constitucional
Las fuentes consultadas señalan que después de que el TS ratifique la suspensión del voto de los nuevos nacionalizados, la Abogacía del Estado acudirá al Tribunal Constitucional (TC). Un amparo electoral que también podrían pedir aquellos cuyo derecho a voto sea suspendido. ¿Daría tiempo a que el TC se pronuncie antes del 29N? Puede darlo. La admisión en el Constitucional depende del ponente, pero el orden del día en los Plenos es potestad de su presidente, Cándido Conde-Pumpido. De esta manera, aunque sería la primera vez que entra un amparo censal, es posible que dé tiempo a que haya fallo del TC antes de las elecciones.
Si no diera tiempo, cabrían condenas por responsabilidad patrimonial o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no se podría añadir electores pasados los comicios. No se puede conjeturar con el sentido del voto de los que no han votado. Sólo cabe anular votos indebidos.
Cerca de 400.000 nacionalizados españoles con la Instrucción de Sofía Puente –alto cargo del Ministerio de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente- que abrió la mano en 2022 para incorporar a descendientes de emigrados sin contar si se exiliaron por motivos políticos podrían votar en las elecciones del 29 de noviembre, según ha alertado este lunes Iustitia Europa. La ley es clara: el censo con el que se vota es el de dos meses antes de la convocatoria, esto es, del 1 de agosto, antes de que el TS dictara las medidas cautelares que paralizaron la aplicación de la llamada Ley de Nietos hasta que decida sobre el fondo del asunto.
A estos cerca de 400.000 se sumarían unos 2 millones que estaban tramitando la nacionalidad y que quedaron en suspenso con los autos del Supremo. Entre julio de 2023 y julio de 2026 el censo ha ganado 408.262 inscritos. Según la Abogacía del Estado, el 1 de agosto se habían concedido cerca de 370.000 nacionalidades por la Ley de Nietos, con 230.000 pendientes de inscribirse en el Registro Civil y 640.000 solicitudes pendientes de resolución.
Antes del adelanto electoral
La estrategia del Gobierno hasta la decisión del adelanto electoral parecía que pasaba por promover un recurso ante el Constitucional tras una previsible sentencia del TS que tumbara la norma. Los tiempos eran ajustados pero alargando al máximo la legislatura podría haber dado tiempo.
Otra vía que estaba encima de la mesa era un recurso de un nacionalizado que decidiera impugnar su salida del censo electoral ante el TC, lo que sería más rápido que el recurso ante el tribunal de garantías. El adelanto electoral viene a acelerar el proceso, pero el plan que subyace es similar.
El efecto de la llamada Ley de Nietos hasta la fecha no fue reseñable en las elecciones generales de 2023 pero sí lo ha sido en las autonómicas de 2025 y 2026 elevando el voto CERA y en favor del PSOE.
Lo que ha dicho el Supremo
El pasado 14 de septiembre, la Junta Electoral Central suspendió el voto de los nacionalizados que contempla la Ley de Nietos. La JEC hizo así efectivas las medidas cautelares que ha dictado el TS y encargó informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para, entre otras medidas, verificar la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido o estén en trámites de obtener la nacionalidad española por esta vía.
El 8 de septiembre, el Supremo paralizó cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el CERA que consiguieron la nacionalidad a través de la Ley de Nietos y las nuevas inscripciones porque el “incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA”, que además está “en constante aumento”, puede “afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados”.
Considera que “tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible”.
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