El Consejo de Ministros ‘resucitó’ ayer “con pequeños cambios técnicos” los dos reales decretos-ley de vivienda, conocidos popularmente como Decreto Maricarmen y Decreto Sumar para su aprobación antes de las elecciones generales. Pedro Sánchez está decidido a convertir la vivienda en una baza electoral y capitalizar las movilizaciones de inquilinas. Lo demostró tras la reunión del Gabinete, que aprobó 10.000 millones extra para créditos de hasta 50.000 euros a tipo cero para la compra de la primera vivienda.
Sin embargo, el Gobierno ha dado muestras de que teme sus propias medidas. Así queda reflejado en la fórmula elegida para incorporar las exigencias de su socio Sumar de prorrogar indefinidamente los alquileres cada cinco años, en el caso de personas físicas -siete años si la propietaria es una personas jurídica-. En una fórmula que choca contra el espíritu del real decreto ley que se dicta solo “en casos de urgente necesidad”, el Ejecutivo ha condicionado su entrada en vigor a que previamente sea convalidado por el Congreso de los Diputados.
Con las Cámaras disueltas, esta convalidación corresponde ahora a la Diputación Permanente del Congreso, donde, si se mantiene la decisión del PNV de votar en contra, este Decreto de Sumar no llegará a aplicarse.
Una fórmula contra natura
“Somos conscientes de que en el otro Real Decreto-ley estamos abriendo un debate mucho más ambicioso, que es la prórroga automática de esos contratos de alquiler cuando venzan, salvo en determinadas causas. Somos conscientes también de que no hay en el Congreso de los Diputados, a día de hoy, una mayoría parlamentaria para poder convalidar eso y, por tanto, lo que hacemos en este segundo es hacer que la entrada en vigor del mismo sea cuando se convalide este Real decreto ley en la Diputación Permanente“, justificó Pedro Sánchez.
La fórmula con la que el Gobierno trata de blindar el Decreto de Sumar no solo resulta inusual en la aprobación y entrada en vigor de un real decreto-ley, sino que es contradictoria con la propia justificación de recurrir a este instrumento legislativo. La propia web de La Moncloa señala que el real decreto-ley se dicta “solo en casos de urgente necesidad” y que “entra en vigor con efecto inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.
De hecho, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que, una vez aprobado por el Gobierno y publicado en el BOE, el decreto-ley “empieza a surtir efectos en el ordenamiento jurídico”, mientras que vincula su posterior convalidación por el Congreso a su “pervivencia en el tiempo”. Tradicionalmente, la convalidación ha operado como un control posterior sobre una norma que ya despliega efectos, y no como una condición previa para su entrada en vigor.
Votos para la convalidación
La negativa del PNV al Decreto de Sumar no es una sorpresa. La decisión del Gobierno de diferir su entrada en vigor hasta la convalidación permite, además, separar el destino de ambos textos y evitar que el rechazo de los jeltzales a la prórroga automática comprometa el decreto que sí están dispuestos a respaldar, el Decreto Maricarmen. Entre otras medidas, la propuesta del PSOE pasa por una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2028.
En este escenario, el PNV se ha convertido en la llave para la convalidación de los decretos. En la Diputación Permanente, el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y el PNV suman 35 votos frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Pocas horas después de la comparecencia de Pedro Sánchez, el PNV allanó la convalidación del primer decreto de vivienda, con su voto positivo al texto que incluye, además de la prórroga extraordinaria de los alquileres, la prohibición de desahucios, los límites a los fondos ‘buitre’ en la compra de vivienda y con bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos.
La crisis de la vivienda necesita más medidas, seguiremos exigiéndolas.
Votaremos que sí al Decreto-ley de vivienda y que no al de la prórroga automática de alquileres.
📹 @maribelvaquero_: “Lo vamos a hacer por coherencia y por responsabilidad” https://t.co/YvJMNy4naK
— EAJ-PNV Congreso y Senado (@eajpnv_Madrid) October 6, 2026
El ‘nuevo’ Decreto Maricarmen
El ‘nuevo’ Decreto Maricarmen recupera buena parte de las medidas que decayeron la semana pasada, aunque en esta ocasión con dotación presupuestaria: 10.680 millones de millones. Según justificaron fuentes gubernamentales, ante la convocatoria electoral, lo que hace el Gobierno es garantizar el crédito para que el Ministerio de Vivienda pueda poner en marcha cuanto antes este programa, en alusión a los 10.000 millones para financiar la entrada en la compra de vivienda.
“Se trata de una inversión sin precedentes, solo esta medida, es tres veces mayor al actual presupuesto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y solo este programa supone 9.500 millones más que el presupuesto de Rajoy en materia de vivienda”, resaltaron las mismas fuentes. A estas medidas se suman 280 millones en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones destinados a proveedores de vivienda social.
A falta del detalle con su publicación hoy en el BOE, en materia de alquiler, el texto vuelve a limitar las subidas de las rentas y mantiene la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El paquete recupera también las deducciones en el IRPF para los inquilinos e incentivos fiscales para los pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles. El Ejecutivo vuelve a imponer límites a la compra de vivienda por fondos ‘buitre’, condiciona los beneficios fiscales de las Socimi al alquiler asequible y eleva la tributación de los pisos turísticos.
A diferencia del Decreto Sumar, estas medidas sí podrán desplegar sus efectos desde la entrada en vigor, bien hoy o un día más tarde, como en la primera propuesta.
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