Junts vuelve a apretar al Gobierno. En una semana con un calendario judicial muy complicado para Moncloa, el partido de Carles Puigdemont eleva el órdago y traslada toda la presión al Congreso de los Diputados donde este jueves se evidenciará si Pedro Sánchez mantiene o no el apoyo de sus socios. De facto, todos los socios deberán retratarse y decir con su voto si la legislatura tiene o no recorrido.
Junts per Catalunya ha registrado una enmienda a la moción consecuencia de una interpelación urgente sobre la valoración de la situación política, con el objetivo de que el Congreso vote si Pedro Sánchez debe disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales. Una votación que no es vinculante pero sí simbólica dado que quedará en evidencia el estado político de la legislatura.
La votación, simbólica porque no obliga a Pedro Sánchez a convocar elecciones, sería un nuevo golpe para el Gobierno de coalición. La formación independentista justifica la iniciativa en la “situación de extrema debilidad política y parlamentaria” que atraviesa el Gobierno y en su “incapacidad de salir del bloqueo” en el que, a su juicio, se encuentra. Junts vincula ese bloqueo a la ruptura de relaciones con el PSOE y Sumar, el partido atribuye a “incumplimientos reiterados” por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, la mesa del Congreso estudia impedir que se voten las enmiendas del PP y Junts para reclamar un adelanto electoral al entender. PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la mesa del Congreso, defienden que la convocatoria de elecciones es una competencia que pertenece exclusivamente a la Presidencia del Gobierno.
El PP aplaude la propuesta de Junts y ha registrado una enmienda muy similar en la Cámara Baja pidiendo elecciones generales. Los populares encaran esta votación como una “moción de confianza” a Sánchez. “Quedará claro y reflejado si este gobierno vota que hay que disolver las cámaras y convocar elecciones que Pedro Sánchez no cuenta con la red democrática del Parlamento”, según la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. “Esta legislatura ha llegado a su fin”, ha sentenciado.
En la moción que se debatirá esta semana en el Congreso, el PP insta al Ejecutivo a “depurar responsabilidades” por la trama presuntamente financiada por el PSOE para “entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar” de Sánchez, en cuyo marco están imputados Leire Díez, Santos Cerdán y la gerente del PSOE Ana María Fuentes.
La moción del PP ya recoge la “necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación a sus actividades y las del PSOE“, y por los que se investiga a los dos secretarios de Organización nombrados por Sánchez -Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos- y a “numerosos altos cargos”.
El texto también censura al Gobierno por no haber impulsado en toda la legislatura “ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si conserva la confianza de la Cámara”: la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y la celebración del Debate sobre el estado de la Nación.
La Mesa del Congreso, ya bloqueó hace año y medio una iniciativa de Junts en la que se instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Lo hizo alegando que esa es una competencia exclusiva del jefe del Gobierno y no del Poder Legislativo, pese a que los letrados no ponían objeción alguna a su admisión.
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