A las seis de la tarde de este lunes, con España pendiente del primer partido del mundial de fútbol, la actualidad judicial pasaba por los juzgados de Plaza Castilla. El partido duró más de 90 minutos para Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno se enfrentó a una vista preliminar, previo paso a que el juez Juan Carlos Peinado le envíe definitivamente ante un jurado popular por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Además, durante las tres horas en la sala, las partes también solicitaron las medidas cautelares que consideran con respecto a los delitos que se le imputan. Las acusaciones populares dirigidas por Hazte Oír -que solicitan hasta 24 años de prisión para Gómez- pidieron a Peinado la retirada del pasaporte y la comparecencia cada quince días en el juzgado. Como era de esperar, las defensas y Fiscalía rechazaron interponer medidas cautelares a la mujer del presidente. Si bien, la última palabra la tiene el juez Peinado que decidirá próximamente.
Según fuentes consultadas por Artículo14, la vista estuvo marcada por la tensión entre el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, y el juez Peinado. En un momento dado, el juez llegó a instar a que le mirara a la cara cuando hablaba, a lo que Camacho se negó tajantemente manteniendo la mirada en sus papeles.
Si el juez acordara retirar el pasaporte a Begoña Gómez, no podría acompañar al presidente del Gobierno a sus viajes institucionales como el que tuvo lugar este abril en China. Por tanto, la decisión tiene trascendencia política.
Además, las acusaciones también han pedido las mismas medidas cautelares para la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, también imputada en el caso. Mientras que para Juan Carlos Barrabés, empresario y amigo de Gómez, no solicitaron nada.
Es probable que sea la última vez que Begoña Gómez tenga que sentarse ante el juez Peinado. Este lunes tuvo lugar el último trámite para enviar la causa a la Audiencia Provincial, donde se sentaría Gómez en el banquillo de los acusados. Peinado actúa in extremis porque en septiembre se jubila y uno de sus objetivos era cerrar la instrucción y sentar a la mujer del presidente en el banquillo de los acusados.
Aunque eso todavía no está claro porque aún la Audiencia de Madrid tiene que resolver varios recursos interpuestos por las defensas, que podrían anular la causa antes de que llegue a producirse un juicio oral.
Por el momento, los últimos coletazos de la investigación dejan un informe de la UCO que concluyó que “la información bancaria concuerda con el desarrollo de sus actividades profesionales”, descartando movimientos sospechosos.
Eso sí, dejó claro que hubo contratos firmados entre las empresas financiadoras de la cátedra y la Universidad Complutense que presentaban anomalías en los procesos administrativos. El juez sospecha que Begoña Gómez, valiéndose de su posición de esposa del presidente del Gobierno, acudió a empresas poderosas para conseguir financiación para la Cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.
Además, el juez le atribuye un delito de apropiación indebida porque cree que intentó adueñarse de una herramienta didáctica diseñada para la elaboración del máster. Se trata de un software valorado en más de 100.000 euros pagados por estos financiadores privados. Resulta que la mujer del presidente del Gobierno registró a su nombre la marca del software y la UCO consideró que, a pesar de que no llegó a lucrarse, la marca registrada sí presentó actividad comercial. Por ello, las acusaciones populares piden también como medida cautela que no pueda vender las participaciones de la Transforma TSC SL, tal y como se registró la empresa.
Sobre todo ello decidirá Peinado en las próximas horas en una instrucción que se inició en abril de 2024 ocasionando un momento de catarsis para el presidente del Gobierno, que se tomó unos días de reflexión para decidir si seguía al frente del Gobierno.
Ahora sabemos, gracias a la causa abierta en la Audiencia Nacional, que en ese momento Santos Cerdán, el que fuera número 3 del PSOE, movilizó a la cloaca para intentar encontrar nulidades contra las causas que afectan al partido y al entorno del presidente. El caso Begoña fue el motor para que Leire Díez, pagada por el PSOE, intentara desestabilizar procesos judiciales, aunque este no lo llegara a tumbar.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.