La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio, ha aplazado al próximo 1 de diciembre la declaración del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano. La magistrada pospone la que supone la primera declaración como imputado en la causa en la que Tardón investiga un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado, la cual estaba prevista para el próximo día 18 de noviembre.
El exdelegado del Gobierno dimitió el pasado septiembre, una decisión que, según él mismo dijo, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Dejó la política, adujo, porque su familia “no se merece esta presión”.
“Momento verdaderamente inicial”
Por otra parte, la magistrada responde a lo que pedía la defensa en su escrito, que se le aclarara la vinculación del exdelegado con la causa. La juez recuerda que con la primera citación ya se le entregaron los autos en los que aceptó la competencia y la inhibición del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, y acumuló sus diligencias a esta causa.
En ese sentido, la instructora sostiene que “de tales resoluciones se evidencia de forma precisa el objeto de la presente instrucción”, tanto en cuanto a “los hechos objeto de investigación como sobre la calificación provisional”, “habida cuenta del momento verdaderamente inicial de la instrucción”.
Añade que de esos autos se desprende también quiénes son “los sujetos pasivos” de la investigación y “las circunstancias que determinan su vinculación con la causa”, en referencia al exdelegado, tal y como reclamaba su defensa. A ello suma el acceso a las actuaciones tras su personación, “con las únicas limitaciones de las dos piezas declaradas secretas”.
Se trata de la pieza separada de Investigación Tecnológica y la pieza separada de Diligencias de Información Reservada. Ambas se ordenaron en el primero de esos autos, en el que, según la providencia, “también se determina su objeto y el fundamento de su incoación”. Contra esta decisión cabe recurso de reforma ante la propia juez en un plazo de tres días.
Identificación de un confidente
En paralelo, la magistrada Tardón ha dado tres días a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para que identifique a un confidente que habría alertado de movimientos inusuales en Castillejos, localidad marroquí que hace frontera con Ceuta, en los días previos a la entrada masiva.
En una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Tardón remarca la “urgencia” del requerimiento después de que haya transcurrido un plazo “excesivo” desde que lo pidiera por primera vez.
Tardón solicitó este extremo tras la declaración como testigo de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, quien aseguró que este hombre habría proporcionado información relativa a la situación de Castillejos en días anteriores al 30 de julio.
El confidente también habría detallado la existencia de concentraciones de personas y otras circunstancias con carácter previo a la entrada masiva, según la instructora.


