La magistrada que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, María Tardón, ha solicitado nuevos y relevantes informes. La instructora ha requerido a la Comisaría General de Información, a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), a la Comisaría General de Policía Científica (todos de la Policía Nacional) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que realicen un análisis biométrico y reconocimiento facial de aquellos que fueron identificados como “agentes dinamizadores” en el primer informe realizado por la Policía Nacional. Estas personas, según precisó la jueza, son las que impartieron instrucciones sobre el terreno a los inmigrantes para que cruzaran la frontera desde Marruecos. Dicho análisis, precisa Tardón, deberá incluir la comparación con bases de datos policiales nacionales, registros de fronteras, así como bases de Interpol y Europol. “Asimismo, deberá comprender el informe individualizado respecto de cada uno de los sujetos analizados“, añade.
La magistrada también requiere a las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se elabore otro informe para precisar, “en la medida de lo posible”, la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o funciones desarrolladas de los efectivos uniformados que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa judicial. El objetivo es reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Asimismo, Tardón ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboren un informe sobre la posible financiación de la movilización investigada. Un escrito que deberá analizar movimientos económicos “relevantes” detectados en la zona, así como la utilización de sistemas de transferencia de fondos al margen del sistema bancario tradicional (hawala) o la contratación de medios de transporte colectivos.
Por último, requiere a la Comisaría General de Información, a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, al CNI y al CNIF, que confeccione un informe para determinar qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización como la vivida en Ceuta o quiénes pudieron diseñar tal operación. Asimismo, pide conocer si existe una relación entre los que promocionaron y difundieron la convocatoria en redes sociales, los organizadores sobre el terreno y los participantes integrados en estructuras superiores.
Pide que la información no salga de la causa
Además de todo ello, la instructora ha ordenado que la información obtenida en el curso de la investigación se comunique “con carácter exclusivo” al órgano judicial y a la Fiscalía, debiéndose abstenerse aquellas personas que participan en la instrucción de informar sobre el contenido, desarrollo o resultado a otras unidades, órganos o autoridades ajenos a las diligencias, “incluidos sus superiores orgánicos”.
Cabe recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió hace un mes una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en la que le transmitió su “preocupación” ante la decisión de la jueza Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en la ciudad autónoma facilitar información a sus superiores.
En su carta, según detallaron fuentes de Interior a la agencia EFE, Marlaska sostuvo que en situaciones de extrema gravedad como la vivida en Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los órganos judiciales a la vez que facilite al Gobierno “cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional”.
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