La apertura de juicio oral del juez Peinado, entendida en el Gobierno como una embestida judicial por las medidas cautelares contra Begoña Gómez y su asesora, ha actuado como revulsivo para el PSOE y ha envalentonado al Ejecutivo. Tras una semana horribilis, en la que defender a Zapatero o denunciar una persecución judicial tenía un evidente coste político, en La Moncloa consideran ahora que los excesos del magistrado han cambiado el clima. La sensación es que Peinado ha dado al Ejecutivo un argumento de defensa y una posición más sólida de cara a la comparecencia del miércoles de Pedro Sánchez, sobre todo después del ánimo hundido con el que llegaban tras un mes sin tregua.
Los excesos de la resolución judicial han tenido un efecto rebote. Incluso entre quienes no simpatizan con el Gobierno se perciben como desproporcionadas las tres medidas cautelares que en dos años el juez no vio necesarias. “Es imposible no empatizar con la mujer del presidente, a la que se le ha retirado incluso el derecho fundamental a salir y entrar del país, con una hija en Londres”, señalan en Moncloa. “¿A quién se le ocurre que va a huir viviendo en un edificio oficial, con su familia en Madrid?”.
Pendientes del CGPJ
El cuestionamiento de Peinado a la integridad de la escolta policial e incluso la insinuación de un posible delito llega este lunes al CGPJ, donde hay división de posturas. La presidencia defiende abrir un expediente por “falta grave”, mientras el sector conservador plantea discutir su alcance. La posición de Fernando Grande-Marlaska cuenta con el respaldo unánime de los sindicatos policiales, de modo que el expediente, con independencia de su grado, se interpreta en el Gobierno como un efecto rebote a su favor. El debate ya no está en el juicio contra Gómez, pendiente aún de los recursos sobre el jurado popular, sino en los excesos del juez, que en el Ejecutivo se leen como una “persecución a Gómez por ser la mujer de Sánchez”, una idea que se repite en todos los niveles del Gobierno.
A la defensiva
De ahí la estrategia de Moncloa de defenderse de los casos de corrupción y pasar a una posición más combativa. Al menos en el discurso. El equipo de presidencia se plantea abordar la comparecencia del miércoles defendiendo la coalición y con distintos guiños a los socios. Consciente de la necesidad de abordar una cascada de casos del Gobierno, del partido y ahora de Zapatero, las últimas semanas han sido tan duras que dan por amortizado el desgaste. Como la sentencia a José Luis Ábalos y Koldo García, la primera por la que tendrá que responder. Pero hay miembros del Ejecutivo que defienden abrir un debate por la condena de Víctor de Aldama. La petición de pena ya se ha rebajado a seis años respecto a los 24 que se piden para Ábalos, señalan. Si los conservadores no consiguen la unanimidad en una pena mínima para el comisionista, fuentes del Ejecutivo afearán al tribunal defender al corruptor. Si vemos un “salvar al soldado Aldama” que “está en la calle por su supuesta colaboración y a quien ya se ha rebajado la pena será un escándalo”, justifican.
Pie en pared, dicen internamente, “a defender el legado de la legislatura y colocar un espejo al PP frente a sus casos”. Ese es el ánimo interno, aunque la realidad pueda trastocar la estrategia en cuanto vuelvan las diligencias, informes, sentencias y movimientos judiciales que han confluido en el cierre de curso político.
Confianza en los socios
Para Sánchez, salir bien del miércoles pasa por mantener a los socios, como ya ocurrió hace un año tras el informe de Santos Cerdán. En el caso de Junts, se prevé que siga “en la línea de las últimas semanas” y no haya sorpresas. Según fuentes de la formación, “nos hacemos a la idea de que Sánchez está intentando ganar tiempo para convocar entre febrero y abril de 2027, construyendo un relato de precampaña y de justificación de la convocatoria”. Desde la dirección mantienen la incógnita sobre si su portavoz, Miriam Nogueras, centrará el discurso en la petición de convocatoria y disolución de las Cortes o lo reservará para la votación “simbólica” en el Senado de la moción del PP, ya vetada por la Mesa del Congreso. En todo caso, en Junts descartan el acercamiento: “Ya hemos mandado al PP a negociar en Waterloo”, afirman, y aseguran que “ahí seguimos”, en un equilibrio que, según señalan, mantienen también en las votaciones del Congreso, donde intentan no inclinar en exceso la balanza ni hacia el Gobierno ni hacia el PP.
Mientras, el PNV intenta mantener la calma. La apertura de juicio contra Begoña Gómez, igual que el caso de David Sánchez, la interpretan como una causa más política que de corrupción. Preguntados por qué tendría que ocurrir para cambiar de posición, señalan que solo lo harían “cuando haya sentencia”. La excepción es el caso de Ábalos y Koldo García, al que no atribuyen impacto directo sobre el PSOE: “Ese agua no mueve molino”, resumen.
El PNV está más pendiente del calendario electoral que de la cascada de casos judiciales y no prevé “giros inesperados” por parte de su portavoz, Maribel Vaquero, este miércoles. Asumen que la fecha de las elecciones la marca Pedro Sánchez y que la clave ahora es “cómo te vas posicionando para que no te afecte a la gobernanza que tenemos aquí”, según fuentes del partido. Descartan de plano cualquier moción con VOX porque “donde esté la ultraderecha no podemos estar; en el PP no lo entienden, pero lo saben, es no conocer Euskadi”, señalan. Para ese diagnóstico se apoyan también en el último Sociómetro vasco, donde PP y VOX no registran un crecimiento significativo. Como no se ven votando con VOX, apuestan por los presupuestos. Unas cuentas que ven “muertas” porque no saben qué va a poner el PSOE encima de la mesa. Si no hay presupuestos, tienes que convocar, pero nadie te asegura cuándo va a ser. En el Gobierno están buscando cortafuegos, que la gente les entienda éticamente”.
Con esta falsa calma arranca la semana, última de pleno ordinario, cargada en lo parlamentario y con la caja de Pandora judicial que les mantiene alerta. Pedro Sánchez empezará la semana con un discurso económico desde el Teatro Real y después tocará la comparecencia clave y la sesión de control. El remate será el Comité Federal del sábado, con el debate orgánico y a la interna pendiente tras el caso Leire Díez. El juez Peinado les sirve de excusa para volver a un tono más bronco y defensivo, una estrategia que encaja con los excesos del propio juez, pero que en La Moncloa ya habían decidido días antes.
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